El presidente Felipe Calderón tomó una de las decisiones más importantes de su Administración: arrostrar con inversión y con recortes la crisis que amenaza.
Suena bien y es plausible la idea aunque no hubiera estado de más acompañarla, como bien se ha dicho en estas planas, de una reducción del Gasto Corriente. Como quiera, el mandatario tomó su decisión y en su instrumentación se juega mucho: el rumbo nacional, el destino de su Gobierno e incluso las posibilidades electorales de su partido en julio próximo.
Falta, desde luego, la aprobación el paquete legislativo supuesto en la decisión, pero en el modo y la velocidad de instrumentarlo y operarlo, la Administración calderonista se jugará la posibilidad de constituirse o no en Gobierno. Si se falla, el tamaño de la debacle será económico… pero también político y social; si acierta, el sexenio finalmente habrá empezado.
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El modo y la velocidad en la instrumentación de la iniciativa presidencial son fundamentales porque, precisamente, ése ha sido el talón de Aquiles de la Administración. Se toman buenas decisiones, pero se instrumentan mal y, entonces, el resultado es pésimo. Y, curiosamente, en ese capítulo se le acaban las decisiones al mandatario porque no aplica los correctivos o porque, cuando finalmente los aplica, son a destiempo.
Si se recapitula en lo hecho por el presidente Felipe Calderón en su Administración, destacan seis grandes decisiones: realizar operativos militares-policiales contra el narcotráfico, reformar las pensiones del ISSSTE, replantear la reforma fiscal, proponer la reforma petrolera, lanzar el acuerdo para mejorar la educación y, ahora, apostarle al Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo.
De esas seis decisiones, y no sin tropiezos, sólo dos han arrojado resultados positivos cuyo efecto será a mediano plazo.
La reforma a las pensiones fue “una bola rápida” donde la velocidad taponó la reacción opositora. Vino la cauda de amparos, pero a fin de cuentas, la reforma se sostiene. Era el arranque de la Administración y el factor sorpresa operó en favor de ella. En el caso de la reforma fiscal, el resultado no llegó a donde se quería. Se estableció el Impuesto Empresarial a Tasa Única, pero se quedó corta.
Curiosamente en ellas, la operación corrió por el carril del Gabinete económico que encabeza el secretario Agustín Carstens.
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En tres decisiones presidenciales más el resultado aún está por verse, pero por los primeros saldos, es claro que el buen propósito se ha diluido y, en más de un caso, la indecisión o el titubeo presidencial para aplicar los correctivos necesarios perfilan su fracaso.
En el combate al narcotráfico, la decisión, lejos de arrojar el resultado deseado, ha provocado un descuadramiento brutal en materia de seguridad nacional y pública. Y, aun cuando una y otra vez, con oportunidad, se ha señalado la necesidad de replantear la estrategia, asegurar la organización y la coordinación de los cuerpos de seguridad, el mandatario ha resistido la crítica, empeñándose en sostener a los operadores que, periódicamente, colocan en apuros a su Administración.
La reforma petrolera, la originalmente planteada por el mandatario, ha sido el signo de su derrota. Mal planteada, mal calendarizada, mal operada, la propuesta presidencial perdió su oportunidad prácticamente desde el primer momento. El ritmo y los términos de ella los han venido imponiendo el lopezobradorismo y el priismo. Esa reforma ha dejado ver una y otra vez la falta de operadores políticos en el equipo calderonista y, aun así, el mandatario ha hecho oídos sordos a la evidente necesidad de relevar al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, que de a tiro por conflicto deja ver su ineficacia.
En estos días, la alianza para la mejora educativa con toda la promesa que implica deja ver que, sin corregir la operación política, su destino será el fracaso. Sin minusvalorar las dificultades, resultó fácil acordar en el centro con la cúpula del sindicato magisterial dejando fuera a los gobernadores y a las secciones del mismo sindicato y, en el colmo del absurdo, la Secretaría de Educación Pública está involucrando, de manera confrontada y polarizada, a un tercero: la sociedad. Se calculó mal la representatividad y la fuerza del liderazgo de Elba Esther Gordillo, se calculó mal la estructura “descentralizada” de la educación y, en el colmo del absurdo, los conflictos entre Gobernación y Educación entraron también en juego.
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El común denominador del fracaso o, al menos, de la dificultad para llevar a buen puerto esas tres decisiones presidenciales, radica en la instrumentación y la operación política.
La falta de coordinación en el Gabinete y la ausencia de un coordinador acreditado hacia adentro y hacia afuera de la Administración han frenado o vulnerado la posibilidad de rectificar y corregir los errores de implementación, y el mandatario, bajo el argumento de que bajo presión no opera cambios en el equipo, ha sostenido al secretario Juan Camilo Mouriño, sin importar que se desmadejen las soluciones y crezcan los problemas.
Tanto en el combate al crimen así como en las reformas petrolera y educativa se echa de menos a quien con el respaldo presidencial, las capacidades y la velocidad necesarias elabore, teja y coordine las estrategias. Sin ese quien, esas tres decisiones presidenciales resbalan en un tobogán de dificultades y adversidades.
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Ahora con la idea de arrostrar la crisis económico-financiera apostándole a la inversión pública, el presidente Felipe Calderón ha tomado probablemente la más importante decisión porque, en su éxito o fracaso, se cifra la posibilidad de constituirse en Gobierno. Salir de la Administración de los problemas para pasar a gobernarlos.
En esa decisión pareciera asomarse el Felipe Calderón que se ha echado de menos, a un político arrojado con ganas de imprimirle un sello doctrinario a su Administración y dispuesto a convertir la adversidad en oportunidad de Gobierno. No es poco lo que implica esa decisión. Pero si esta vez, de nuevo, en la instrumentación y en la operación se resbala, el costo será semejante al de la ganancia supuesta.
Esta nueva decisión tiene por ventaja el que finca su eje de operación en el Gabinete económico y no sólo en el político.
En ese campo, el secretario Agustín Carstens ha mostrado, curiosamente, más habilidades políticas que el secretario Juan Camilo Mouriño, pero la instrumentación del Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo no sólo depende de las habilidades de Carstens sino también de los secretarios Luis Téllez, Gerardo Ruiz Mateos, Georgina Kessel, Ernesto Cordero así como del director de Pemex, Jesús Reyes Heroles. Un equipo desigual en sus capacidades operativas que, a la vez, requiere de cierta estabilidad política y social que está por verse si el secretario Mouriño puede garantizarles.
Sin el equipo indicado para operar el plan anticrisis, la apuesta es riesgosa. Importará la lealtad pero, sobre todo, la eficacia.
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En la interesante decisión del presidente Felipe Calderón se verá, finalmente y con casi dos años de retraso, si hay Gobierno.
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