A cien días, plazo simbólico, que de buena voluntad los gobiernos suelen fijar como un principio de resultados, el panorama se ve sombrío. El Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad fue firmado por todos los poderes de la República el 21 de agosto y se publicó el 25 de ese mes en el Diario Oficial de la Federación.
En el transcurso de este año, no sólo de los cien días a partir del Acuerdo, se conjunta una colección de violencia que parece inacabable, inabarcable. Por un lado, el enfrentamiento de grupos contra las autoridades, por otro, el enfrentamiento entre esos mismos grupos criminales. Para agravar más el estado de cosas, en las últimas semanas se revelaron los nexos entre el crimen organizado y las autoridades de alto rango en el Gobierno Federal. No se trata de una película, como aquella de Martin Scorsese, The Departed (Los Infiltrados), donde un grupo criminal en la ciudad de Boston es capaz de infiltrar la corporación policiaca local desde sus propias bases, tal cual como el sargento Sullivan. Lo que está surgiendo en el camino son los antiguos nexos entre algunas autoridades corruptas y organizaciones criminales. Lo vimos en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y la desbanda de agentes después de la detención del ex-fiscal antidrogas, Noé Ramírez Mandujano. No se ha quedado atrás la Agencia Federal de Investigaciones. La encuesta de Reforma (27/11/08), confirma una vez más la desconfianza ciudadana en los policías de las principales metrópolis del país: más del 60 por ciento confía poco o nada.
Sólo en el largo plazo, la posibilidad de restablecer la confianza, depende de un cambio profundo en el quehacer de las autoridades.
¿Y qué piensan los mexicanos acerca de los resultados del Acuerdo y los primeros cien días de compromiso por ofrecer resultados?
La encuesta de El Universal, publicada esta semana, corrobora la desconfianza ciudadana, pero también el aval al Gobierno para continuar con la lucha. A cien días del Acuerdo, el 60 por ciento de los encuestados, contestaron que no está dando resultados, mientras que un 39 por ciento considera que sí está funcionando. En el terreno de las responsabilidades, los resultados de la encuesta muestran que 43 por ciento considera que ningún nivel de gobierno (incluyendo Estados y municipios) ha mejorado sus resultados, sin embargo, cuando se revisa el detalle, la diferencia es notable, porque mientras un 25 por ciento considera que el Gobierno Federal sí está produciendo resultados, sólo el 3 por ciento cree que los gobiernos estatales dan resultados. En este sentido, no hay que perder de vista la actitud asumida por muchos de los estados, aún y cuando están obligados a cooperar y coordinarse con la Federación, sigue sin asumir su responsabilidad porque es un delito que no les compete.
81 por ciento de los mexicanos respaldan la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado (aunque el pasado mes de mayo, esa cifra era ocho puntos más alta, 89 por ciento). A pregunta expresa sobre quién va ganando la guerra, la percepción ciudadana se inclina a expresar que los narcotraficantes van ganando la guerra, así lo percibe 59 por ciento, contra un 26 por ciento que piensa que es el Gobierno quien lleva la delantera.
Sin embargo, no todo es encuestas y percepción, aunque las más de las veces no conduzcamos por las creencias. Si somos claros, y privilegiamos el análisis por encima de las percepciones, siempre cercanas a los sentidos, es precipitado calificar el Acuerdo y sus primeros cien días como un fracaso, pero también es igualmente precipitado cantar victoria de algunos logros inmediatos. El problema de la inseguridad tiene una larga raíz en nuestra historia y como tal, es fundamental entenderla.
Ligada a la corrupción y a la impunidad, la inseguridad que ahora reina en las calles y en la imaginación colectiva, es un problema estructural y por lo tanto de instituciones. No sólo ha fallado el Estado, sino también las reglas del juego que las instituciones promueven, entre ellas la familia como un parte de la sociedad.
No podemos descalificar de golpe y porrazo los esfuerzos que ahora hace el Gobierno Federal, porque eso implicaría pensar que la raigambre del problema, puede ser resuelta sin el peso de los años.
Quizá algunos añoren la falsa sensación de estabilidad que había con el régimen autoritario, porque “al menos antes no sucedía esto”, y así lo demuestran las preferencias electorales rumbo al 2009. No obstante, eso suponía en la práctica que las instituciones formaban, alentaban o toleraban el crimen organizado y la corrupción.
Reconozco que es difícil saber bien a bien dónde estamos y hacia dónde vamos, sin embargo, un primer paso nos ha dado la dimensión real del problema: autoridades infiltradas, cuerpos de seguridad incompetentes, mal preparados y poco confiables, como los 56 mil policías “no recomendables” que el presidente Felipe Calderón acaba de señalar. Pero al mismo tiempo, un grupo de medio millón, según el Gobierno, está dispuesto a vivir del rentable negocio del crimen.
La salida no será pronto ni fácil, y mucho menos en cien días.
Pena de muerte
Un buen político es aquel que no le hace perder el tiempo a los ciudadanos. Lo que vamos a ver con la propuesta que el secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, mandó al Congreso de Coahuila, para legislar y aplicar la pena de muerte a los secuestradores que asesinen a sus víctimas, terminará solamente en un beneficio mediático. Una Ley estatal no puede contravenir una Ley general como la Constitución, es inoperante jurídicamente, pero ¿no sería mejor agarrar y procesar antes a los delincuentes que pretenden matar? Les recomiendo el excelente estudio de Gerardo García Pámanes en la revista Este País, octubre 2008.
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