El EPR denuncia la desaparición de dos militantes.
La propuesta de diálogo hecha por el grupo armado podría dar paso a la solución definitiva de un
gran lastre en la historia reciente de México: la desaparición forzada de personas.
Si el Gobierno Federal establece un diálogo auténtico con el Ejército Popular Revolucionario podría hacer historia, al resolver a su favor un punto fundamental para cualquier Estado: la desaparición forzada de luchadores sociales. Así lo sostiene Carlos Montemayor, estudioso de las guerrillas en México y uno de los ciudadanos convocados por el EPR el pasado 24 de abril para fungir como intermediario entre el grupo armado y el Gobierno Federal.
“Si México está presumiendo de tener un avance democrático como no lo había tenido en su historia, la desaparición forzada significaría un retorno a la barbarie, a la Guerra Sucia de los setenta, de los ochenta; por lo tanto es un punto detectado por el EPR de importancia no solamente para su propia organización, sino que es un punto políticamente fundamental para México y para muchos Gobiernos del mundo”, señala en entrevista.
Para el doctor honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana, el que la organización político-militar más antigua del país –con raíces de hasta 40 años– quiera dialogar por primera vez con el Gobierno representa una oportunidad histórica que se le presenta al presidente Felipe Calderón, que sin embargo, reaccionó de manera confusa y sin mostrar una total apertura al diálogo.
Montemayor acepta que las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República a dependencias judiciales oaxaqueñas podrían contribuir al esclarecimiento de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –dirigentes del EPR reclamados por la organización desde mayo del año pasado–. Pero el historiador no encuentra en la respuesta oficial una condena tajante al delito de la desaparición de personas.
Esto toma relevancia por la demanda que enfrenta el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos –la primera en su tipo–, promovida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 15 de marzo por no cumplir con las recomendaciones que le hizo en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, un guerrerense detenido ilegalmente por militares en 1974.
El 8 de diciembre de 1998 México aceptó la competencia de la Corte Interamericana como “obligatoria de pleno derecho” sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo tanto el Estado deberá acatar lo que diga la Corte sobre el caso Radilla.
El escritor considera que este contexto internacional añade condiciones favorables al diálogo entre el Gobierno y el EPR. Pero, a la luz del comunicado leído por el secretario de Gobernación el pasado 29 de abril, no cree que la actitud abierta al diálogo del grupo guerrillero haya sido correspondida por el Gobierno Federal.
“Las condiciones de la Secretaría de Gobernación son condiciones excluyentes, que no tienen qué ver ni con la propuesta del EPR ni con nuestra propuesta. La respuesta en el comunicado oficial no muestra que hayan dado un voto de confianza a los sectores más abiertos (al diálogo). Más bien se muestra el sector duro”, sentencia.
El EPR
Pese a aparecer formalmente en la escena nacional en junio de 1996, durante la conmemoración del asesinato de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, el Ejército Popular Revolucionario es la organización político-militar más antigua en México, pues es el heredero de dos organizaciones guerrilleras: PROCUP –fusión del Partido Revolucionario Obrero Clandestino y la Unión del Pueblo nacida en 1970– y el Partido de los Pobres –fundado por Lucio Cabañas en 1967–.
Estos grupos comenzaron a llamar la atención de la Inteligencia Militar durante los años setenta, por su línea de acción violenta, especializada en el manejo de explosivos.
La importancia que el Gobierno le daba al PROCUP-PdlP, recuerda Montemayor, se comprobó en 1990 con la publicación del informe Movimientos Subversivos en México, del general Mario Arturo Acosta Chaparro, recién retirado y condecorado por el Ejército pese a haber sido acusado de estar relacionado con la desaparición de 22 presuntos guerrilleros de Guerrero.
“En ese informe, la organización guerrillera a la que le prestan mayor atención es al PROCUP-PdlP, por lo tanto estamos hablando de una organización –el EPR– que hunde sus raíces a prácticamente 40 años de acción ininterrumpida”, señala el escritor.
Según el investigador, esta evolución histórica deja dos lecciones: “La persistencia de esta organización es una demostración contundente de que las medidas extremas militares y policiacas no son ni han sido una solución real a la problemática social de los movimientos armados populares.
“Y las condiciones sociales de desigualdad extrema o de injusticia no han desaparecido en el país, o al menos no han desaparecido en las zonas donde ha ido creciendo la base social de esta organización”.
Para Montemayor, el desempleo, el hambre, la desnutrición infantil, la pobreza extrema en la que vive una buena parte de la población, la falta de vivienda, el analfabetismo, la falta de protección médica y de sistemas de pensiones para los trabajadores de la economía informal, son causa de que la sociedad mexicana viva en violencia cotidianamente.
“Es una violencia social institucionalizada”, sentencia, “y nosotros, en lugar de llamarle violencia social le llamamos paz social, le llamamos estabilidad social, y cuando hay una inconformidad social contra esta violencia social institucionalizada le llamamos origen de la violencia social”.
“Si queremos comprender la problemática social que representa esto, entonces necesitamos idear soluciones políticas y sociales diferentes, y aprovechar también la posibilidad de diálogo que mucha falta le hace al país en muchos terrenos y dimensiones de nuestra vida financiera, partidista, política, parlamentaria, social y de comunicación. Así que hay una oportunidad todavía en el aire que no sabemos si la va a aprovechar el Gobierno Federal”.
Desapariciones forzadas, tema pendiente
Montemayor dice haber aceptado la propuesta del EPR para fungir como mediador, –junto a Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas, Samuel Ruiz y el Frente Nacional Contra la Represión fundado por Rosario Ibarra de Piedra–, con el fin de contribuir a desenmarañar este complicado panorama social.
“Tendría que haber medidas políticas, sociales, económicas que hicieran ya imposible la recurrencia de los alzamientos armados en esas zonas, que no fueran necesarios”, explica, “pero si ahora hay una oportunidad de dialogar y de solventar a la luz pública este procedimiento primitivo de la desaparición forzada de personas, sobre todo en un momento en que México, por vez primera como Estado, está acusado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por desaparición forzada, adelante”.
Montemayor señala que el tema de las desapariciones forzadas está inconcluso, tanto en el caso Radilla como en el de los dos eperristas desaparecidos en mayo de 2007, por lo que se ha convertido en un punto crucial para el Gobierno mexicano a nivel nacional e internacional.
“¿Por qué la desaparición forzosa de las personas es un delito imprescriptible? ¿Por qué es el delito típico de abuso de la fuerza del Estado? Los grandes criminales, los grandes delincuentes, los asesinos, los secuestradores, los defraudadores, los narcotraficantes, los causantes del Fobaproa, todos ellos tienen derecho a procesos judiciales, tienen derecho a cárcel, a sentencias, a defensa legal.
“¿Por qué los luchadores sociales, por qué a los guerrilleros se les quitan esos derechos básicos? ¿Por qué ellos no son procesados? ¿Por qué a ellos se les desaparece? ¿Por qué se les tortura? ¿Por qué se les mata en el secreto del poder del Estado? Esto es una violación flagrante”, denuncia.
Negociaciones fallidas
Montemayor recuerda que ésta es la tercera oportunidad del Gobierno mexicano para negociar con un grupo armado. En las dos anteriores, incumplió los acuerdos.
La primera fue con el guerrillero morelense Rubén Jaramillo, quien fue amnistiado en 1958 por Adolfo López Mateos y asesinado por militares junto a toda su familia tres años después.
“Jaramillo aceptó deponer las armas, llegó a Palacio Nacional, recibió el abrazo oficial que circuló por toda la prensa y por todo el mundo con el presidente de la República, y a los tres años lo traicionaron. Un comando del Ejército lo aprehendió y lo masacró en Xochicalco (Morelos) con sus hijos, con su esposa embarazada, de la manera más cruel. Esto demostró un nivel terrible de bajeza del Estado mexicano con un luchador social que depuso las armas porque creyó en el diálogo con el Gobierno Federal”, recuerda.
El segundo ejemplo de negociación llegó a su cenit el 16 de febrero de 1996, con la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en los que el Estado mexicano se comprometía a reformar la Constitución para incluir los derechos indígenas que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional reclamaba. Sin embargo, las reformas constitucionales se hicieron hasta 2001 y no cumplieron con lo pactado.
“Este proceso importante de negociación y de diálogo terminó también en forma negativa, porque los acuerdos de San Andrés no se oficializaron, no se materializaron. Éste fue un segundo ejemplo de la dificultad que tiene el Estado mexicano para negociar en este tipo de problemática social”, dice el escritor. Hoy, Montemayor espera que los resultados de la negociación sean distintos. Ve con buenos ojos que al interior del EPR haya ganado el ala abierta al diálogo.
“Supongo que al interior del EPR se ha de haber dado una discusión muy fuerte entre estos radicales y excluyentes y la gente más abierta, y que se le dio un voto de confianza a los sectores menos duros o más abiertos al diálogo para hacer esta propuesta”, infiere.
Supone también que la investigación iniciada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a la Policía Ministerial de Oaxaca está encaminada a esclarecer qué pasó con los dos hombres que el EPR reclama.
Por las indagatorias, un subdirector operativo –Pedro Hernández Hernández– y un agente de la corporación –Ángel Reyes Cruz– han sido arraigados por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad. Las detenciones se dieron casi a la par de que Montemayor y los demás mediadores sugeridos por el EPR aceptaran formalmente la encomienda.
“Quiero seguir leyendo esos hechos como una especie de respuesta no explícita del Estado mexicano, que contrasta con las condiciones que plantea en su comunicado oficial el secretario de Gobernación”, declara.
Montemayor percibe confusión en el Gobierno Federal, específicamente en la parte del comunicado leído por Juan Camilo Mouriño en la que se dice: “que el PDPR-EPR se comprometa públicamente a suspender de forma definitiva acciones radicales de sabotaje y violencia”.
“Aquí hay un error en la apreciación del comunicado oficial, de la Secretaría de Gobernación, al confundir la disposición al diálogo en específico con la disposición a capitular o a deponer las armas. No es lo mismo”, advierte.
Otro punto de la postura oficial que no convence al investigador es el hecho de que el Gobierno proponga un diálogo directo con la organización armada en el que se relega a las personalidades convocadas por el EPR al papel de “testigos sociales” de la negociación, pues no respeta las condiciones originales planteadas por el grupo armado.
Montemayor señala que la comisión todavía no tiene claro qué representará ser “testigos sociales” en el proceso. “Será cuestión de reflexión y deliberación entre nosotros... pero no es la propuesta original. Si una de las partes, en este caso el Gobierno Federal, no requiere de nuestra mediación y, al contrario, la excluye, entonces no habrá posibilidad alguna de que nosotros funcionemos como mediadores... Es muy posible que si no varía la posición oficial, esta comisión no pueda trabajar en ningún momento”.
El éxito del proceso, añade, dependerá de la actitud de ambas partes.
El Gobierno no acepta a Ibarra como mediadora
La senadora, Rosario Ibarra de Piedra, anunció que restringirá su participación en el grupo de mediación propuesto por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) para un eventual diálogo con el Gobierno Federal, dado que éste le ha vetado por su cercanía con Andrés Manuel López Obrador.
“Si hay algún acercamiento (con el Gobierno Federal), como dicen ellos, obviamente no puedo estar presente. No quiero que me vayan a dar con la puertotota de Los Pinos o de (la Secretaría de) Gobernación en la nariz”, dijo en entrevista.
“Si ellos (en el Gobierno Federal) no me quieren, ni modo. No puede haber diálogo posible si no me quieren ver”.
—¿Y para eso usted preferiría no presentarse, si fuera el caso, con el Gobierno?
—No, no, pues cómo me voy a presentar. Imagínese que yo vaya llegando a donde ellos citen para una entrevista y que me vayan a poner ahí policías o soldados a que me nieguen el paso. ¿Qué voy a hacer? Pues tengo dignidad y de sobra, sentenció.
Confirmó que el Gobierno Federal no acepta a Ibarra de Piedra en el grupo de intelectuales propuesto por el EPR, inicialmente integrado por el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el escritor Carlos Montemayor, el antropólogo Gilberto López y Rivas y el obispo emérito Samuel Ruiz García.
“No me parece raro porque es obvio que no quieren nada conmigo. Pero yo le digo una cosa: yo nunca he pertenecido a ningún partido político, nunca, nunca”.
