De aprobarse la reforma constitucional que el pasado jueves iniciaron los diputados federales, México será el único país del mundo que tendrá 15 años de educación obligatoria: tres de preescolar, seis de primaria, tres de secundaria y tres de preparatoria. El promedio en el mundo es de 12 años: en Canadá, Francia, Noruega y España es de 11 años; en el Reino Unido y Estados Unidos, de 12; y en Bélgica, Alemania y Holanda, de 13.
La diferencia estriba básicamente en los tres años de preescolar, no en la educación media superior, pues en la mayoría de los países se proporciona la educación preescolar y existen programas de atención prioritaria a la primera infancia, pero sin incluirla como requisito indispensable para ingresar a primaria y, mucho menos, tres años a partir de los tres años de edad, normalmente cuando así lo hacen –como los casos de los tres últimos países europeos— incluyen únicamente un año, a partir de los 6 años.
En México, en 2002 el Constituyente permanente aprobó incorporar en la Constitución tres años de preescolar obligatorio, a partir de los 3 años de edad; el jueves 11 de diciembre, finalmente, los diputados empezaron a enmendar dicho error, antes de que perjudicara a más de un millón 100 mil menores que no habían podido cursar el primer año por incapacidad de las autoridades educativas para proporcionarlo.
Se reforma el artículo transitorio para quedar: “En el caso del primer año de preescolar, la atención educativa crecerá de manera gradual y sistemática hasta lograr su universalización. En los términos señalados, el Estado mexicano habrá de universalizar en todo el país, con calidad, equidad y reconociendo las diversidades regionales, la oferta de este servicio educativo, con apego a la concurrencia de recursos presupuestales asignados por la Federación, estados, Distrito Federal y municipios.” Así los tres años de educación preescolar son obligatorios, pero no se establecen fechas, plazos ni compromisos concretos, simplemente un anhelo.
Y además, en la misma reforma, los legisladores incorporan la obligatoriedad de los tres años de preparatoria, aunque en esta ocasión no establecen plazos perentorios, sino únicamente que ésta “se realizará de manera gradual y creciente, en diversas modalidades, con calidad y pertinencia, con la concurrencia presupuestal de la Federación y entidades federativas, y en los términos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación vigentes.”
En el artículo 3 de la Constitución se establece con precisión: “Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios—, impartirá educación, desde preescolar hasta la media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.” Y el 31 señala: “Son obligaciones de los mexicanos: I. Hacer que sus hijos, hijas o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior…”
Así de acuerdo a la minuta aprobada en la Cámara de Diputados y remitida a la de Senadores para que siga el trámite correspondiente, el Estado mexicano tiene la obligación de prestar en forma gratuita y las mexicanas y mexicanos el derecho y la obligación de recibir 15 años de educación, desde preescolar hasta la media superior.
El problema estriba en que en el mismo decreto se reconoce que el Estado no tiene la capacidad de prestarlas, en lo referente al primer año de preescolar y los tres años de la media superior; los mexicanos no tienen las vías para exigirla y, por lo mismo, obligar al Estado a cumplir dicha obligación y atender dicho derecho; y, por si esto fuera poco, el Estado no tiene forma de obligar a “los mexicanos” a cumplir con su obligación de estudiar. En pleno siglo XXI todavía se establecen derechos y obligaciones de papel, es decir, normas imposibles de cumplir y de exigir su cumplimiento.
De acuerdo a datos contenidos en el mismo dictamen, de cien alumnos que entran a primaria únicamente 12 concluyen su educación superior; pero las fugas se dan a todo lo largo del sistema educativo, incluso en el tramo que ya era obligatorio (primaria y secundaria) pues 13 no continúan con sus estudios secundarios. Otros 27 desertan antes de entrar a la preparatoria, donde otros 15 se retiran en el primero año y únicamente 25 continúan a educación superior, donde se vuelve a quedar en el camino poco más de la mitad.
Claro que la deserción se acentúa en el paso de secundaria a educación media superior y durante el curso de ésta, pero no es un problema de obligatoriedad o no, ni siquiera lo es de costos de dicho nivel educativo, es un problema de sobrevivencia; los jóvenes tienen que abandonar sus estudios porque tienen que trabajar para subsistir, ni más ni menos. Para resolverlo no se requiere establecer su obligatoriedad en la Constitución (menos cuando no es exigible), sino atender el problema económico del país.
Así la gran paradoja será que precisamente cuando el derecho y la obligación se consagran en la Constitución, es cuando se acentuará la deserción escolar en dichos niveles, por la gravísima crisis económica de la que apenas aparecen sus primeros síntomas. Y, obviamente esto sin tomar en cuenta que el incremento en las obligaciones del Estado sin dotarlo de los recursos económicos necesarios para hacerles frente, a lo único que conduce es a un mayor deterioro de nuestro ya pobrísimo nivel educativo.
