“Nunca dejé que la escuela interfiriera con mi educación”.
Mark Twain
La experiencia internacional nos demuestra que la educación es uno de los instrumentos fundamentales para rescatar a un país de la pobreza. Por eso es tan doloroso que en México nuestro sistema educativo haya sido secuestrado por grupos de poder cuyo único interés es aprovechar los presupuestos gubernamentales para su beneficio.
Los mexicanos nos hemos acostumbrado ya a que el 15 de mayo, más que ofrecernos un momento de reflexión sobre el relevante papel de los maestros en la vida de nuestro país, se convierta en el inicio de una temporada de manifestaciones y plantones con propósitos fundamentalmente políticos o económicos.
Estas movilizaciones son organizadas en su mayor parte por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, que busca arrancarle a la maestra Elba Esther Gordillo el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, el mayor sindicato de Latinoamérica.
Algunos de los estados más pobres del país son las principales víctimas de estas movilizaciones anuales. Oaxaca es el caso más patético. A lo largo de 28 años la CNTE y la Sección 22 del SNTE han paralizado las clases todos los meses de mayo y a veces mucho más. Ahora han anunciado que lo harán nuevamente a partir de este próximo 21 de mayo.
No falta quien diga que esta situación es parte de los usos y costumbres políticos de Oaxaca y que por lo tanto no debemos inquietarnos. Pero los paros son en buena medida responsables del bajo desempeño educativo de Oaxaca.
Los líderes de la Sección 22 del SNTE quieren más dinero. No sorprende. A fin de cuentas los sindicatos son un negocio y los sindicatos de dependencias gubernamentales buscan siempre cómo quitarles más dinero a los contribuyentes para aprovecharlo ellos. La CNTE y la Sección 22 no aceptan el aumento de 5.8 por ciento otorgado por la SEP, y que está vigente ya desde el pasado primero de abril (aunque, por cierto, no dejan de cobrarlo). Quieren un simple y redondo 100 por ciento de incremento.
Pero el dinero no lo es todo. Exigen que el SNTE emita una convocatoria para el relevo del mando en la Sección. ¿Es correcta o no la exigencia? No lo sé, pero no debería ser razón para suspender las clases de los niños oaxaqueños. Piden también que les “devuelvan” las escuelas en que están dando clases maestros de la Sección 59, que no controlan ellos sino el SNTE de Elba Esther. Pero las escuelas públicas no deberían ser propiedad privada de ningún grupo sindical.
Los sueldos de nuestros maestros son bajos, pero más lo son los del resto de los trabajadores de nuestro país. Según el “Informe sobre la Educación en México” de la OCDE de 2006, los docentes en México reciben una mayor remuneración que sus contrapartes en otros países en comparación con el promedio de los ingresos del resto de los trabajadores.
México, de hecho, gasta una proporción mayor de su Producto Interno Bruto en educación que el promedio de los países desarrollados. El problema no radica en la cantidad de dinero sino en la manera en que se gasta.
Otros países del mundo nos han demostrado que la cobertura y la calidad de la educación tienen poco que ver con el dinero. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un gasto muy fuerte en educación, pero un mal desempeño en las pruebas comparativas internacionales. En cambio, Corea del Sur, la República Checa y Finlandia logran resultados muy positivos con cantidades de dinero significativamente inferiores.
Si queremos mejorar la educación de nuestro país, y ayudar realmente a los más pobres, debemos eliminar ese control malsano que los distintos grupos sindicales mantienen sobre el sistema educativo. Los maestros deben ser contratados por su capacidad y no por ser miembros de un sindicato o por haber asistido a una determinada escuela normal. Debemos introducir un sistema independiente y profesional de evaluación de la educación que se aplique incluso a universidades. La remuneración debe definirse sobre la base de los resultados educativos. Los maestros que no tengan capacidad de enseñanza, o que no acudan a las aulas por cualquier razón, incluso por estar participando en movilizaciones políticas, deben ser destituidos.
No podemos seguir aceptando el discurso o las acciones de los líderes políticos y sindicales que por un lado dicen defender los intereses populares y por el otro dejan a los más pobres sin acceso a la educación.
¿GUERRILLERA AL FIN?
Según información publicada en Ecuador, el Gobierno de ese país sí presentaría acusaciones en contra de Lucía Morett y otras sobrevivientes del ataque colombiano a un campamento de las FARC por su presunta relación con la guerrilla. Morett ha insistido que ni ella ni los otros mexicanos en el campamento eran parte de la organización. La propia rectoría de la UNAM ha entrado en el tema y ha negado la participación de los estudiantes en la guerrilla, pero sin presentar pruebas de ello. Si se confirma la información que ayer se dio a conocer, habrá que ver qué pruebas convencieron a las autoridades ecuatorianas de cambiar su punto de vista.
