Los excedentes petroleros que se han canalizado a las entidades federativas han sido manejados por los gobiernos locales con opacidad, exceso de discrecionalidad y con registros contables poco transparentes, denunció el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón.
Informó que entre las irregularidades están: pagos por concepto de obras que no se ejercieron; falta de aplicación de recursos registrados como erogados; desvío de recursos de obras para otras áreas y registros contables mal elaborados.
Además, en las auditorías practicadas en la Cuenta Pública de 2006 sobre el ejercicio de esos recursos también se descubrió que dinero programado para el Fondo para la Infraestructura en los Estados (FIES) de ese año tuvo prórroga hasta diciembre de 2007.
“Hubo trabajos autorizados cuya realización fue deficiente, adjudicación de contratos con dictámenes sin fundamento, pagos en exceso, falta de aplicación de sanciones y penas convencionales por el incumplimiento de fechas en la entrega de obras, trabajos que no cumplieron con especificaciones generales de construcción y contratos firmados, devengados y con pagos efectuados no registrados presupuestalmente”, expuso González de Aragón.
En el Foro Nacional “Reforma Energética: excedentes petroleros en los estados”, la secretaria de la Comisión de Auditoría de la Cámara de Diputados, Alma Alcaraz Hernández, dijo que hay un manejo discrecional de recursos por los gobernadores estatales.
Inclusive, denunció que los gobiernos del Estado de México encabezado por Enrique Peña Nieto y de Chihuahua que lleva José Reyes Baeza, han utilizado recursos excedentes para construir estadios de futbol y beisbol.
González de Aragón informó que entre 2003 y 2007, las entidades federativas recibieron 117 mil millones de pesos de excedentes, de los cuales 95 mil millones les fueron entregados efectivamente y 22 mil millones de pesos se depositaron en el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros para evitar fluctuaciones futuras.
El auditor demandó a la Secretaría de Hacienda a expedir reglas claras por el uso de excedentes.
