Ministros de la Corte resolvieron que si bien el proceso de reformas a la Constitución sí puede ser impugnado y revisado, los juicios de acciones de inconstitucionalidad no son la vía adecuada para hacerlo. (El Universal)
Dejan pendientes amparos de empresarios e intelectuales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los juicios de acciones de inconstitucionalidad que promovieron los partidos políticos nacionales, Convergencia y Nueva Alianza, para pedir la anulación de las reformas a la Constitución en materia electoral que se aprobaron el año pasado.
En una votación dividida de 7 contra 4, la mayoría de ministros de la Corte resolvió que si bien el proceso de reformas a la Constitución sí puede ser impugnado y revisado por el máximo tribunal, los juicios de acciones de inconstitucionalidad no son la vía adecuada para hacerlo.
En opinión de la mayoría de ministros de la SCJN los juicios de acciones de inconstitucionalidad sólo permiten que la Corte revise leyes o normas que se opongan a la Constitución, pero no faculta al máximo tribunal para que confronte a la Constitución contra la propia Constitución.
Los juicios interpuestos por los partidos habían salvado un primer obstáculo el 28 de abril, pero con esta nueva decisión la Corte dio por concluidos los juicios que promovieron los partidos Convergencia y Nueva Alianza en contra de la reforma electoral desde diciembre del 2007.
Sin embargo, quedan pendientes de resolver los juicios de amparo que promovieron diversos grupos de empresarios y de “intelectuales” en contra de las reformas a la Constitución en materia electoral.
Hasta el momento la SCJN no ha decidido si atrae o no los juicios promovidos por estos grupos. Tanto los empresarios como los “intelectuales” impugnan diversos aspectos de la reforma, pero lo que más les interesa es anular la prohibición que establecieron los legisladores para que ninguna persona física o moral pueda contratar propaganda para influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o para favorecer o perjudicar a un partido o candidato.
Para que la Corte se pronuncie sobre los amparos primero tendría que ejercer su facultad de atracción y, posteriormente, decidir si mediante la vía de los juicios de amparo se puede impugnar el proceso de reforma a la Constitución.
Por lo pronto, durante el análisis de los juicios promovidos por Convergencia y Nueva Alianza, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo aseguró que la Corte, que es el órgano designado para interpretar la Constitución, no puede revisar ni sujetar a escrutinio la legalidad o no de la propia Constitución.
Esta misma tendencia fue ratificada por el ministro Fernando Franco, quien, incluso, dijo que “si el Senado dictara una resolución aberrante, sería su decisión” y “si la Cámara de Diputados cometiera una aberración, un abuso, nadie podría cambiarlo y sería responsabilidad de la Cámara”.
En contra de esa postura, del lado de la minoría, el ministro Juan Silva Meza se pronunció por declarar que el juicio de acción de inconstitucionalidad sí permitía que la Corte revisara si una reforma a la Constitución se había aprobado o no con respeto a los requisitos que establece la propia carta magna para hacerlo.
Mediante este tipo de juicios, dijo Silva, “tenemos oportunidad de decidir qué se puede o qué no se puede hacer para reformar la Constitución”.
Rosario Ibarra impugnará la reforma judicial
La senadora Rosario Ibarra de Piedra, a nombre del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), anunció que promoverán una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, que acompaña, sostuvo, “el proceso de militarización de la vida social”.
En conferencia de prensa, Ibarra de Piedra invitó a diputados de todas las fuerzas políticas a sumarse al recurso que será presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo la que calificó como “Ley Gestapo”.
“Llamamos a las y los diputados federales de cualquier partido (...) a que se sumen a esta acción de inconstitucionalidad. Tenemos solamente un plazo de 30 días naturales desde la publicación de la reforma (el pasado 18 de junio)”, exhortó.
La senadora explicó que se requiere un tercio de los 500 diputados para presentar la acción de inconstitucionalidad, por lo que “con firmeza les pido que la suscriban”.
Convergencia lamenta fallo
El Partido Convergencia lamentó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de desechar las acciones de inconstitucionalidad que promovió, junto con el Partido Nueva Alianza, en contra de la reforma constitucional en materia electoral que se aprobó el año pasado.
Guillermo Garduño, abogado de Convergencia, dijo que el partido acatará la decisión, pero le sorprendió que la Corte, en este tema, no se haya conducido con congruencia, pues en su sesión del 28 de abril, seis ministros votaron a favor de la procedencia y ayer dos de ellos cambiaron su posición; los ministros Mariano Azuela y Olga Sánchez Cordero.
“Aceptamos la decisión de la Corte, pero el próximo martes tenemos enlistado el estudio de nuestro caso de acción de constitucionalidad contra el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electores (Cofipe) y esperamos que la Corte entre al asunto de fondo y los ministros puedan encontrar los argumentos para acreditar que si hay violaciones a la constitución”, dijo.
