“Hay algunos crímenes tan espantosos que no puede haber un castigo más apropiado para ellos que la pena de muerte.”
Charlene Hall
ENSENADA.- No tengo duda de que los derechos consulares de Joe Medellín fueron violados. Estados Unidos y México, los dos, son signatarios de la Convención de Viena de Relaciones Consulares de 1963, la cual determina que los ciudadanos de un país, al ser detenidos por un crimen en otro país, deben ser informados de su derecho a ponerse en contacto con su consulado. Nadie le dijo a Medellín, quien nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, aunque vivió en los Estados Unidos desde niño, que tenía derecho a pedir el apoyo del consulado mexicano cuando fue detenido en Houston por homicidio en 1993.
Por eso la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, ha solicitado al Gobierno de los Estados Unidos que ordene la suspensión de la ejecución de Medellín programada para el próximo 5 de agosto en Texas. También por eso el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, que no es precisamente un crítico de la pena de muerte, ha solicitado a los tribunales estadounidenses que acaten la petición de la Corte Internacional de Justicia. Si Washington acepta que se violen los derechos consulares de ciudadanos de otros países en territorio estadounidense, también los derechos consulares de los estadounidenses podrían ser violados en otros países; en otras palabras, los ciudadanos estadounidenses podrían ser procesados sin que se les dé oportunidad de buscar el apoyo de sus cónsules.
No hay duda de que los derechos consulares de Joe Medellín fueron violados cuando se le arrestó sin informarle que tenía el derecho de acudir al cónsul mexicano. Poco importa que se le hayan respetado todos los derechos que le correspondían como detenido en los Estados Unidos, los cuales muchas veces son inexistentes en México. A Joe Medellín, efectivamente, se le comunicaron sus derechos como acusado. Se le proporcionó también un abogado defensor en el juicio, a pesar de que técnicamente había sido un extranjero ilegal desde su arribo en los Estados Unidos cuando era niño.
No fueron violados, en cambio, los derechos consulares de Jennifer Ertman, de 14 años de edad, y de Elizabeth Peña, de 16. Es verdad que estas niñas, alumnas de la Waltrip High School de Houston, fueron repetidamente violadas, golpeadas y torturadas por Joe Medellín y otros cómplices la noche del 24 de junio de 1993. Pero eso no le importa a la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Sólo le competen las violaciones a los derechos consulares. Las violaciones a unas niñas sin derechos no son de su incumbencia. Además, sólo una de ellas era de ascendencia mexicana.
Esa noche de verano de 1994 seis jóvenes, entre los que se encontraba Medellín, habían estado bebiendo cerveza y participando en un rito de iniciación de un nuevo miembro de su pandilla, los Black and Whites. Las dos niñas que se cruzaron en su camino se convirtieron en ideales víctimas para probar su hombría. Por eso las secuestraron y las golpearon de manera tan salvaje. Por eso las violaron repetidas veces durante más de una hora y se vanagloriaron de arrancarles “sangre virgen”.
Cuando ya no tuvieron el vigor sexual para violarlas más, empezaron a ahorcar a Jennifer con su propio cinturón. Pero, como declararía el propio Medellín, “La puta no se moría...” El cinturón con el que trataban de ahogar a Jennifer —del cual jalaba un joven de cada lado— se rompió. Por eso tuvieron que ahorcarla con sus propias agujetas. Después saltaron encima de ella y le rompieron las costillas. Querían asegurarse que realmente esta niña de 14 años estuviera muerta.
La otra niña, Elizabeth, severamente golpeada, les suplicó que la dejaran ir. Les prometió que se dejaría violar en el futuro si la dejaban con vida. Pero ellos la mataron también con sus agujetas. Afortunadamente, nadie violó sus derechos consulares ni los de Jennifer.
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha usado dinero de los contribuyentes nacionales para defender a Medellín y a otros mexicanos condenados a muerte en los Estados Unidos. Después de todo, sus derechos consulares, bajo la Convención de Viena de 1963, fueron violados. La Corte Internacional de Justicia ha avalado la posición mexicana. Al no haberle informado a Medellín que tenía derecho de llamar al cónsul mexicano, se violaron sus derechos. No se le debería, por lo tanto, ejecutar el 5 de agosto. Podría incluso dejársele en libertad, porque el proceso estaba viciado de origen.
¿Y Elizabeth Peña y Jennifer Hartman? ¿A quién le importan? Seguramente ellas mismas provocaron lo que les hicieron. Además, nadie violó sus derechos consulares.
ANTIMEXICANO
“El Gobierno mexicano pudo haber escogido algún caso mejor para promover su oposición a la aplicación de la pena de muerte a mexicanos en Estados Unidos –me dice un diplomático estadounidense—. Pero el caso de Medellín es quizá el peor de todos.” Lo que es más lamentable es que la defensa de Medellín, confeso en un caso que conmocionó a Texas y a toda la Unión Americana, enfatiza la idea que el Gobierno mexicano busca la impunidad para los mexicanos que cometen crímenes en Estados Unidos. Si eres estadounidense, tienes que pagar por tu crimen, me dicen; si eres mexicano, te defiende el Gobierno mexicano. Con esta política el Gobierno mexicano fortalece el sentimiento antimexicano que ya es tan común en los Estados Unidos.
