Piden a indígenas movilización contra la derecha Indígenas de América participaron ayer, en la ciudad de Santa Cruz (Bolivia), del encuentro de solidaridad indígena con Bolivia, en donde el presidente Evo Morales pidió a las diversas organizaciones reunidas en Bolivia que se mantengan vigilantes para derrotar a la derecha, que “perdió una batalla, pero no la guerra”. (EFE)
Señalan que la medida es porque el presidente Evo Morales no mejoró su lucha antidrogas.
Estados Unidos está retirando a Bolivia de un programa de preferencias comerciales andinas, anunció ayer la secretaria de Estado Condoleezza Rice, quien dijo que era una medida desafortunada, pero necesaria porque el presidente boliviano Evo Morales no mejoró su lucha antidrogas.
La medida fue anunciada coincidentemente cuando el país sudamericano se encontraba realizando esfuerzos en Washington para demostrar que esa decisión sería “injusta”.
“En varias oportunidades” durante los últimos dos años, desde que asumió funciones el presidente Evo Morales, Estados Unidos le ha estado pidiendo a Bolivia que mejore sus políticas en la lucha contra las drogas, pero sin resultado, aseguró Rice.
“Desafortunadamente, tendremos que separar a Bolivia de esos beneficios”, dijo Rice en una rueda de prensa, al concluir conversaciones con su colega mexicana Patricia Espinosa.
En varios procesos de certificación de la lucha antidrogas en Bolivia por el Departamento de Estado, “hemos visto una creciente falta de cooperación de parte de Bolivia”, dijo Rice.
“Esta no es la primera vez”, dijo. “Le hemos alertado al Gobierno de Bolivia que no estamos recibiendo la cooperación necesaria. Pero, desafortunadamente, no fueron tomadas las acciones. Y ahora tendremos que suspender la participación de Bolivia”.
El anuncio de la sentencia a Bolivia se produjo justamente en el día en que una delegación de Morales se presentaba en las oficinas del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en Washington para una audiencia en la que tratarían de demostrar que la separación “sería injusta”, según lo había adelantado el ministro de Hacienda, Luis Arce, jefe de la delegación.
El Gobierno boliviano ha dicho que la separación de Bolivia de esos beneficios, instituidos por el Congreso estadounidense en 1990, ocasionarían al país el despido de 30 mil trabajadores con empleo directo y que más de 300 millones de dólares en exportaciones bolivianas se quedarían sin mercado.
El presidente George W. Bush firmó la semana pasada una extensión de esas preferencias por seis meses a partir de enero que todavía incluyen a Bolivia, además de Colombia, Ecuador y Perú.
Bush había pedido al USTR el 25 de septiembre que iniciara el proceso de la separación boliviana, alegando que el Gobierno de Morales no estaba cooperando en la lucha contra las drogas, lo que fue justamente la base para la aprobación de las preferencias contenidas en la Ley llamada ATPA (Andean Trade Preferences Act).
Se desconoce a partir de qué momento Bolivia se quedaría marginada. Rice dijo que el Departamento de Estado informará al Congreso que Bolivia no estaba cooperando en esa campaña y la suerte quedará entonces en mano del Capitolio.
El ministro Arce se entrevistó justamente en la víspera con el senador Dick Lugar, el republicano de mayor jerarquía en el Comité de Relaciones Exteriores, para pedirle apoyo en el caso boliviano, así como comprensión del momento político que vivía el país con una reforma constitucional.
Lugar dijo que expresó su “apoyo a los progresos logrados” por Morales en su búsqueda de un entendimiento con la Oposición y que creía que el Gobierno de Bush, con quien Dick Lugar comparte partido político, “debe continuar” las preferencias comerciales con ese agobiado país.
Agregó que sugerirá que Morales y el nuevo presidente estadounidense que saldrá de las elecciones dentro de dos semanas “evalúen cuidadosamente los pasos a seguir para reparar las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos en este momento crítico de la reconstrucción constitucional boliviana”.
Morales expulsó de la zona de producción de coca a miembros de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) que canalizaban la ayuda estadounidense y expulsó del país igualmente al embajador estadounidense acusándolo de inmiscuirse en los asuntos internos del país.
Días más tarde, Bush pidió la eliminación boliviana del ATPA, en una gestión calificada por Morales como “venganza por las políticas nacionalistas” de su Gobierno.
Rice dijo que Estados Unidos entiende que las preferencias benefician al pueblo boliviano y que seguirá manteniendo con el país otro tipo de ayuda a través de otros programas.
Prevén que Constitución reciba 90% de apoyo
El Gobierno del presidente Evo Morales prevé que la Constitución que será sometida a referendo en enero sea aprobada por un 90% de los votos, manifestó ayer el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero.
Sin embargo, la Oposición advirtió que impugnará las modificaciones que el Legislativo hizo en el proyecto de Constitución como producto de un pacto que permitió que ese organismo convocara a la consulta popular el 25 de enero.
El acuerdo fue logrado por el oficialismo con sus rivales políticos, parte de los que ahora consideran ilegal que el Congreso cambiara el texto emanado una Asamblea Constituyente, cuya aprobación también increpó en su momento la Oposición.
El que fue denominado presidente de la asamblea legislativa de Santa Cruz, el bastión de la Oposición a Morales, Delmar Méndez dijo que no le correspondía al Congreso modificar ningún Artículo del proyecto de constitución.
Los parlamentarios reformaron más de 100 de los 411 artículos del texto en aras de concertar la convocatoria al referendo, el primer paso que dan juntos el Gobierno y sus opositores después de meses de divergencias, violentas protestas y un clima de inestabilidad política en el país.
Por eso, Romero consideró que es necesario “construir una agenda política. Hemos estado en medio de un desorden político, entre pulsetas (pulsos). Ahora hay un estado más o menos compactado”.
La siguiente acción judicial de la Oposición, según Delmar, será planteada ante el Tribunal Constitucional en contra de la Ley interpretativa que el Congreso aprobó para darse la facultad de modificar el proyecto de la Constituyente.
