Buscan el Gobierno el acceso a las propiedades para la construcción de un muro en la frontera con México.
El Gobierno Federal interpuso nuevas demandas contra propietarios de terrenos en la frontera con México, que se oponen a la construcción de un muro entre los dos países, a fin de forzarlos a permitir el acceso a sus propiedades.
A petición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el procurador federal para el sureste de Texas, Donald J. DeGabrielle Jr., interpusó la víspera demandas contra 12 poseedores de terrenos, incluyendo la Junta de Agua Pública de Brownsville.
Con las demandas de interés público, el DHS busca la posesión de 64.4 hectáreas de tierra por 180 días “para realizar medidas, análisis y pruebas para planear la construcción del muro propuesto para ayudar a asegurar la frontera entre México y Estados Unidos”.
Los recursos se interponen luego que la semana pasada fuera colocada la primera demanda de este tipo contra la ciudad fronteriza de Eagle Pass.
Como resultado, una juez ordenó esta misma semana al Gobierno de esa comunidad ceder temporalmente 94 hectáreas de terrenos municipales al Gobierno Federal de forma que se puedan comenzar los trabajos de construcción del muro.
En diciembre pasado, el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, dio un ultimátum de un mes a los propietarios de terrenos ubicados sobre la frontera que se oponen a la construcción del muro para permitir el paso al personal técnico del Gobierno a sus lotes.
Tras vencer el plazo el pasado 7 de enero, se informó que las autoridades federales alistaban 102 demandas contra los poseedores de terrenos que se oponen a autorizar trabajos de construcción en sus propiedades en la frontera en Texas, Arizona y California.
CONSTRUCCIÓN LEGÍTIMA
El Departamento de Seguridad Nacional está obligado por la Ley, conocida como Acta de Valla de Seguridad 2006, a instalar mil 150 kilómetros de muros a lo largo de la frontera con México.
La dependencia fue autorizada a utilizar, muros, sensores, cámaras, satélites y otras tecnologías, además de personal, para impedir la entrada ilegal de personas a territorio estadounidense.
La Ley ordena construir 281 kilómetros de cercas entre Laredo y Brownsville; 81 kilómetros entre Del Río e Eagle Pass; 140 kilómetros entre El Paso y Columbus, Nuevo México; 577 entre Calexico, California, y Douglas, Arizona; y 35 en Tecate, California.
El Congreso aprobó mil 200 millones de dólares para la construcción de los muros en el presupuesto del año fiscal 2007 y se prevén otros mil 200 millones de dólares más para 2008.
Por su parte, los propietarios de terrenos buscaran hacer valer el respeto a su propiedad garantizada por la misma constitución estadounidense.
Los senadores por Texas, John Cornyn y Kay Bailey Hutchison, han buscado mediar con enmiendas de ley que obliguen al Gobierno Federal a consultar a autoridades locales sobre la ubicación de las vallas, la forma en que deben ser construidas y la extensión que deben tener.
