Diputados federales de PAN, PRD y PRI justificaron el gasto por cerca de 20 mil 740 millones de pesos en los últimos 11 años que han ejercido los partidos políticos. (Archivo)
Al año, el dinero para gastos de partidos creció más que la inflación (94.66%, en el periodo) y agregó un ‘copete’ de 35% con respecto del monto inicial en los años 90.
Casi 20 mil 740 millones de pesos costó a contribuyentes el funcionamiento ordinario cotidiano de partidos políticos durante los últimos 11 años, época de vacas gordas para organismos chicos y grandes, pues que el flujo de dinero público, de acuerdo con registros del IFE, creció en pesos reales, a pesar de que la población cargó con sacrificios económicos.
Mientras la gente enfrentó problemas de empleo, poder de compra, insatisfacción de necesidades en educación, salud y alimentación, así como la carencia de apoyos para proyectos productivos, los partidos iniciaron un viaje en la bonanza.
Informes de fiscalización del IFE a los partidos políticos reflejan la facilidad con la que se desprendían recursos en consumos de los grupos que controlan a las organizaciones.
Camionetas, boletos de avión y hasta aerotaxis, celulares, oficinas confortables y equipadas para jefes con grandes salarios, incluso superiores al del presidente de la República sepultaron el pasado de restricciones de la Oposición. Empezó la época de informaciones oficiales de lo que recibe el partido en el Gobierno.
La nueva competencia por el poder con dinero de los impuestos alcanzó para dejar a un lado “el amor a la camiseta” y la intuición de los líderes naturales, pues entronizaron consultores por contrato y encuestadoras. Casi desaparecieron las rifas recaudadoras de recursos propios y las cuotas de militantes son algo parecido a una leyenda urbana.
El cheque mensual de la Secretaría de Hacienda, siempre puntual y equivalente a más de 90% de los gastos del día a día, operó una transformación: los partidos políticos dejaron de parecer una suma de voluntades en torno de un ideal político, pues embarnecieron y adquirieron la talla de corporaciones de perfil patronal.
Hoy, cada partido político maneja nóminas que los equiparan con una empresa: tienen demandas por despido, retienen impuestos a trabajadores, pagan prestaciones, abastecen sus almacenes con materias para operar y rentan servicios y lugares.
Un año -que para el mexicano actual empieza con una cuesta económica en enero y finaliza al destinar el aguinaldo a adelgazar deudas- encierra una consigna para los partidos políticos: A gastar todo, sin generar utilidad monetaria alguna.
La devolución de haberes hecha por Felipe Calderón cuando fue líder panista (40 millones de pesos), es impensable en un sector que, en contraste con recursos que recibe, es asolado por obligaciones bancarias.
La idea de que en México la democracia es cara, la definió con mayor nitidez una cuenta adicional a la del gasto diario de los partidos políticos: más de 7 mil millones de pesos suministró el erario a dichas entidades para el pago de cuatro campañas federales ricas, destinadas a conquistar el voto de un pueblo pobre.
El Congreso atacó ese encarecimiento e introdujo cambios a la Constitución y la legislación, entre octubre y diciembre pasados. Hay una prohibición de comprar spots y se recortan los tiempos de campañas; ello supone que a partir de la próxima elección federal del 2009, dejarán de gastarse miles de millones de pesos.
Sin embargo, el Poder Legislativo dejó abierta la llave del “financiamiento público a actividades ordinarias permanentes”, que en 2007 fue de casi 2 mil 686 millones de pesos.
Esos recursos disponibles para el día a día de los ocho partidos fueron 129.2% más que los mil 67 millones 929 mil 100 pesos, con 72 centavos, del primer gran presupuesto de la era de la abundancia, el de 1997.
Los recursos de hace 11 años en pesos reales de diciembre pasado equivalen a 2 mil 79 millones 830 mil 787 pesos con 46 centavos. Al año, el dinero para gastos de partidos creció más que la inflación (94.66%, en el periodo) y agregó un “copete” de 35% con respecto del monto inicial en los años 90.
La reforma electoral de 1996 multiplicó el dinero para los partidos, con el fin de protegerlos de presiones de corporaciones con poder financiero.
El Ejecutivo consideró que nuevas reglas darían transparencia a las operaciones financieras de los partidos. Además, todos recibirían recursos.
La reforma electoral de 2007 dejó intocada dicha fuente de dinero, carente de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas que pongan el estilo de vida de dirigencias más cerca de la vista de contribuyentes, cuando pagan, y electores, si votan.
La opacidad en los gastos puede ejemplificarse con un pago del PAN por 11 millones 999 mil 100 pesos, por una “prestación de servicios según contrato”, del 19 de abril de 2006, a Hildebrando SA de CV. Al analizar este reporte, el órgano fiscalizador del IFE requirió el contrato al partido y luego a la empresa, con la advertencia de que la omisión era causa de una sanción. Nadie aclaró nada.
Desde junio de 2002, los estados financieros de partidos son publicados en la página Web del Instituto Electoral Federal (IFE), así como los dictámenes sobre los informes anuales que dan referencia general de en qué se gasta el dinero público.
En reportes de más de 700 páginas, la dirección ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos informa sobre investigaciones de presuntas violaciones a la normatividad. Por esa rendija y con más de un año de distancia, al menos, la opinión pública puede documentar parcialmente en qué gastan su dinero las entidades promotoras de la vida democrática.
De esa forma se constata que en los años recientes los partidos políticos destinaron la mayor parte de sus recursos a salarios, mantenimiento y operación de oficinas; también en asesorías, estudios políticos, de medios, de imagen de líderes.
Sobre transporte de personas: boletos de avión, vehículos, gasolina, reparaciones mecánicas, tenencias, seguros de autos, incluso contratación de autobuses para actos masivos, su suma a viáticos, comida y hospedaje.
Es una constante el equipamiento de oficinas centrales con computadoras y accesorios, enlaces en red, rentas de Internet. Lo moderno es contratar servicios de limpieza y seguridad privada a empresas que provean trabajadores por temporada.
Cuentas de electricidad, agua, gas, predial, correo y telégrafo, compra de libros, materiales promocionales, productos de aseo, se pierden ante la cadena de ceros de facturas de impresos finos, salones para convenciones, teléfono de línea fija y celular.
A los líderes, las reglas les permiten alquilar vehículos, rentar aviones, y uso de recursos sin restricciones.
En el periodo de 11 años, hubo varios recortes al presupuesto federal y ninguno repercutió en las asignaciones a los partidos políticos. Tampoco ninguno puso el freno al consumo.
Con el arranque de 2008, las reglas del dispendio siguen vigentes.
Partidos justifican gasto millonario
Diputados federales de PAN, PRD y PRI justificaron el gasto por cerca de 20 mil 740 millones de pesos en los últimos 11 años que han ejercido los partidos políticos, sin embargo coincidieron en que se debe impulsar más la transparencia y reducir los costos de su funcionamiento.
Héctor Larios, coordinador del PAN en San Lázaro, recordó que desde hace muchos años se definió ese mecanismo para impedir que recursos ilícitos, como los provenientes del narcotráfico, lleguen a la política y opinó que podría ser este un momento para debatir el tema.
Sin embargo aceptó de antemano que debe impulsarse una reforma para reducir los costos de los partidos.
Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia, coincidió en que se justifica el gasto, pero debe haber más transparencia, y en ese sentido consideró viable incluir una reforma a los partidos políticos para que se les obligue a ello.
Sólo así, dijo, “estaremos avanzando”. Chanona dijo que si se demuestra que los recursos se aplican de forma adecuada, “no hay ningún problema”.
Carlos Chaurand, diputado federal del PRI, pidió analizar si el Estado debe mantener el suministro de esos recursos, o en su caso que sea la iniciativa privada la que lo haga, con el riesgo de que el dinero pervierta el fin de los partidos –que beneficiarían a unos cuantos- y que el crimen organizado llegue a los partidos.
Luis Sánchez Jiménez (PRD), vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, también justificó gran parte de esos recursos, pero reconoció que hasta el momento la transparencia que practican los partidos “no es suficiente”.
Creemos, dijo, que los institutos políticos están obligados a ser todavía mucho más transparentes ante la sociedad.
Fiscalización, peleas en la trastienda
La abundancia de recursos para los partidos políticos ha motivado peleas en la trastienda, entre estas organizaciones y la dirección ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, la que enciende el semáforo rojo ante gastos improcedentes.
Los años han generado experiencia en alegatos por no cumplir requerimientos, como presentar originales de facturas, los contratos de servicios, extender cheques nominativos, por ejemplo.
La tarea de fiscalización descubre facturas falsas, proveedores sin domicilio; encuentra inconsistencias entre reportes y documentos de compras. Y desde luego, rechaza gastos sin justificación.
¿Era válido brindar donativos a damnificados de la costa de Chiapas, como lo hizo a fines de 2005 el Partido de la Revolución Democrática?
A lo largo de las miles de páginas de los dictámenes de fiscalización, el IFE señala a los partidos políticos:
“Esta autoridad electoral tiene como atribución la de vigilar que los recursos que sobre el financiamiento ejerzan los partidos políticos se apliquen estricta e invariablemente en las actividades señaladas en la Ley”.
Pueden gastar los partidos políticos en su operación ordinaria y de campaña, en promover la participación del pueblo en la vida democrática.
Con estos criterios, el fiscalizador del IFE, resolvió que el donativo en auxilio de damnificados, no procedía, “por que no guarda relación alguna con las actividades o fines propios de un partido político”.
La reacción del PRD fue frontal: “Parece ser que ahora la autoridad electoral quiere imponer un criterio inédito en la normatividad electoral, de lo que considera deben ser los gastos de un partido político, como parte de sus actividades ordinarias”.
La misma discusión se aplicó por el rechazo de unos gastos por unos lentes que costaron casi 7 mil 500 pesos. En ese caso, el IFE invocó una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en que establece: los partidos pueden hacer lo que no está prohibido en la Ley, siempre y cuando no desnaturalicen sus tareas constitucionales.
Con todo, no hay problema para autorizar la factura de una camioneta Explorer, en 395 mil 800 pesos, para un jerarca del PAN, en 2005, pero sí se obliga a que esa entidad en Jalisco retire una inversión en la Bolsa de Valores, por 3 millones 165 mil pesos, “porque representa un riesgo para el patrimonio del partido”.
En fin, la fiscalización del dinero saca chispas.
