Ortiz Mayagoitia consideró que en el combate al crimen organizado 'la fuerza pública siempre debe tener sustento en la legitimidad del derecho y de las instituciones'. (Archivo)
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, afirmó que los desafíos actuales en materia de seguridad pública demandan firmeza en las acciones de gobierno contra la delincuencia.
Al participar en la 23 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Ortiz Mayagoitia consideró que en el combate al crimen organizado "la fuerza pública siempre debe tener sustento en la legitimidad del derecho y de las instituciones".
Luego de escuchar los compromisos contenidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad planteado por el Poder Ejecutivo, advirtió que toda estrategia en la materia "debe respetar el Estado de derecho y las garantías individuales consagradas en la Constitución".
Ante el pleno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente de la SCJN dijo que si bien el Poder Judicial de la Federación no forma parte de ese organismo "hoy es el foro propicio para dar a conocer públicamente compromisos puntuales desde nuestras respectivas funciones".
Este acuerdo nacional, agregó, "más que un pacto se trata de una importante serie de acciones y compromisos que cada uno de los participantes asume en el ámbito de sus atribuciones".
Explicó que el Poder Judicial "no ha tenido participación en las propuestas y compromisos de quienes concurren a esta convocatoria y desde luego, tampoco se le ha impuesto alguno."
Ortiz Mayagoitia reconoció que es difícil el momento que vive el país en materia de seguridad y por ello el Poder Judicial entiende la necesidad de enfrentarlo de manera coordinada, con unidad y con visión de Estado.
Sostuvo que acudió a la reunión con "pleno respeto a la división de poderes y a las competencias de cada órgano constitucional".
De esta manera, precisó, concurren para dar respuesta a un sensible y natural reclamo social a través de 10 compromisos que se suman al acuerdo nacional.
Detalló que esos 10 puntos fueron debidamente discutidos y aprobados por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y establecen transparentar el desempeño de los órganos del Poder Judicial y de sus titulares mediante indicadores de desempeño a los que tendrá acceso la sociedad.
Además, se instalarán nuevos juzgados y tribunales federales en los circuitos con mayor carga de trabajo para atender con mayor calidad y rapidez los procesos judiciales.
Se establecerán juzgados especializados en medidas cautelares, los llamados juzgados de control, con jurisdicción en toda la República para responder ágilmente a las solicitudes de órdenes de cateo y de arraigo, y autorizaciones para la intervención de comunicaciones, entre otras.
Se impulsará la celeridad en los procesos, para lo cual se facilitará la concentración de personas sometidas a procesos por delincuencia organizada y narcotráfico en los reclusorios de alta seguridad, reduciendo el número de diligencias por exhorto y el riesgo que implica para la sociedad el traslado de reos peligrosos.
Asimismo, se fortalecerán la autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados en materia penal. Para evitar que las amenazas y la violencia afecten sus decisiones se contará con herramientas y servicios de protección para salvaguardar su integridad física y su labor.
Se fortalecerán los mecanismos de selección de jueces y magistrados.
De igual forma, se intensificará la capacitación y especialización de jueces en materia penal, particularmente en materia de procesos orales.
Se continuará la calificación de los juzgadores especializados en justicia para adolescentes y en procesos orales, para hacer frente de forma efectiva a las nuevas responsabilidades judiciales señaladas en la Constitución.
Se fortalecerá el control de los procesados y se instalará en todo el país un sistema biométrico para el control de los procesados con libertad bajo caución, para hacer más estricto el cumplimiento de su obligación de presentarse ante la autoridad judicial.
Por último, dijo, se sistematizará la información judicial para una mejor coordinación entre autoridades, mediante la conformación de un sistema nacional de estadística judicial.
El presidente de la SCJN señaló que a través de dicho sistema se aprovechará el foro de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y consideró que esa iniciativa contribuirá a la transparencia y la rendición de cuentas de los jueces.
