EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Con documentos oficiales y fechas, la agente del Ministerio Público, María Teresa Sosa Urbina, demostró la falsedad en las acusaciones de una afectada en un proceso penal por lesiones leves, que denunció supuestas irregularidades de la funcionaria que está encargada de representarla en su caso.
La difamación que hizo Guadalupe Hernández Valdez contra María Teresa Sosa será elevada a denuncia penal por la afectada que demostró cómo desde el 25 de septiembre de 2007, el proceso penal 138/2007, fue consignado al Juzgado Segundo del ramo penal, por lo que la funcionaria ya era parte en el juicio.
Con 15 años de antigüedad en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC), Sosa Urbina se dijo afectada por los señalamientos públicos de Guadalupe Hernández, que hizo escudada en documentos oficiales que constan de las quejas que interpuso en distintas instituciones y que ahora le pueden generar dificultades de comprobarse la falsedad en sus declaraciones.
La representante social precisó que desde el 19 de octubre de 2007 recibió la averiguación previa del agente investigador, que la consignó en septiembre del mismo año, que fue radicada en octubre 26, que el 12 de noviembre se calificó como falta penal y en más de cinco ocasiones Guadalupe ha recibido copias de los expedientes solicitados al Ministerio Público.
Durante el proceso, la parte demandada quedó obligada a pagarle en total mil 950 pesos, pero por distintas razones se aplazó el pago y se dictó orden de aprehensión. Este 17 de septiembre se llevó a cabo una audiencia y Guadalupe Hernández adoptó una conducta inadecuada que a punto estuvo de ser arrestada por desacato.
Finalmente Teresa Sosa pide que se aclare la situación del caso, niega que en algún momento solicitara cualquier cantidad a la demandante que en todo el proceso ha sido representada y por cualquier posible afectación laboral y personal, quiere que se aclare la situación, para lo cual también dará curso a la denuncia correspondiente como su elemento de defensa obligado.
