En su fallo, el juez Benjamín Navarrete argumentó que estaba impedido para girar las órdenes de aprehensión dado que el delito de tortura y las penalidades consecuentes solamente se pueden aplicar a funcionarios del estado de Quintana Roo.
Un juez de Quintana Roo cerró el caso Lydia Cacho. Después de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas de la PGR turnó el expediente al Poder Judicial, el Juzgado Segundo de aquella entidad negó las órdenes de aprehensión en contra de funcionarios y ex servidores públicos del estado de Puebla, acusados de tortura.
"Queda inconcluso el primer elemento pues los agentes judiciales no son servidores públicos de Quintana Roo sino de Puebla", expuso el juez.
Los agentes judiciales detuvieron en diciembre de 2005 a Lydia Cacho en Quintana Roo y la trasladaron en un automóvil a Puebla, para afrontar un proceso penal por el delito de difamación, denunciado por el empresario Kamel Nacif, conocido como "El Rey de la mezclilla" y que fue señalado por la periodista como parte de una red de pornografía infantil.
En la consignación presentada por la Procuraduría General de la República, se solicitó que el juez librara órdenes de captura contra diversos servidores públicos del estado de Puebla: la ex procuradora, un ministerio público estatal, un comandante y 4gentes judiciales, quienes presuntamente manipularon la documentación para la detención de Cacho.
