La Asamblea General de la ONU debatió ayer la adopción de nuevas medidas para profundizar en la lucha contra la lucrativa industria del tráfico humano, que cada año afecta a una media de 2.4 millones de personas y genera 32 mil millones de dólares de ganancias.
El presidente de la Asamblea General, el macedonio Srgjan Kerim, instó a los 192 países miembros de la organización a poner en práctica mecanismos para proteger y asistir a las víctimas, al tiempo que se persigue a quienes las explotan.
“Es imperativo que, dada la naturaleza del problema, cada país se mantenga firme ante el tráfico humano, porque nuestra capacidad de combatir este asunto es tan efectiva como lo es la fortaleza del eslabón más débil de la cadena”, apuntó en su intervención ante la Asamblea General. Consideró que la iniciativa lanzada por las Naciones Unidas en 2007 para combatir este crimen, además de las acciones de la Asamblea General y organismos regionales, son “contribuciones valiosas” que todavía no han dado un fruto suficiente.
“Por tanto, nos tenemos que preguntar por qué con todas estas leyes y acuerdos internacionales en efecto el problema se agrava”, señaló.
Aseguró que hay una gran brecha entre las intenciones y “los hechos sobre el terreno” en la lucha contra el tráfico humano, que explota la actual interconexión del planeta para satisfacer ilícitamente la demanda de “mano de obra barata”.
Kerim hizo referencia a un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que cifró en 32 mil millones de dólares los ingresos anuales de las organizaciones implicadas en esta forma de “esclavitud moderna”.
El debate contó con la participación de dos invitados especiales, la actriz y activista estadounidense Ashley Judd y el ministro de Estados para Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Anwar Gargash, que preside el comité creado en su país para responder a este fenómeno.
