“Los niños no se divierten tanto en su niñez como los adultos en su adult... erio”.
Anónimo
Debo hacer una retractación pública. Sé que me he quejado en exceso del trabajo de nuestros legisladores. Pero hoy debo reconocer públicamente que no todo lo que hacen los diputados está mal. Este pasado 30 de abril –significativamente el Día del Niño—la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de la perredista Maricela Contreras que despenaliza el adulterio.
Los diputados aprobaron esta modificación al Código Penal de la Federación de manera abrumadora: 301 legisladores la apoyaron con su voto. Eran diputados de todos los partidos políticos. No faltó quien señalara, sin embargo, que si se hubiera aplicado la regla de que un diputado no puede votar una iniciativa que lo beneficie en lo personal, todos habrían quedado descalificados.
Vale la pena señalar, sin embargo, que 31 diputados –todos del PAN— votaron en contra de la iniciativa. ¿Serían aquéllos libres de toda culpa y por lo tanto dispuestos a tirar la primera piedra? No lo sé. Pero sí sé que hubo ocho abstenciones.
¿Dónde estaban los otros 160 diputados en el último día de sesiones de la Cámara? Tampoco lo sé. Quizá estaban en moteles cercanos haciendo investigaciones de campo sobre el tema sometido al pleno para votación, pero no tengo forma de comprobarlo.
La despenalización del adulterio aún debe ser aprobada por el Senado, por lo que no le recomiendo, amigo lector, que salga usted a aprovechar la nueva libertad que nos han otorgado nuestros diputados.
Por otra parte, el adulterio sigue siendo un delito en una decena de códigos penales estatales, por lo que la despenalización federal no significa que quede uno a salvo de cualquier intento de sanción por parte de alguna autoridad. En Querétaro, de hecho, el diputado local panista Fernando Urbiola Ledesma presentó hace poco una iniciativa que haría del adulterio un delito en ese estado.
Al contrario de Urbiola Ledesma, o de los 31 panistas que votaron en contra de la despenalización del adulterio, yo estoy convencido que el Estado no tiene por qué estar metiendo la nariz en las sábanas de los gobernados. El adulterio es, y debe ser, un tema que resuelva la pareja. La práctica puede constituir una falta moral o un pecado. Puede ser también una violación de los acuerdos de un contrato de matrimonio, en que los cónyuges suelen prometerse fidelidad absoluta y permanente. Es aceptable, por lo tanto, que constituya una causal de divorcio. Pero convertirlo en un delito, como lo ha hecho el Código Penal Federal mexicano, es simplemente una locura.
Los artículos que hasta el momento tratan sobre el adulterio en el Código Penal Federal reflejan actitudes sociales y morales ya obsoletas. Según el Artículo 273, “Se aplicará prisión hasta de dos años y privación de derechos civiles hasta por seis años a los culpables de adulterio….”. El Artículo, sin embargo, no castiga a cualquier culpable de adulterio. Específica que el castigo sólo se aplicará a los adúlteros cuando cometan el acto “en el domicilio conyugal o con escándalo”. El Artículo 274 establece que sólo se procederá contra ellos “a petición del cónyuge ofendido”. En otras palabras, el adulterio es un crimen sólo si alguien más –el cónyuge— se entera.
Para no afectar a quienes practican ese extendido arte de desear a la mujer –o al hombre— de tu prójimo, el Artículo 275 aclara que “sólo se castigará el adulterio consumado”. Felizmente, porque si no el 90 por ciento de los mexicanos podríamos estar ya tras las rejas. Pero, además, el 276 dice que “cuando el ofendido perdone a su cónyuge, cesará todo procedimiento si no se ha dictado sentencia, y si ésta se ha dictado, no producirá efecto alguno”.
Los titubeos de los legisladores originales de estos artículos revelan las dificultades de reglamentar un comportamiento moral. Un acto criminal lo debe ser en todos los casos, hágase público o no; llévese a cabo en el domicilio conyugal o en cualquier otro; presente la denuncia quien la presente.
A casi ocho décadas de la promulgación del Código Penal Federal, nuestros legisladores han decidido despenalizar el adulterio. Hay que aplaudir su decisión, por muy tardía que sea. Pero hay que urgirlos a meterse más a fondo en los códigos penales y expurgarlos de todos esos artículos que castigan comportamientos no por que dañan a un tercero sino porque violan la moral de algún grupo de la sociedad. Y habría que pedirles a los diputados panistas que votaron en contra, o que hoy buscan penalizar el adulterio en Querétaro, que dejen de meter la nariz en las sábanas de los gobernados.
LEY CONTRA LA LECTURA
Finalmente nuestros legisladores convirtieron en delito el otorgar descuentos en la venta de un libro. Buscan así proteger la rentabilidad de las grandes editoriales, especialmente las españolas, y de las librerías tradicionales, que se enfrentan a la competencia de sistemas más eficientes de distribución. Las víctimas serán los lectores, que tendrán que pagar precios más elevados por los libros, y especialmente aquellos que vivan en los municipios más aislados del país, donde ya no será rentable distribuir ciertos libros. Si la medida es tan positiva como dicen los políticos y algunos de nuestros intelectuales, ¿por qué no convierten en delito el dar descuentos en la venta de alimentos o medicinas? Porque a fin de cuentas no son tan tontos: saben perfectamente que esto elevaría los precios de esos productos.
