Trabajadores con residencia legal y algunos hasta ciudadanos estadounidenses de una empresa de esta ciudad presentaron hoy una demanda en contra de autoridades federales por la redada del 7 de febrero pasado.
La demanda fue interpuesta a nombre de 114 empleados de Micro Solutions Enterprises, representados por Peter Shey, director del Centro de Derechos Humanos y Ley Constitucional, una agrupación no lucrativa.
'Es inconcebible que agentes de migración hayan tratado como criminales a residentes legales y ciudadanos de este país en su lugar de trabajo, con pretexto de buscar indocumentados', expresó el abogado.
En uno de los operativos más grandes que se han realizado en una empresa local en busca de trabajadores indocumentados, muchos detenidos y grupos proinmigrantes han denunciado violaciones a derechos civiles y humanos.
En el operativo, unos cuantos que no pudieron demostrar su estancia legal y fueron deportados, a otros se les autorizó permanecer en el país pero deben usar brazaletes electrónicos y no tienen derecho a trabajar.
Todo esto, mientras esperan una audiencia ante un juez de migración para que determine su condición legal y si podrían tener la posibilidad de continuar en Estados Unidos.
'Estamos pidiendo que a cada uno de los residentes legales y ciudadanos que fueron violentados en sus derechos, el gobierno federal los indemnice con por lo menos cinco mil dolares de compensación', dijo Shey.
'Lo más importante es que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés y el Departamento de Seguridad Interna (DHS) suscriban un compromiso de no volver a realizar este tipo de operaciones violatorias', aseveró.
En conferencia de prensa celebrada afuera de la organización que representa a los demandantes y con asistencia de algunos de ellos, se indicó que los agentes no les permitían ni salir ni usar sus celulares.
'Los agentes de la ICE actuaron de manera discriminatoria al asumir una posición racial y de enfocarse a personas de apariencia latina y eso es violatorio de la Constitucion', denunció Shey.
Las autoridades federales tienen un plazo de seis meses para responder a esta querella, explicó el litigante.
