Porque asegura que una agente del Ministerio Público le pidió dinero para resolver su caso, una mujer que fue víctima de lesiones leves hace casi dos años, decidió denunciar a la funcionaria pública a pesar de que la amenazó diciendo que “era su palabra contra la suya”.
Guadalupe Hernández Valdez no toleró ya las irregularidades de María Teresa Sosa Urbina, agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo del ramo penal y estalló cuando la representante social le pidió cinco mil pesos para hacer su trabajo.
“Señora, batalla porque quiere... la justicia tiene su precio”, son las palabras que asegura Guadalupe le dijo Sosa Urbina un año y medio después de que le dieron larga al proceso penal 138/2007, en el que señala a Sandra Mayela, Lorena y Verónica Almeida, por el delito de lesiones leves.
La acusación de Guadalupe Hernández va en serio, ya que hizo del conocimiento a la Dirección General de Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC), por conducto del propio delegado de la región Laguna uno de la PGJE, Fernando Olivas Jurado.
Este 18 de septiembre se cumplen dos años de que inició el proceso y fue hasta el 16 de mayo de 2008 cuando la agente del Ministerio Público le solicitó a la afectada que le pusiera “más interés” al asunto y al final recibió una negativa.
De los hechos también enteró la afectada a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) y dice que no quitará el dedo del renglón hasta tener resultados positivos.
Doña Guadalupe dijo que no estaba dispuesta a dar ningún dinero porque en primera no lo tenía y dijo que no iba a contribuir con la corrupción que desde su particular punto de vista es el problema que tiene hundido al país y espera que ahora sí se atienda su caso y se actúe de la forma correspondiente contra la funcionaria pública.
