El proceso de demolición del DVR se retrasó unas semanas y se espera completarlo para julio. (Fotografía de Sergio Reyes)
Muestras de concreto que serían pruebas aún están ‘en análisis’.
A dos años de que un peritaje determinó la demolición del Distribuidor Vial Revolución (DVR) y a un año de que sus puentes fueron cerrados a la circulación, no se han deslindado responsabilidades por los defectos de la obra y el Gobierno de Coahuila ni siquiera ha presentado la demanda contra las empresas que participaron para que repongan al erario los 140 millones de pesos que costó el DVR.
El DVR está a unas semanas de ser demolido completamente, pero hasta ahora la diligencia judicial se ha limitado a extraer muestras de “corazones de concreto” para determinar los defectos en la obra, que servirían como pruebas en un proceso jurídico contra las empresas que se encargaron de la construcción (Acolsa, en Torreón) y la supervisión (Cordina, con base en la Ciudad de México).
Ayer se cumplieron dos años del día en que el Gobierno del Estado hizo público un estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León que dictaminó demoler el DVR. Un año después, el 15 de mayo de 2007, se cerró el viaducto 50 (RevoluciónPeriférico) luego de que un estudio de la firma Grupo de Ingenieros Militares Asociados determinó que había riesgo en el uso continuo del DVR.
Cuatro días después del cierre del viaducto 50, el 19 de mayo de 2007, fueron cerrados todos los viaductos del DVR y desde entonces la obra dejó de utilizarse de manera definitiva. En marzo pasado comenzó la demolición de la obra, luego de que se tomaron muestras de concreto para usarse como pruebas en un eventual juicio.
Pero hasta ahora el Gobierno Estatal no ha promovido ninguna acción contra los responsables de la obra. Héctor Nájera Davis, director de Defensoría Jurídica del Gobierno del Estado, dijo que las muestras de concreto se enviaron a análisis a un laboratorio especializado y será hasta que se cuente con los resultados cuando “estaremos en condiciones de presentar la denuncia civil”.
Mientras tanto, en febrero pasado, la Secretaría de la Función Pública exoneró a Jorge Viesca Martínez, quien fuera secretario de Obras Públicas en la Administración del gobernador Enrique Martínez, cuando se construyó el DVR, que fue abierto en enero de 2004.
Para la Procuraduría de Justicia de Coahuila, el único señalado como responsable es el ex director de Caminos y Puentes de la Secretaría de Obras Públicas, Manuel Gómez Parra.
Nájera rechazó que haya lentitud en el proceso para sancionar a los responsables de las fallas en el DVR. “Vamos en la etapa que es la presentación de la demanda civil que se hará con base en los términos en que se tenga el resultado del análisis de las piezas del concreto”, dijo. Mientras tanto, la demolición del DVR continúa.
