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Dificultan ‘limpia’ en Poder Judicial

De los jueces y magistrados removidos de su cargo por el Consejo de la Judicatura Federal entre 1995 y 2007, el 41 por ciento fue reinstalado por orden de la Suprema Corte de Justicia. (Archivo)

De los jueces y magistrados removidos de su cargo por el Consejo de la Judicatura Federal entre 1995 y 2007, el 41 por ciento fue reinstalado por orden de la Suprema Corte de Justicia. (Archivo)

Agencia Reforma

Limpiar al Poder Judicial, como pidió el presidente Felipe Calderón, no es tan fácil como parece.

De los jueces y magistrados removidos de su cargo por el Consejo de la Judicatura Federal entre 1995 y 2007, el 41 por ciento fue reinstalado por orden de la Suprema Corte de Justicia, ante la cual pueden impugnar estas sanciones.

Un recuento realizado indica que 9 de los 22 removidos ganaron sus recursos ante el máximo tribunal del país. Actualmente hay 950 jueces y magistrados en todo el país.

Entre los removidos están cuatro juzgadores destituidos por emitir sentencias favorables a presuntos narcos y secuestradores; dos señalados por acoso sexual a sus empleadas, dos por ineptitud y rezago y una magistrada que oficialmente no fue destituida, sino “separada definitivamente” por problemas mentales.

Fernando López Murillo, magistrado de Guadalajara destituido en 2003 por cinco sentencias favorables a narcos como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Héctor “El Güero” Palma, ganó en la Corte el año pasado.

Aunque está suspendido porque sigue sujeto a proceso penal, López ya demandó al Consejo de la Judicatura el pago de salarios caídos que, según fuentes judiciales, podrían ascender a 14 millones de pesos.

Los otros ocho que ganaron en la Corte sí están en funciones. Éstos incluyen a los jueces Jorge Carenzo y Enrique González, destituidos por emitir fallos a favor de un secuestrador y tres presuntos narcos, así como María Esther Rodríguez, señalada por su relación con el abogado de un ex director de Seguridad Pública de Baja California Sur acusado de traficar 10 toneladas de cocaína.

El Consejo de la Judicatura sólo puede aplicar sanciones por conductas administrativas, pero no puede revisar los criterios jurídicos de los jueces. La Corte resuelve estos casos en sesiones privadas y, por ejemplo, López Murillo y Carenzo ganaron en votaciones de 4 contra 3.

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