En 1984 el Estado corrió a Pierre Jambor porque hablaba claro. En el año 2008 le sucedió lo mismo Amerigo Incalcaterra. Un factor común en las historias de estos dos italianos fue la complaciente blandura de los organismos de Naciones Unidas que representaban. Es tiempo de revisar el papel de estos actores internacionales.
En los ochenta, México se llenó de refugiados y para defenderlos se estableció en México una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). Pierre Jambor llegó a representarla en 1982… y enfrentó la esquizofrenia nacional. Miguel De la Madrid presumía de la tradición de asilo, pero el funcionario de Gobernación encargado de protegerlos, Mario Vallejo Hinojosa, entregaba a indígenas guatemaltecos al Ejército de aquel país.
El hecho quebrantaba la moralidad y legalidad y Pierre Jambor envió una carta al Gobierno mexicano expresando su preocupación. Desesperado, también empezó a informar a periodistas, mexicanos e internacionales, de lo que estaba pasando. El secretario de Gobernación Manuel Bartlett, montó en cólera: ¡cómo osaba un extranjero violar nuestra inmaculada soberanía revelando que el Gobierno violaba el asilo! Relaciones Exteriores cumplió con su tarea de corre-ve-y-dile y desde Ginebra ACNUR dio la orden de retirar a Pierre Jambor. Para cubrir las formas le permitieron quedarse seis meses más.
La alternancia llegó, pero el Estado mexicano mantuvo la sensibilidad de papel de china, y la intolerancia hacia los funcionarios internacionales que señalan la mugre nacional. En el año 2005 llegó a México el también italiano Amerigo Incalcaterra. Venía a representar a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Se puso a defender, en serio, a las víctimas y eso desencadenó una epidemia de urticaria. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Defensa Nacional fueron las dos instituciones que pusieron su inconformidad por escrito.
Se repitió la historia de Pierre Jambor y, según fuentes de alto nivel, el Gobierno Federal –a través de Relaciones Exteriores- llegó a un entendimiento con Louise Arbour, titular de la ACNUDH, quien, después de recibir una carta del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, decidió “rotar” a Incalcaterra quien tuvo siete semanas de plazo para dejar el país. Como en el 84 la prioridad del organismo internacional fue mantener la buena voluntad gubernamental. En México, las víctimas casi siempre esperan.
Del affaire Incalcaterra rescató las incongruencias de la ACNUDH. En el acuerdo que firmó este organismo con el Gobierno de México (febrero 2008) se comprometió a regirse por los principios de “imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia”. Sin embargo, cuando intenté averiguar los motivos de la “rotación” solicité a la sede una entrevista telefónica con María Francisca Ize-Charrín –una mexicana con jerarquía en la ACNUDH. Su respuesta fue tajante y seca: las Naciones Unidas no discuten “cuestiones relativas al personal, incluyendo rotaciones”. ¿Entonces para qué incluyen la transparencia como principio? Lamentable la opacidad del principal organismo promotor de los derechos humanos del planeta.
Esto me lleva a un terreno inexplorado: ¿qué han hecho o dejado de hacer los organismos multilaterales a favor de la democracia y los derechos humanos? Esas instituciones viven en la contradicción de tener como mandato proteger los derechos de la sociedad… que fueron violados por los gobiernos que los nombran y financia. Como el equilibrio es difícil, la mayoría de los funcionarios se inclina por complacer a los gobernantes porque de ello depende sus ascensos y el retiro dorado. Para sobrellevar la tensión es frecuente que se refugien en el formalismo diplomático y se justifiquen invocando el largo plazo y realzando la importancia de convencer, “desde dentro”, a los poderosos de portarse bien. También recurren a la opacidad.
Amerigo Incalcaterra nos deja, como lección, la urgencia de observar en mayor detalle lo que hacen y dejan de hacer la ACNUDH y las otras organizaciones multilaterales que tienen sede o incidencia en México. Valdría la pena averiguar los criterios que siguió el Comité Internacional de coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CIC) para conceder a la CNDH una calificación de “A” con el visto bueno de la ACNUDH.
En 1994 llegó a México Nguyen Dong como parte de un proyecto de Asistencia a la Observación Electoral del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Catorce años después sigue involucrado en actividades de ese tipo sin que sepamos cuánto dinero ha recibido del Gobierno Federal y cómo lo ha utilizado. En el año 2006 el PNUD recibió 13 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social para investigar el uso de los programas sociales en la coacción del voto ¿por qué publicó con tanto retraso las reveladoras encuestas que levantó? ¿De qué sirvió la Misión de Observación de la Unión Europea que otorgó un atropellado certificado de buena conducta a las controvertidas elecciones presidenciales de 2006?
No tengo la información para imputarle a estas instituciones o personas actos de corrupción o complicidad. Señalo, simplemente, la importancia de preocuparse por saber lo que han hecho, cuánto nos ha costado y de qué ha servido. Dado que algunas han recibido recursos públicos debería interesarse la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación.
Si la transparencia y la rendición de cuentas han permitido detectar a los simuladores en los organismos públicos de derechos humanos, es conveniente hacer lo mismo con los organismos multilaterales. Sería el mejor reconocimiento para esos dos italianos que arriesgaron sus carreras por nuestros derechos.
La miscelánea
La pedofilia llega, toca otra vez a la Suprema Corte. En buena hora atrajo el escandaloso asunto de un niño de cuatro años, violado con sadismo mientras filmaban su agonía para alimentar la próspera industria del porno infantil. La tragedia se dio en el Instituto San Felipe de Oaxaca y después de mucho batallar la madre logró que se dictara orden de aprehensión contra Hugo Constantino y Adán Pérez; cuando iban a ser detenidos por agentes de la AFI pudieron escapar por la intervención de la Policía Estatal de Ulises Ruiz, un paladín de la impunidad. ¿Cumplirá la Suprema o repetirán la pantomima del “Gober” Mario Marín?
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