La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) destituyó a su coordinadora general de asesores, Norma Inés Aguilar León, por haber incurrido en un conflicto de intereses.
La decisión se debe a que Aguilar León aceptó servicios de búsqueda de una casa de Olga Gomar de los Ríos, cuando también se encontraba busca de un inmuebles para el Tribunal Electoral, por lo que incurrió en un conflicto de interés, señala un comunicado del organismo.
La ex funcionaria ahora ex asesora del magistrado Flavio Galván. Fue cesada desde el 30 de noviembre pasado, pero apeló el dictamen que ahora es ratificado en su contra por el Tribunal.
Ayer en sesión privada, sólo cinco magistrados determinaron el futuro de la ex funcionaria, pues se excusaron los magistrados Flavio Galván y Salvador Nava Gomar, el primero por la amistad que mantiene con Aguilar León y el segundo por ser quien la denunció tras detectar un supuesto acto de corrupción.
La denuncia de Nava Gomar sostenía que Aguilar León había pretendido cobrar una comisión millonaria a la corredora de bienes raíces a cambio de amarrar la compra de un inmueble que serviría de sede alterna a la Sala Superior del TEPJF.
Por instrucciones del entonces magistrado presidente Flavio Galván, su coordinadora de asesores buscó el edificio.
Para ese momento ya había entrado en pláticas con la vendedora Olga Gomar, tía del magistrado Salvador Nava, para que le vendiera una casa para uso familiar.
“Si bien la operación de compra venta del inmueble no llegó a iniciarse, con lo que se descarta algún perjuicio patrimonial al erario público, y que no se obtuvieron pruebas suficientes para establecer que en la petición de búsqueda del inmueble se pactó algún beneficio para la servidora pública, esta Comisión determinó que los indicios obtenidos de la conducta desplegada por la Coordinadora General de Asesores, por la forma de ejecución, son suficientes para fincar responsabilidad administrativa, al estar acreditado el conflicto de intereses.
“Esta Comisión encontró que la conducta asumida por la entonces coordinadora general de Asesores de la Presidencia del TEPJF debe considerarse como grave, ya que el proceder asumido por la servidora pública se traduce en la violación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debieron salvaguardar en el desempeño de su empleo.
“Y dadas las particularidades de su puesto como coordinadora general de Asesores, se presupone su capacidad, experiencia y conocimiento, tanto de la normatividad que rige los procedimientos administrativos, como las consecuencias de no ajustarse a dicha normativa”, apunta la resolución de la Comisión de Administración del TEPJF que impugnó Aguilar León.
