El rescate de Ingrid Betancourt y otros catorce rehenes que hasta el pasado dos de junio estuvieron secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fueron rescatadas por el Ejército Colombiano en una impecable operación de Inteligencia militar, cuyo resultado es una justa recompensa a los esfuerzos de la Sociedad y del Gobierno de aquel hermano país.
En días pasados la prensa mundial dio cuenta de los detalles de la operación, sin que faltaran los sembradores de cizaña que quisieran minimizar los resultados, para escatimar los méritos de quienes hicieron posible el evento que nos hace recordar la palabra “heroísmo”, ausente del lenguaje actual académico o cotidiano.
Hoy toca analizar el suceso desde la perspectiva de los esfuerzos de una sociedad democrática que lucha en pos de la seguridad de los individuos que la integran, al mismo tiempo que se esfuerza por garantizar el goce de los derechos humanos fundamentales, también conocidos como garantías individuales del gobernado.
La cuestión no es sencilla. Conforme caen los regímenes dictatoriales que mantenían una falsa paz social basada en la represión y en la fuerza de feroces aparatos militares y policiacos, se abre el paso a sistemas democráticos emergentes que basados en la participación de la sociedad en la integración del poder gubernamental y en el respeto a los derechos humanos, resultan vulnerables frente a grupos políticos que como tales son factores de poder que aprovechan las libertades del sistema, para conspirar y llamar a la sedición y a la desestabilización.
Lo anterior por que no obstante que el Estado democrático es titular del monopolio de la fuerza pública como cualquier otra forma de organización política, en la práctica los principios de apertura, tolerancia y sobre todo el respeto a los derechos humanos, han sido convertidos en escudo y protección de quienes conspiran contra el Estado y buscan desestabilizar al Gobierno con el propósito de apoderarse del poder político.
En ambos casos, estos enemigos del Estado y de la sociedad se escudan en su condición de ciudadanos titulares de derechos constitucionales, al tiempo que muestran en los hechos un desprecio radical por la vida, los bienes y los derechos de sus semejantes, así como una total falta de respeto por el orden jurídico en su conjunto, que de esta suerte manipulan como manto de protección a su favor, en detrimento de los intereses del resto de la comunidad y de la autoridad del Gobierno.
Debido a esta visión torcida e irresponsable, no es raro que quienes con teatral insistencia exigen la vigencia del Estado de Derecho en su provecho, sean los mismos que están prestos a violar el orden jurídico y social cubiertos en un manto de impunidad que les proporciona el ejercicio abusivo del propio derecho.
De inmediato viene a la mente las agrupaciones políticas radicales que como el Partido de la Revolución Democrática tienen un pie en la legalidad que les aporta recursos públicos para su sostenimiento y mientras, el otro pie lo tienen puesto en el terreno de la conspiración y la violencia. Por ello con la mano en la cintura, lo mismo cierran una calle o toman el recinto del Congreso, ateniéndose a que el Gobierno abriga escrúpulos que le impiden utilizar aún los medios legítimos de fuerza pública de que dispone, para reducir al orden a quien viole el orden jurídico.
Mientras un grupo político extremista y violento simple y sencillamente se organiza y actúa, la autoridad está obligada a fundar y motivar cada uno de sus actos y qué bueno que así sea, porque al fin y al cabo los órganos de Gobierno deben tener limitadas sus facultades por la propia Ley. No vale, sin embargo, que las libertades del Estado democrático cuya consecución ha costado tanto tiempo y esfuerzo a la humanidad, terminen siendo manipuladas y al servicio de individuos u organizaciones falsamente democráticos.
Por todo lo anterior, el éxito de la operación del Ejército de Colombia que liberó a Ingrid Betancourt y a sus compañeros en añejo cautiverio sienta un precedente meritorio y con mayor razón, si se considera que un eventual fracaso de la misma por el alto riesgo que una acción de tal naturaleza entraña, habría arrojado sobre los responsables el oprobio de la descalificación, aun en el caso de que ninguna culpa o negligencia pudiera imputárseles.
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