Ninguna información tienen en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) en relación al caso de cinco agentes de la Policía Ministerial que podrían ser sometidos a una averiguación previa penal, según la recomendación 18/2008 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC).
Alfredo Hoyos Bañuelos, subdelegado de la Región Laguna uno, informó que no tiene conocimiento de la situación legal de Luis Hidrogo Escareño, José Darío Escobedo Orduña, Crispín Cervera Caro, Eleazar Pérez Cuevas y Alejandro Reyes Márquez, señalados en la recomendación por irregularidades al momento de investigar un homicidio.
A pesar de la sugerencia clara de la CDHEC, Hoyos Bañuelos dijo que desconoce si los agentes involucrados fueron separados o reasignados de su lugar de trabajo, situación que estaría afectando al quejoso que motivó la recomendación y que lo ponen en una situación bastante incómoda.
El funcionario estatal sólo respondió que dentro de la Procuraduría hay una dirección encargada de atender los señalamientos contra los servidores públicos que pudieran incurrir en alguna irregularidad y el resto de su explicación se basó en el respeto que deben tener los agentes por las garantías individuales de las personas que pueden figurar dentro de una investigación.
Sobre el particular no se logró cuestionar al delegado Fernando Olivas Jurado, quien tenía ocupaciones más importantes previamente agendadas y se desconoce a ciencia cierta cuál es la situación legal de los agentes señalados por allanar la casa de un “sospechoso”, y apoderarse de su camioneta en el ejido Petronilas, municipio de Matamoros.
Como se dio a conocer, la parte afectada dijo en la Comisión que el pasado 10 de febrero del presente año, se introdujeron en su casa los ministeriales en busca de su hijo Juan Miguel Flores Chavarría, a quien vinculaban con el homicidio de Elodia Jaramillo Delgado de 18 años, en el ejido El Refugio. En el allanamiento los agentes causaron destrozos, sustrajeron una camioneta, dinero y joyas del domicilio.
Las CDHEC determinó que sí existieron violaciones a los derechos humanos de la quejosa, ya que los agentes entraron al predio sin orden expedida por la autoridad y sin permiso de quien legalmente pudiera otorgarlo, además que sustrajeron una camioneta Dodge Ram verde doble cabina bajo el argumento de que fue utilizada en el homicidio y presuntamente tomaron objetos propiedad de la reclamante.
