“En lugar de darle a un político las llaves de la ciudad, sería mejor cambiar la chapa”.
Doug Larson
En México las cosas se arreglan a golpe de manifestaciones. O por lo menos se pretende que se arreglan. Al final nada se compone, pero como las manifestaciones “sólo” afectan a los ciudadanos y no a los políticos, éstos prefieren seguir dejando que proliferen.
Ayer, 11 de septiembre, la Ciudad de México fue nuevamente testigo de una gran manifestación. En este caso se trató de un contingente de unos tres mil maestros de la Sección 19 del SNTE del estado de Morelos. Un día antes este mismo contingente marchó por la autopista México-Cuernavaca. No es que no tuvieran vehículos para moverse. Después de pernoctar en la UNAM la noche del 10, de hecho, los manifestantes fueron trasladados al centro de la Ciudad de México en autobuses. Nadie aclaró quién había pagado por su alquiler.
No es ésta la primera ni la última marcha en el país o en el Distrito Federal. Sólo en la capital de la República se registraron de enero a julio de este 2008 mil 904 manifestaciones diversas, entre marchas, plantones, bloqueos y muchas otras formas de usar las calles para protestar. De hecho puede decirse que virtualmente cualquier persona que quiera, puede cerrar las calles de esta ciudad para lo que se le antoje.
Lo mismo ocurre en algunas otras ciudades del país. En Oaxaca la enfermedad de las marchas y los plantones es casi tan común como en el Distrito Federal. En Cuernavaca son también comunes estas movilizaciones. En Chilpancingo se ha llegado al extremo de que la Autopista del Sol fue construida en medio de la ciudad, y no en un libramiento como hubiera sido sensato, para permitir bloqueos más dañinos. En otras ciudades del país, especialmente en el Norte, las marchas son bastante raras, en parte quizá porque las autoridades no las promueven y protegen. En la Ciudad de México se llega al extremo de que el bloqueo del Paseo de la Reforma, organizado por el perredista Andrés Manuel López Obrador, tuvo que ser financiado por los mismos contribuyentes que perdían dinero como consecuencia del plantón.
En otros países del mundo es raro encontrar manifestaciones. No es que haya menos libertades en Canadá, Estados Unidos o Alemania que en México. Lo que pasa es que las autoridades simplemente no les permiten a las organizaciones políticas tomar como rehenes a los gobernados. Aquí en México, de hecho, las policías se despliegan no para proteger los derechos de los ciudadanos sino para bloquear las vías de comunicación y proteger a los manifestantes. Muchas veces son peores los nudos de tránsito que generan los “cortes a la circulación” de las policías que los que provocan los propios manifestantes, los cuales a menudo son grupos muy pequeños.
Quizá hubo un momento en que los manifestantes lograban llamar la atención y mandar algún mensaje a la población o a la clase política. Ciertamente las marchas del ‘68 hicieron temblar al Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Pero el abuso del recurso ha hecho que los manifestantes se confundan ya con el paisaje urbano. Incluso el muy prolongado plantón de los llamados 400 Pueblos, que se exhiben o pasean desnudos por el Paseo de la Reforma o en el parque del Monumento a la Madre, perdió todo poder de escandalizar o de mandar algún tipo de mensaje. No conozco a nadie que sepa por qué se desvisten los miembros de los 400 Pueblos.
Muchas de las manifestaciones se han convertido en un negocio. Distintos líderes proporcionan manifestantes a diversas causas y cobran tarifas diferenciadas: tanto por tantas personas y tanto tiempo. La razón es que mantenerlas y financiarlas cuesta dinero. Los encuerados de los 400 Pueblos están contratados y reciben una cantidad de dinero por mantenerse en exhibición. Ningún trabajador o campesino puede darse el lujo de permanecer seis meses o más sin trabajar o sin atender su tierra.
Los políticos permiten este juego perverso por cobardía o por corrupción. Los cobardes no se atreven a mantener las vías de comunicación abiertas porque temen meterse en líos o mancharse las manos de sangre. Para ellos es más importante conservar la chamba que proteger los derechos de los gobernados. Los perversos promueven ellos mismos las manifestaciones, que después “resuelven” con sus negociadores.
Es difícil saber cuál es el costo para el país de estas manifestaciones. No hay duda de que los mexicanos seríamos un poco más prósperos y viviríamos mejor si se aplicaran en México las reglas sobre las marchas que son comunes en los países democráticos del mundo. Pero los políticos, que ya tienen empleos cómodos bien pagados, no quieren poner sus privilegios en riesgo por algo tan inusitado como cumplir con su deber.
¿SECUESTRADORA?
Me asegura un hermano de Lorena González Hernández, la agente de la PFP que supuestamente planeó y encabezó el secuestro de Fernando Martí, que ella se encontraba fuera de México cuando se llevó a cabo esa acción. Si esto es cierto, la acusación en su contra caería por tierra. Con la falta de transparencia del sistema judicial mexicano, sin embargo, es difícil saber si la Procuraduría del D.F. realmente tiene un caso sólido contra ella. Por lo pronto se mantiene a la mujer en arraigo, pero no se ha buscado su consignación. Esto parece indicar que, por lo menos hasta el momento, no hay pruebas suficientes contra ella.
