Regidores de Acción Nacional solicitan una investigación en torno al caso de los ex regidores que exigen el pago de más de un millón 900 mil pesos.
Mientras que regidores del Partido Acción Nacional (PAN) piden se investigue el caso de los 11 ex regidores que exigen el pago de más de un millón 900 mil pesos del supuesto Fondo de Ahorro para el Retiro, los priistas aseguran que el Municipio no tiene porqué saldar el adeudo, pues jamás existió.
Filiberto Bañuelos Martínez, regidor del PAN, dijo que “los compañeros en su momento han estado buscando la manera de que se les pague el recurso que fueron ahorrando (...) argumentan que tienen los papeles para exigir que se les pague, de acuerdo a lo que ellos manejaron como regidores donde ellos guardaban una parte y el Municipio les daría otra”.
Al igual que él, la regidora panista María del Rosario Aldaba, comentó que los ex regidores están en su derecho de exigir su pago, “pues ellos dicen que tienen las pruebas para hacerlo, ya que cuentan con todos sus recibos en donde se les fue descontando”, dijo.
Ambos solicitan que se investigue el caso, “creo que será cuestión de analizar la papelería que la Tesorería tiene y la de los regidores (...) que se analice a fondo y si realmente les corresponde su pago, que se les haga, y si ellos llegan al punto en donde no lo merecen, pues lo siento”, señaló Bañuelos Martínez.
Por su parte, el primer regidor priista, José Dimas López Martínez, explicó que “existió un asiento contable, en donde en Tesorería se les retenía una cantidad para su ahorro, incluso no fue desde el inicio de la Administración, sólo fue un año, éste se hizo para que apareciera en los libros, pero en realidad a ellos se les regresaba su dinero”.
Así mismo, mencionó que “nunca se les retuvo nada, por eso no lo pagó la Administración anterior, ni ésta (...) en los hechos no hubo ningún ingreso en las arcas de la Tesorería”.
Sin embargo y pese a estar convencido de que nunca existió tal ahorro, López Martínez, al igual que los regidores panistas, recomienda se realice una investigación en torno al caso.
SIN NEGOCIACIÓN
No habrá negociación de ningún sentido en el caso Lerdo por parte del Congreso del Estado, pues el daño patrimonial ocasionado por la pasada Administración encabezada por Rosario Castro Lozano y Antonio Olivas Ibarra, es grave, señala el diputado priista, Fernando Ulises Adame de León.
En el terreno de lo administrativo, comenta, todos los municipios de Durango tienen observaciones, pero no como es el caso de Ciudad Jardín.
De acuerdo con el diputado local, el daño ocasionado al patrimonio municipal, es por 10 millones de pesos, cuyos gastos no han sido comprobados, mientras que las observaciones son por más de 53 millones.
“En el ámbito federal, gastaron recursos que estaban etiquetados”, indicó el diputado de extracción priista, quien agregó que seguirá muy de cerca el caso.