Durango transita sin transparencia

EL SIGLO DE DURANGO

GUADALUPE VICTORIA, DGO.- Sin transparencia. Comisiones que, según la Barra de Abogados, no sirven. Respuestas con evasivas que los funcionarios emiten, cuando lo hacen, para no informar. Además de las grandes fallas contenidas en la Ley de Acceso a la Información son las herramientas con las que se clarifica la administración estatal.

Manuel Antonio Córdova López, encargado de las oficinas de Enlace de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Durango (CAIPED), hasta se burla cuando este medio solicita información de las obras realizadas en los poblados Felipe Carrillo y Santa Catalina de Sena.

Otro caso es el de Pedro Luna Quezada, dirigente nogalero de Nazas, quien denunció a este medio que luego de agotar el proceso de solicitar información, las respuestas emitidas por las dependencias gubernamentales, lejos de aclarar el fin de los recursos públicos, lo nublan.

“Están violando la ley impunemente y además no hay transparencia”, sostuvo el dirigente.

PRUEBAS

El Siglo de Durango cuenta con la solicitud de información presentada el pasado 27 de febrero del presente año, y pasados los 20 días que marca la ley como lapso para que las dependencias emitan su respuesta no se ha tenido alguna ni del encargado, aquí en Victoria, ni de la CAIPED.

Luna Quezada también cuenta con una serie de papeles en los que muestra la solicitud de información con su respectivo sello de recibido y fechado el 21 de enero del año en curso; el líder campesino señaló que no hay disposición de las autoridades para clarificar la administración de los recursos.

Aunque también presentó la respuesta que la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado emitió, Luna señaló inconsistencias en la respuesta de la dependencia: “¿Cómo no van a saber dónde está el dinero?, si ellos mismos son quienes lo reparten a las diferentes organizaciones”.

¿Y LA BOLITA?

El documento del caso Luna especifica la intención de conocer el presupuesto con el que cuentan las organizaciones sindicales CTM, CROC, CROM y la Unión de Transportistas “Benito Juárez” en el Estado para este año.

Se sabe que se aprobaron más de 40 millones de pesos a las organizaciones no gubernamentales, de los cuales diez ya se han aplicado, dedujo Luna, por estar en el tercer mes del año.

A lo anterior, Finanzas del Estado respondió canalizando al solicitante a otra secretaría que no especificó y mencionó dos posibles dependencias: la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesoe).

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango establecea que la facultad de ampliar o reducir el Presupuesto de Egresos de los recursos asignados a los programas a cargo de las dependencias y entidades está a cargo de la Secretaría de Finanzas.

Esta misma dependencia también debe vigilar los subsidios que conceda el Gobierno del Estado a instituciones o a particulares y comprobar que se destinen a los fines y en los términos establecidos.

Sin embargo, “a más de un mes de finalizado el lapso que la ley impone para responder a las solicitudes y ofrecer la información que la ciudadanía requiere no hay respuesta”, redundó Luna Quezada.

RESPONSABILIDAD

En el artículo 63 de la Ley Federal de Acceso a la Información en su título cuarto, referente a las sanciones, se establece que serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, por incumplimiento: usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida, información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión.

Asimismo, actuar con negligencia, dolo o mala fe, en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta ley.

En la respuesta emitida que da la Secretaría de Finanzas dice que no cuentan con un documento que contenga las Reglas de Operación para la partida 5400503, que son los apoyos a agrupaciones varias, y la partida 5300506, que refiere apoyos a organizaciones no gubernamentales en el presente año.

Esto, pese a que dentro de sus facultades establecidas en la Ley Orgánica, la Secretaría de Finanzas debe saber cómo está distribuido el recurso destinado a las organizaciones.

“La Secretaría de Finanzas tiene conocimiento de cómo se distribuyen y aplican los recursos por que quedan establecidos en la Ley de Egresos” explicó Rumualdo Miranda, presidente de la Barra de Abogados.

LEY MOCHA

La Ley de Acceso a la Información, pero a nivel estatal, contempla 59 artículos que regulan el proceso de informar, de los cuales 27 tienen fallas, es decir, hay una regulación a medias.

“El mismo Ejectivo es quien designa a dichos comisionados, ésa es una de las irregularidades tremendas. ¿Cómo va a tener autonomía una comisión que es nombrada por el gobernador? Es ser juez y parte; esta ley está diseñada para proteger a los servidores públicos y no para informar”, señaló Miranda.

Asimismo, el catedrático de la Universidad Iberoamericana, Juan Francisco Escobedo Delgado, y especialista del tema expresó desde el mes diciembre del 2006 que la ley estatal contiene claroscuros.

“Hay que revisar a fondo el modo como ha legislado y ha diseñado a sus instituciones responsables de atender el tema para estar en condiciones de cumplir con los parámetros nacionales”, dijo en aquella ocasión Escobedo Delgado, cuando se celebró un convenio firmado por el entonces presidente municipal, Jorge Herrera Delgado, quien ahora ya promueve la reforma a nivel estatal.

En dicho convenio estuvo presente el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, y se establecieron las bases de colaboración que permitan el desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la información, a través del Sistema Infomex.

Seis meses después, en julio del 2007, se reformó la Ley Federal de Información. A la fecha las normas estatales de información no han sido cambiadas y a menos de cuatro meses de terminar el plazo establecido siguen sin modificación alguna.

Aunque la página de Internet de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Durango (CAIPED) anuncia que la última actualización de la misma fue el 13 de febrero de este año, no hay datos recientes acerca de los apoyos a las organizaciones sociales.

ARGUMENTO

El artículo tercero de la Ley de Egresos para el ciclo 2008 faculta a la dependencia de las finanzas a interpretar dicha ley, argumentando, para que se aplique correctamente el recurso.

Esa ley tambien otorga la posibilidad de reservarse la autorización para ministrar fondos a las dependencias. Es decir que se tiene un control de los recursos.

La respuesta de la Secretaría de Finanzas fue contundente al expresar que no tiene conocimiento de las Reglas de Aplicación.

El caso Luna, y el de El Siglo de Durango, son una muestra. Pero al profundizar en la “información de la transparencia” se puede observar claramente que la Comisión ni la Ley de Acceso a la Información son funcionales.

En un estudio realizado por el IFAI, denominado Métrica de la Transparencia en México, se realizó una valoración del acceso a la información en el país. Expresa que este ejercicio se hace con dificultad, y aunque la mayor parte del territorio no alcanza un nivel satisfactorio en el servicio hay casos que pueden señalarse como modelos como el Distrito Federal, Coahuila o Nuevo León.

Información de Internet, Atención a Usuario y Calidad de Respuestas fueron los conceptos evaluados. En la primera categoría, Durango tiene la mitad de los requerimentos cubiertos; mientras que en la segunda no llega ni al 20 por ciento.

En la calidad de respuestas es pésima, según el resultado de dicho estudio, porque cubre el cero por ciento de los requerimentos. En promedio sólo se abarca la cuarta parte de las parámetros estipulados por el IFAI para ser un estado transparente.

DUDAS

Estar en los últimos lugares en estas valoraciones pone en duda la transparencia con la que el Gobierno del Estado se ha promovido con un gasto en su manejo de imagen. El informe no favorece en lo más mínimo al Ejecutivo estatal.

La ineficacia del sistema de información no sólo afecta a los usuarios sino a la imagen de todo el estado porque la gente se aleja de sus gobernantes.

“No hay credibilidad en las comisiones, éstas se hacen simple y sencillamente con el fin de proteger a los funcionarios en turno; no tienen una función coercitiva o que realmente le sirva a la sociedad”, concluyó Miranda Martínez, titular de la Barra de Abogados.

“No sé como se atreven a decir que son un gobierno transparente”, puntualizó el productor nogalero Pedro Luna.

CONCIENTIZACIÓN

Aunque ya se anunció la reforma a la ley estatal, ocho meses después de las elecciones registradas en el 2007, es preciso señalar que también se requiere concientizar a los servidores públicos de su obligación para facilitar los datos requeridos.

Cabe mencionar que en la reforma próxima no sólo se debe buscar a especialistas como anunció el diputado Herrera Delgado que se hará; se pueden hacer consultas y comparaciones con las leyes ya sea de Nuevo León o Coahuila para mejorar el servicio de transparencia en Durango.