Un tribunal federal publicó los argumentos bajo los cuales se negó a transmitir en vivo, a través del Canal Judicial, las deliberaciones sobre el juicio de amparo que promovió el ex presidente Luis Echeverría Álvarez contra el inicio de proceso penal en su contra.
Desde el inicio del proceso los magistrados del 5 Tribunal Colegiado en Materia Penal, Manuel Bárcena, María Eugenia Martínez y Rosa Guadalupe Malvina, informaron que las sesiones de este órgano no serían públicas como lo solicitaron integrantes del “Comité 68”.
En el acuerdo que aprobó en su última sesión, el tribunal hizo referencia a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a los reglamentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“Las leyes no obligan a este Tribunal Colegiado a permitir que sea transmitida por el Canal Judicial o por cualquier otro medio electrónico la sesión en la que se resuelva el asunto en que se provee ni el acceso al público a la sala de sesiones de este órgano de control constitucional”, publicaron los magistrados.
Expusieron que estas normatividades establecen las vías para obtener la información relativa a las resoluciones de los órganos judiciales, y que son las Unidades de Enlace de la SCJN y del CJF, las encargadas de difundir la información y fungir como vínculo con los solicitantes.
En este sentido arguyeron que los trámites referentes al acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos “corresponde a organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa de gestión y de decisión”, como son dichas Unidades de Enlace. Los magistrados señalaron que no corresponde a las autoridades jurisdiccionales la publicidad de la información, y recalcaron que la Ley de Transparencia garantiza que “no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de los derechos humanos o delitos de lesa humanidad”.
Se espera que en los próximos días, el Tribunal resuelva en definitiva el amparo que promovió el ex mandatario para que no sea juzgado por el delito de genocidio sobre los hechos ocurridos el 2 de Octubre de 1968 en Tlatelolco.
