Durango es una de las entidades federativas con menor incidencia en corrupción.
Durango destaca entre los cuatro estados del país que logró un mayor incremento en los niveles de transparencia durante los dos últimos años, de acuerdo con un análisis de los indicadores publicados ayer por el organismo ciudadano Transparencia Mexicana.
Dichos indicadores reflejan, además, una tendencia positiva en la cultura de la legalidad y mejores prácticas de buen gobierno en la entidad, según los estudios de opinión levantados de manera imparcial por el mencionado organismo.
De ese modo, el estado de Durango pasó del lugar 27 que tenía en 2005 en indicadores de transparencia al lugar número 11 a nivel nacional en 2007, siendo de las entidades federativas con menor incidencia en corrupción, confirmó el último reporte del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno.
Es decir, mientras que a nivel nacional en el 10 por ciento de trámites de diversos servicios públicos evaluados por este estudio, se registró alguna situación de supuesta corrupción, en Durango, este fenómeno presuntamente sólo se presentó en el 6.5 por ciento de los casos.
En ese sentido, de 2005 a 2007, Durango ha mostrado un desempeño integral y favorable en el combate a la corrupción, como “la mordida”, “sobornos” y otras prácticas lesivas en diversos trámites en el sector de servicios públicos.
El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007 confirma una tendencia positiva del Estado de Durango en la generación de cambios concretos en el marco institucional y en la cultura de la legalidad.
Este reporte mostró que Durango avanzo 16 posiciones entre los estados con menores niveles de corrupción.
Así, Durango se encuentra entre los 11 estados con mayor transparencia y mejores prácticas de buen gobierno. La entidad destaca junto con otros estados como Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Quintana Roo, Zacatecas, Sonora, Nuevo León y Oaxaca.
Cabe destacar que Transparencia Ciudadana es una organización no gubernamental que enfrenta la corrupción en México desde una perspectiva integral, a través de políticas públicas y actitudes privadas que van más allá de la consigna política, para generar cambios concretos en el marco institucional y en la cultura de la legalidad en el país.