El gobernador de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, ingresa a un vehículo luego de ser detenido por militares en la ciudad de Cobija. El Ejecutivo boliviano acusa a Fernández de ser responsable de la matanza ocurrida en días pasados.
Acusan al prefecto de Pando de instigar enfrentamiento en el que murieron 15 personas
El Ejército de Bolivia detuvo ayer al prefecto de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, por desacato al estado de sitio, una noticia que provocó la interrupción de las negociaciones entre el Gobierno de Evo Morales y sus opositores para concretar un proceso de diálogo.
En el cuarto día del estado de sitio decretado en Pando, los militares ocuparon en su capital, Cobija, la sede de la Prefectura (Gobernación) y aprehendieron a su titular, que no se resistió a la detención y que fue embarcado en un avión.
En las próximas horas un mando militar podría ponerse a cargo de la Prefectura y de la administración departamental de Pando, dijo al canal Unitel el senador opositor Paulo Bravo, que acompañó a Fernández hasta el aeropuerto de Cobija.
Bravo explicó que el propio ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que se encuentra en Pando desde que se declaró el estado de sitio, ha comunicado “en forma muy clara” esta posibilidad.
La detención de Fernández se produce después de que la Fiscalía General de Bolivia formulara el lunes una acusación de “genocidio” contra el prefecto y contra otros dos altos líderes políticos contrarios a Fernández, uno de ellos afín al Gobierno de Morales.
Sin embargo, el fiscal general de la República, Mario Uribe, aseguró ayer a radio Erbol que él no ordenó esta detención y que fue “de absoluta responsabilidad de las autoridades que tomaron esa decisión”.
El Ejecutivo de Evo Morales ha pedido 30 años de prisión para el prefecto pandino por instigar el violento enfrentamiento armado entre civiles ocurrido el 11 de septiembre en la zona de la localidad de Porvenir, donde al menos 15 personas murieron y más de cien se encuentran desaparecidas.
Ayer, el Gobierno explicó que la detención de Fernández obedece a que ha incurrido en desacato al estado de sitio y defendió la constitucionalidad de la decisión.
La captura del gobernador pandino provocó la interrupción de las reuniones que mantiene el Ejecutivo con sus opositores regionales para concretar un proceso de diálogo que permita resolver la conflictiva situación que vive Bolivia.
Desde el pasado sábado, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y el representante de los autonomistas, el prefecto de Tarija, Mario Cossío, intentan consensuar un documento de preacuerdo que siente las bases de la eventual negociación entre las partes políticas en conflicto.
Pero al conocer la noticia de la aprehensión de su colega, Cossío abandonó el Palacio de Gobierno de La Paz.
Roberto Ruiz, un senador tarijeño que ha asistido con Cossío a las reuniones, confirmó que el proceso ha quedado “suspendido, aunque no roto”.
Explicó que el prefecto opositor y su delegación están retornando a su región para estudiar el asunto de la detención, a la cual el senador opositor calificó como “acto abusivo y arbitrario”, máxime cuando estaba “prácticamente listo el documento” sobre las bases del diálogo.
Tras insistir en que no se han roto las conversaciones, Ruiz afirmó que “la inmediata liberación del prefecto Fernández significaría la inmediata firma del acuerdo de pacificación nacional”.
La detención de Fernández provocó una manifestación espontánea en su apoyo en la oriental ciudad de Santa Cruz, donde el Comité Cívico de la ciudad exigía su liberación al tiempo que sugería a los ciudadanos “no caer en las provocaciones” y continuar el diálogo con el Gobierno central.
Los principales temas de controversia entre Gobierno y opositores son el reparto territorial de las rentas petroleras, la nueva Constitución que impulsa Morales y el régimen autonómico que defienden los líderes de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca.
Habilita EU vuelos para sacar a ciudadanos
El Gobierno de EU ha aconsejado a sus ciudadanos que no viajen a Bolivia y que los que estén allí abandonen el país, debido a la tensión social y la oleada de violencia que se vive desde hace unos días.
En un comunicado difundido en Washington y en La Paz, el Departamento de Estado informó que los ciudadanos que lo deseen podían abandonar ayer mismo la capital boliviana rumbo a Lima, en dos vuelos especiales habilitados para la ocasión.
El comunicado recuerda que todas las compañías comerciales mantienen por el momento sus vuelos, salvo los de American Airlines entre Bolivia y Miami, que han sido cancelados hasta el domingo 21 de septiembre.
“Animamos a los ciudadanos estadounidenses que están en Bolivia a abandonar el país si su situación se lo permite, y quien decida permanecer debe estar vigilante, estar atento a las noticias de los medios, y tomar las medidas de seguridad que consideren”, dice el Gobierno de EU en el comunicado.
El Departamento de Estado advirtió ayer de que “bajo ninguna circunstancia se debe intentar cruzar una barricada en la calle” y de que “cualquier protesta que parezca pacífica se puede convertir en una confrontación violenta con las fuerzas de seguridad”.
Coloca EU a Bolivia en lista negra de drogas
El presidente George W. Bush determinó ayer que Bolivia ya no coopera con Estados Unidos en la guerra antidroga, y colocó al país latinoamericano en una lista negra.
Sin embargo, Bush no anunció recortes a la ayuda de Washington para Bolivia, una de las consecuencias que puede traer la inclusión en esa lista negra.
Bolivia, una importante productora de cocaína, se une a Venezuela y a Myanmar en una lista estructurada por Washington, de naciones que “han fracasado de manera comprobable” en los objetivos internacionales de lucha contra la producción y el tráfico de drogas ilícitas.
“Así que designo a Bolivia, Birmania, y Venezuela como países que han fracasado en demostrar durante los previos 12 meses sus obligaciones bajo acuerdos internacionales contra la lucha de narcóticos”, dijo Bush en un comunicado emitido por la Casa Blanca.
