“La Constitución no es un instrumento
para que el Gobierno limite al pueblo;
es un instrumento para que el Gobierno
limite al Gobierno”.
Patrick Henry
Este próximo mes de diciembre se cumplirán 10 años de la elección inicial de Hugo Chávez como presidente de Venezuela. Si bien no sabemos cuántos años más se quedará en el poder el presidente, que ha expresado su deseo de permanecer en el cargo todo el tiempo que sea posible, llega el momento de hacer un balance de su gestión. Cuando menos en materia de derechos humanos, el saldo es negativo, según la organización internacional Human Rights Watch.
El informe que Human Rights Watch dio a conocer ayer en Caracas empieza, curiosamente, con una nota positiva, al señalar que la Constitución de 1999, la que impulsó Chávez poco después de tomar el poder, era un avance contra el deficiente marco jurídico que el país tenía con anterioridad. Este documento “amplió significativamente la protección de los derechos humanos, por ejemplo, al otorgarle prevalencia a las obligaciones jurídicas internacionales en esta materia sobre las leyes internas. También creó un nuevo Tribunal Supremo de Justicia e intentó dotarlo de la independencia institucional necesaria para actuar como el último garante de los derechos fundamentales”.
Sin embargo, el intento de golpe de Estado que sufrió Chávez en 2002, y que duró apenas 40 horas, se convirtió en la excusa del presidente para ir asumiendo poderes cada vez mayores, en franca ruptura con la propia Constitución chavista de 1999. Muchos de los abusos del presidente de Venezuela se empezaron a manifestar desde entonces con el pretexto de esta sublevación, lo cual resulta cuando menos paradójico si consideramos que Chávez se lanzó a la fama política con un malogrado intento de golpe militar en febrero de 1992.
La “discriminación política” contra los disidentes políticos la ha justificado Chávez al culparlos a todos de “conspiradores antidemocráticos y golpistas, independientemente de que éstos tuvieran o no alguna relación con el golpe de 2002”. El informe de Human Rights Watch señala que el Gobierno de Chávez ha despedido a opositores políticos de instituciones estatales y de la compañía petrolera gubernamental, ha negado a algunos ciudadanos el acceso a programas sociales como consecuencia de sus ideas políticas y ha discriminado a medios de comunicación, sindicatos y ONGs críticos de sus posiciones.
Hugo Chávez ha podido llevar a cabo estos abusos en parte porque ha neutralizado la independencia del Poder Judicial. El informe de Human Rights Watch señala que la Constitución de 1999 creó un nuevo Tribunal Supremo independiente; pero a partir de 2004 el presidente y la Asamblea Nacional, que él controla, promulgaron una nueva ley que creó 12 nuevos puestos en el tribunal, frente a los 20 ya existentes, los cuales fueron ocupados por magistrados afines al régimen. Este nuevo Tribunal Supremo ha reaccionado con “pasividad y aquiescencia” ante los ataques a la separación de poderes y a los derechos fundamentales.
El presidente Chávez “ha socavado la libertad de expresión” en Venezuela a través de varias medidas. Ha ampliado el alcance de las “leyes de desacato” que castigan las expresiones “irrespetuosas” sobre funcionarios y ha endurecido las penas por calumnias e injurias. Ha ampliado una ya vaga definición del delito de “incitación” y ha endurecido las sanciones, “lo cual permite la suspensión arbitraria de canales de TV y radio”. “Ha restringido el acceso a la información pública; y abusado del control estatal sobre las frecuencias de radio y televisión para amenazar y discriminar a estaciones con una programación claramente crítica”. Si bien aún hay un fuerte debate político en Venezuela, Chávez ha logrado ir acallando las voces disidentes al promover medios afines y castigar a los críticos.
El Gobierno venezolano ha restringido también, según Human Rights Watch, la libertad de asociación sindical al despedir a trabajadores por ejercer el derecho de huelga, negarles el derecho a negociar contratos colectivos y discriminarlos por sus ideas políticas.
Chávez ha buscado someter también a las organizaciones de la sociedad civil al sujetar a investigaciones penales a los defensores de los derechos humanos, lanzar acusaciones infundadas sobre organizaciones independientes y establecer obstáculos a la financiación externa de estos grupos.
Human Rights Watch ofrece en su documento una amplia serie de recomendaciones al Gobierno de Venezuela. Señala que Chávez ha buscado proyectarse “como un defensor de la democracia, no sólo en Venezuela sino en toda América Latina”. Pero este compromiso se contradice por las medidas que ha tomado para descartar “los principios de derechos humanos establecidos en su propia Constitución”.
MUERTOS EN LA CÁRCEL
Muchos de quienes están recluidos en el penal de La Mesa, en Tijuana, están aún siendo procesados, por lo que no pueden ser considerados legalmente culpables. Los ya condenados, por otra parte, lo son muchas veces por faltas menores o por el delito de no tener dinero para pagar a un buen abogado. El que 19 reclusos hayan muerto el miércoles 17 de septiembre y tres más el domingo 14 es inaceptable. La pena de muerte es un castigo demasiado fuerte por ser pobre.
