Además de la recomendación, agentes de la Policía Ministerial pueden ser objeto de un proceso penal por irregularidades en la investigación de un homicidio, donde tuvieron actuaciones sin llevar orden judicial en Matamoros.
Cinco agentes de la Policía Ministerial podrían ser sometidos a una averiguación previa penal, según la recomendación 18/2008 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), por irregularidades al momento de investigar un homicidio y allanar la casa de un “sospechoso”, en el ejido Petronilas, municipio de Matamoros.
La quejosa, Gloria Chavarría García, dijo ante la Comisión que el pasado 10 de febrero del presente año, se introdujeron en su casa los ministeriales en busca de su hijo Juan Miguel Flores Chavarría, a quien vinculaban con el homicidio de Elodia Jaramillo Delgado de 18 años, en el ejido El Refugio. En el allanamiento los agentes causaron destrozos, sustrajeron una camioneta, dinero y joyas del domicilio.
Según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC), en el crimen en cuestión la joven pereció por un impacto de arma de fuego de grueso calibre, según informó en su momento el agente del Ministerio Público, César Adolfo Ochoa.
La agresión ocurrió en medio de un baile del ejido por parte de sujetos que tripulaban una camioneta verde sin placas.
Las investigaciones de la CDHEC determinaron que sí existieron violaciones a los derechos humanos de la quejosa, ya que los agentes entraron al predio sin orden expedida por la autoridad competente y sin permiso de quien legalmente pudiera otorgarlo, además que sustrajeron una camioneta Dodge Ram color verde doble cabina bajo el argumento de que fue utilizada en el homicidio y presuntamente tomaron objetos propiedad de la reclamante.
Los agentes ministeriales rindieron un informe donde señalan que un testigo les indicó que el propietario del automotor o sus acompañantes hicieron los disparos que acabaron la vida de la joven Elodia, mientas que el supuesto declarante dijo ante la CDHEC que desconocía quién había accionado un arma de fuego y que sólo le preguntaron por el dueño de un vehículo de las características mencionadas.
Las diligencias de la Comisión indicaron con los habitantes del lugar, que al ver llegar las patrullas en el exterior de la finca de la quejosa trataron de averiguar qué ocurría, pero recibieron instrucciones por parte de hombres armados, de manera violenta, de volver a sus hogares, pero algunos atestiguaron la sustracción de la camioneta.
La CDHEC señala que si bien se pude afirmar que los ministeriales se avocaron a una investigación por el homicidio, también señala que actuaron en contravención de los derechos humanos de la quejosa, por ingresar al domicilio de manera violenta y amedrentar a sus moradores.
La recomendación sugiere la capacitación constante y eficiente a los agentes de la Policía Ministerial, Luis Hidrogo Escareño, José Darío Escobedo Orduña, Crispiín Cervera Caro, Eleazar Pérez Cuevas y Alejandro Reyes Márquez, con el propósito de que conozcan los límites de su actuación y se les inculque el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos a los que sirven.
