Los resultados del informe de la Auditoría Superior de Hacienda del Estado de Coahuila en relación con los seis municipios gobernados por diversos ex alcaldes que hoy son diputados electos al Congreso de Coahuila, son el preludio de una nueva sinfonía de malversación de fondos públicos y consecuente impunidad.
La Auditoría Superior del Estado de Coahuila es un órgano autónomo que por delegación del Congreso del Estado, tiene por objeto regular la revisión y fiscalización de las cuentas públicas del Gobierno del Estado y Municipios de Coahuila.
El dictamen que es objeto de comentario se produce en el marco de un escenario en virtud del cual, los alcaldes de los Municipios de Saltillo, Monclova, Piedras Negras, Matamoros, Frontera y Parras, en fecha reciente abandonaron sus respectivos cargos para contender como candidatos del Partido Revolucionario Institucional a diputados al Congreso de Coahuila.
El dictamen de la Auditoría Superior de Hacienda revela irregularidades en las cuentas públicas de los municipios mencionados hasta por ciento noventa y ocho millones de pesos y si bien es cierto que los presidentes municipales que sustituyeron a los hoy diputados electos, cuentan con cuarenta y cinco días para hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, la materia del caso está llamada a desvanecerse en la bruma de nuestra vida pública, en virtud de que los alcaldes sustitutos asumirán la tarea de justificar movimientos administrativos y contables que corresponden a un ejercicio anterior cuya responsabilidad no les alcanza.
Es previsible que también los ex alcaldes que pasaron a diputados electos quedarán impunes, tanto por el hecho de que al entrar al Congreso gozarán de fuero, como por la circunstancia de que ellos mismos como diputados en funciones, serán quienes se pronuncien sobre la aprobación de sus propias cuentas públicas.
El proceso electoral para renovar al Poder Legislativo de Coahuila culminó con la declaración del triunfo del Partido Revolucionario Institucional en la totalidad de los distritos electorales de la entidad, incluidas las circunscripciones por las cuales contendieron los ex alcaldes de los municipios mencionados.
El resultado de “carro completo” similar al que a nivel nacional vivimos durante el siglo pasado bajo la hegemonía del PRI, revela que en Coahuila permanece corregido y aumentado el sistema de Partido de Estado y las principales causas de que tal cosa ocurra se encuentran en la deserción cívica de la sociedad, el abuso de poder por parte del Gobierno Estatal en favor de su partido y la ineptitud de la oposición.
De lo anterior se infiere que además de la aplastante mayoría que implica la integración del Congreso a favor del PRI, seis ex alcaldes hoy diputados, formarán parte de la Legislatura que se pronunciará sobre la aprobación o rechazo de las cuentas públicas de sus respectivos municipios, lo que desde luego cuestiona de origen el procedimiento al convertirse los legisladores electos en juez y parte.
Lo anterior es apenas un botón de muestra del fracaso que implica en un régimen que se pretenda democrático, el que la división de poderes no funcione como resultado de la integración de un Congreso sometido a la voluntad del Poder Ejecutivo como ocurre hoy día en Coahuila, en el que por añadido por lo que toca a la próxima Legislatura, se da la coincidente identidad entre seis diputados que aprobarán las cuentas públicas de su propia gestión previa como alcaldes.
Se podrá decir que el llamado “efecto chapulín” no viola ninguna ley y que no existe impedimento legal alguno para que los alcaldes electos abandonen sus funciones antes de acabar el período de su gestión para brincar como candidatos a diputados, pero lo que ocurre en Coahuila acusa por lo menos una falta de consistencia y decoro frente a los ciudadanos, e implica una burla descarada.
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