La salida de Armando Luna Canales de la subsecretaría de Asuntos Jurídicos no afectará el seguimiento al juicio civil que se promueve con relación a la construcción defectuosa del Distribuidor Vial Revolución de Torreón y la correspondiente demanda de reparación del daño que existe en contra de las empresas involucradas en la obra, es decir la proyectista BM, la constructora Acolsa y la supervisora Coordina.
Lo anterior lo aseguró el titular de la Secretaría de Gobierno en el estado, Homero Ramos Gloria, pues dijo que si bien Luna Canales estuvo al pendiente del caso desde el inicio, ahora los referentes jurídicos con relación al DVR están a cargo del abogado Héctor Nájera Davis, quien se desempeña como director de la Defensoría Jurídica Integral de la dependencia.
Dijo que desde hace algunas semanas Nájera fue acreditado como representante de la dependencia ante el tribunal civil donde se sigue el caso y mencionó que hasta ahora ha mostrado un desempeño adecuado en las diligencias a fin de conseguir que el juez correspondiente falle a favor de la demanda que presentó el Ejecutivo estatal. Cabe señalar que Armando Luna Canales solicitó licencia esta semana a fin de separarse provisionalmente de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, cargo que ocupó desde el 1 de diciembre de 2005, es decir, desde que inició la actual Administración estatal.
Su separación provisional de la dependencia tiene como propósito hacerse cargo de los asuntos jurídico-electorales de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en Coahuila, particularmente mientras se realiza el proceso para elegir, el próximo 19 de octubre, 31 diputados locales, 20 de los cuales serán por mayoría relativa y 11 a través de la vía de la representación proporcional.
Además de representar jurídicamente los intereses del Gobierno del estado en el conflicto legal relacionado con el Distribuidor Vial Revolución de Torreón, Luna Canales también tuvo a su cargo impulsar los resultados de una reforma al Código Civil del estado donde los legisladores locales del PRI incluyeron la figura legal conocida como Pacto Civil de Solidaridad, a través de la cual parejas integradas por personas de distinto sexo pueden formalizar su relación de vida ante un Oficial del Registro Civil.
