Han transcurrido ya casi 4 años desde su apertura y el Distribuidor Vial Revolución (DVR) sigue dando de qué hablar y causando molestias a la ciudadanía de Torreón. A la extensa efemérides de esta ominosa historia ahora hay que agregar el sábado 19 de enero de 2008, día en el que inició oficialmente el proceso de demolición de la fallida obra que tanto ha costado —y costará aún más— al erario público. Aunque la actual Administración parece decidida a enmendar el inmenso error de su antecesora y poner fin a este infame caso, los ciudadanos todavía no pueden bajar la guardia.
Qué lejana se ve hoy aquella jubilosa tarde del viernes 30 de enero de 2004 en que fue inaugurado lo que el Gobierno del Estado, entonces encabezado por Enrique Martínez y Martínez, presumía como el complejo vial más importante jamás construido en esta ciudad. Pero el fatal accidente del 7 de febrero y el aparatoso percance del 13 de mayo de ese mismo año hundieron la alegría y el orgullo originales en el fango, y escribieron los primeros capítulos de esta nefasta novela de la cual aún no se escriben sus últimas páginas.
Conforme aparecían las pruebas —publicadas todas por El Siglo de Torreón—, las sospechas iniciales de que la obra presentaba fallas graves iban convirtiéndose en severos cuestionamientos de la ciudadanía, los cuales no encontraron respuesta alguna en voz de las autoridades estatales, quienes, de forma intolerante e irreflexiva, preferían descalificar a todo aquel que osara a poner en duda la calidad del DVR.
No fue sino hasta el cambio de Administración que el reclamo de los habitantes de Torreón fue escuchado. Luego de un estudio realizado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Gobierno encabezado por Humberto Moreira Valdés tomó la decisión de destruir el DVR y erigir otro complejo vial en su lugar. Además, las nuevas autoridades aseguraron que procederían contra los ex funcionarios públicos y empresas que resultaran responsables de los errores cometidos durante la construcción.
Pero pasaron meses de especulaciones y de plazos vencidos antes de que se diera la orden definitiva de cerrar los cuatro viaductos del DVR, hecho que ocurrió el 19 de mayo de 2007, y de que abrieran los procesos penal, civil y administrativo correspondientes para fincar responsabilidades.
Respecto a esto último, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila decidió proceder penalmente contra una sola persona, el ex director de Caminos de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, Manuel Gómez Parra, quien logró conseguir un amparo para enfrentar el juicio en libertad.
Por su parte, la Secretaría de la Función Pública encontró responsables a dos ex empleados de la Dirección de Caminos, de quienes se reservó sus nombres y sobre los cuales aclaró que, contrario a Gómez Parra, serían sometidos a un procedimiento administrativo.
Además, la secretaría anunció que interpondría una demanda civil en contra de las tres empresas que participaron en la obra —la proyectista BM, la constructora Acolsa y la supervisora Coordina— para exigir la indemnización de 240 millones de pesos por concepto de reparación del daño, cantidad aproximada al costo total del DVR, incluyendo reparaciones, estudios y demolición.
A muchos extrañó que de toda responsabilidad quedara libre Jorge Viesca Martínez, ex secretario de Obras Públicas, quien a pesar de las evidencias mostradas en su momento, encabezó una defensa a ultranza de la obra, y luego de la catástrofe, guardó absoluto silencio. Recientemente fue abordado por reporteros, los cuales le cuestionaron sobre el polémico asunto, a lo que el ex funcionario se limitó a responder que “por ahora” no hablaría del tema.
Acerca de la obra que sustituirá al DVR, el Gobierno de Moreira presentó a finales de 2007 el proyecto del Sistema Vial Revolución (SVR) que consta de 7 puentes ubicados en el lugar y alrededores del complejo que será demolido, y que tendrá un costo de alrededor de 450 millones de pesos. Si se suma esta cantidad a la invertida en la obra anterior tenemos que, en caso de que todo salga bien en adelante, el “chistecito” habrá costado la friolera de 690 millones de pesos, es decir, más de la mitad del Presupuesto de Egresos de Torreón para este año.
Es por todo lo anterior que los ciudadanos no deben bajar la guardia y permitir que un error tan grande como el DVR se repita. Además, la vigilancia y la exigencia de la población son de vital importancia para que este aberrante caso no quede impune.
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