El largo conflicto agrario que sufre Argentina debilitó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero sirvió para fortalecer a un Congreso que desde hace cinco años había quedado desdibujado.
La Cámara de Diputados inició el viernes pasado una sesión que quedará en la historia no sólo por sus 19 horas de duración, sino porque demostró que el poder hegemónico que el kirchnerismo construyó a partir de 2003 comenzó a resquebrajarse.
Muchas habían sido ya las señales, sobre todo las encuestas privadas que vienen anunciando el derrumbe de las simpatías hacia Fernández de Kirchner, quien en diciembre asumió el poder con una popularidad del 60 por ciento y que hoy se sitúa entre 20 y 30 por ciento.
La prueba más contundente de la reorganización de los poderes fue la dificultad que tuvo el oficialismo para aprobar la aplicación de retenciones (impuestos) móviles a la exportación de granos, medida que desató una grave crisis política y social.
El Gobierno batalló durante dos semanas para convencer a sus diputados de que aprobaran la iniciativa, pero el clima de la sesión fue de tal nivel de tensión que se temió que la propuesta fuera rechazada.
No ocurrió así, pero la presidenta argentina no disfrutó de ningún triunfo porque el margen fue muy ajustado, apenas 129 votos a favor y 122 en contra, lo que demostró la división que el conflicto agrario provocó en este país sudamericano.
De hecho, sólo había un puñado de diputados que apoyaban en forma incondicional la propuesta fiscal del Gobierno, porque otro grupo presionó, y logró, que se hicieran modificaciones para votar a favor del dictamen.
Los números son contundentes, porque en diciembre pasado, cuando asumió la Presidencia, Fernández de Kirchner contaba con 160 diputados entre miembros de su Partido Justicialista y aliados de la concertación que había armado durante la campaña.
En esa decisiva jornada, el viernes se demostró que en sólo seis meses el oficialismo perdió el control del Congreso y ahora tendrá que someterse a la incertidumbre de que Senado valide o no la sanción que en la Cámara de Diputados se dio a las retenciones.
El esposo y antecesor de la presidenta, Néstor Kirchner, no tuvo que sufrir este tipo de complicaciones, pues gobernó prácticamente por decreto y obstaculizó con éxito el contrapeso que debería hacer el Congreso.
La parálisis legislativa durante el primer Gobierno kirchnerista fue tal que el pleno llegó a sesionar sólo ocho veces en promedio al año.
Por eso, las dos semanas de discusión que hubo en las comisiones de Presupuesto y Agricultura y la sesión plenaria, que empezó el viernes y terminó la víspera, permitieron a los legisladores recuperar un protagonismo que habían perdido.
Además, contrario a otros debates que han sido cruciales en la historia de este país sudamericano, en esta ocasión no hubo insultos ni agresiones ya que cada diputado se limitó a exponer su posición en torno a la política agraria que debería aplicar la presidenta.
La ventaja de este proceso es que la intervención del Congreso puede desactivar el conflicto que desde marzo pasado protagonizan el Gobierno y el campo y que a la presidenta se le estaba haciendo inmanejable.
Nadie, sin embargo, puede cantar victoria, porque la intransigencia y soberbia tanto del Gobierno como de las organizaciones rurales han marcado estos tres meses de conflicto y ni siquiera los productores pueden garantizar que respetarán la decisión que tome el Senado.
Así, queda latente la amenaza que, si los senadores votan a favor de las retenciones, el campo volverá a los cierres de carreteras y provocará nuevamente desabastecimiento de alimentos.
En el Gobierno, en tanto, apuestan a que la sociedad valide el peso del Congreso y obligue a las organizaciones agrarias a someterse a las decisiones de un Poder Legislativo que, de manera inesperada, se convirtió en actor central para resolver la crisis.
