El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad es otra respuesta mediática a la creciente y desesperada demanda de la sociedad mexicana de detener la galopante inseguridad que azota al país. Las variantes son de forma, pero hasta hoy todavía no son de fondo: en esta ocasión participaron los tres poderes de la Unión; los gobernadores y el jefe de Gobierno de las 32 entidades federativas; y hasta representantes de la sociedad civil, que cuestionaron severamente las acciones gubernamentales y reclamaron resultados en un tono inédito en México, pero las acciones y los compromisos son fundamentalmente los mismos.
Al revisar los 74 compromisos que incluye el Acuerdo surgen dos grandes interrogantes: 1. ¿Por qué hay que esperar tragedias como la del joven Fernando Martí para tomar estas acciones? 2. ¿Por qué todo se plantea como si se partiera de cero, si muchos de esos compromisos han sido reiterados varias veces por las distintas instancias de Gobierno y la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, aprobada en el mismo Consejo Nacional de Seguridad Pública el 7 de marzo pasado las contemplaba específicamente?
Al revisar los compromisos, llama la atención, entre otros, el planteado con el número 4: “Formular y emitir una estrategia nacional contra el ‘lavado’ del dinero”. ¿Acaso no se ha repetido hasta la saciedad que precisamente donde hay que golpear al crimen organizado es en sus finanzas? ¿Entonces qué se ha hecho hasta hoy al respecto?
También el compromiso 5: “Fortalecer la capacidad institucional del Ministerio Público Federal”. ¿Hasta hoy se dan cuenta que lo tienen que hacer? Y el 16: “Presentar a consideración del Congreso de la Unión un paquete de reformas que fortalezcan la capacidad del Gobierno Federal en materia de seguridad pública y procuración de justicia”. ¿Entonces qué pretendía la recién aprobada y tan cacareada reforma de Seguridad? ¿No habría qué pensar en una reforma integral y no en muchas reformas dispersas y aisladas?
Y el 17: “Consolidar el Sistema Único de Información Criminal a fin de garantizar la interconexión e intercambio de información entre instancias y órdenes de Gobierno para combatir el delito”. ¿Acaso no es la misma promesa que nos han venido repitiendo desde el inicio del sexenio?
Pero los compromisos del Poder Ejecutivo Federal no son los únicos cuestionables, pues el Poder Legislativo se compromete a impulsar en el primer periodo ordinario del Tercer Año de la LX Legislatura Federal dos legislaciones: Ley de Ejecución de Sanciones Penales para impedir la pre-liberación y otros beneficios en delitos como el secuestro (compromiso 31) y la Ley General del Delito de Secuestro (compromiso 32).
Y aquí las interrogantes son dos: ¿Hasta ahora se dan cuenta que hay que revisar la legislación penal con respecto al secuestro? ¿Diversificar la legislación para los distintos delitos será la mejor forma para combatir la delincuencia organizada o al contrario lo que hay que pensar es cómo atacarla integralmente?
Y el Poder Judicial ¿hasta ahora piensa en “fortalecer los mecanismos de selección de jueces y magistrados” (compromiso 41) y para ello se tardará todavía 30 meses? Mientras los estados apenas empezarán a “perfeccionar los mecanismos de selección y capacitación de los elementos de instituciones policiales y de procuración de justicia” (compromiso 46) o a conformar unidades especializadas en combate al secuestro (compromiso 48).
Pero el Acuerdo simplemente replantea las medidas enunciadas en los 7 ejes de la Estrategia puesta en marcha el 7 de marzo, que contemplaba entre otras cosas: la coordinación operativa de los distintos cuerpos policiacos; la interconexión e interoperabilidad de sistemas de información; la depuración de las corporaciones policiales y la evaluación de los integrantes de las mismas; la instauración del servicio de carrera policial; el diseño e implementación de indicadores de medición; y la creación de consejos ciudadanos de seguridad pública para “el seguimiento y evaluación de programas institucionales”.
Así lo único que puede ser motivo de optimismo es la indignación ciudadana, que en esta ocasión sí hizo planteamientos de forma y fondo desconocidas en México, sin embargo, mientras ésta no se generalice y se traduzca en una acción colectiva que no deje alternativa a las autoridades, nuevamente será una manifestación inmediata ante un hecho conmovedor y repugnante, pero que finalmente no produce resultados.
María Elena Morera, presidenta de México Unido contra la Delincuencia, fue contundente al señalar que la violencia y el crimen se llevaron “lo más preciado para una persona: el sentimiento de seguridad… hemos sido despojados de nuestra libertad de vivir sin miedo, y lo hemos sido por la acción criminal de los delincuentes y por la omisión de las autoridades. Para ambos, la sociedad tiene un mismo sentimiento de rechazo absoluto”.
Y tajante señaló que en materia de seguridad “hoy estamos igual o peor” que hace 11 años, cuando nació su organización.
Precisamente por que los hechos son innegables, no sólo hay que pedirles que renuncien, como hizo Alejandro Martí en la reunión del Consejo el jueves 21 de agosto, sino construir las vías institucionales (la revocación de mandato, una versión transitable de juicio político, una versión transitable del juicio de procedencia, etc.) que permitan echarlos y sancionarlos, pues el cinismo e irresponsabilidad de muchos de los que se encontraban en dicha reunión y firmaron el Acuerdo, se manifestó en ese mismo momento, con sus desplantes, declaraciones y discursos. Y ésos jamás reconocerán sus limitaciones y fallas ni se irán voluntariamente; a ésos hay que echarlos a través de la acción ciudadana legal y pacífica, pero firme y decidida.
