“Son los años los que, al ilustrarnos, nos
corrompen y nos convierten en cínicos”.
Llorenç Villalonga
Para el Gobierno del Distrito Federal es políticamente imprescindible demostrar que no ha sido indiferente ante la tragedia de la discoteca New’s Divine y que no ha permitido que campee la impunidad. Pero este afán está llevando a que se tomen medidas penales en contra de personas que no parecen realmente responsables de lo que se les acusa.
Un caso en cuestión es el de Alfredo Maya Ortiz, dueño del New’s Divine. Desde un principio se buscó convertirlo en el chivo expiatorio de la tragedia del 20 de junio. El problema es que los argumentos para responsabilizarlo de las 12 muertes se fueron desvaneciendo uno a uno.
Primero se dijo que Maya Ortiz era culpable de homicidio por haber pedido a los jóvenes que desalojaran el lugar durante el operativo policial. Después resultó que, cuando él hizo esa solicitud en el sistema de sonido de la disco, es porque se lo habían ordenado los policías que conducían el operativo.
Se dijo también que la salida de emergencia estaba bloqueada y que eso había provocado el apretujamiento que causó las 12 muertes. La verdad fue que tanto la salida de emergencia como la puerta principal estaban libres. Fueron los policías los que bloquearon la puerta principal ya que querían evitar que los jóvenes “se escaparan” porque no tenían autobuses suficientes para llevárselos a todos (el objetivo era detenerlos sin orden de aprehensión).
Se acusó también a Maya Ortiz de permitir la venta de drogas y bebidas alcohólicas a menores de edad en el local. Nadie encontró ninguna droga. El bar, por otra parte, tenía un letrero que señalaba que no se servía cerveza (la única bebida que se expendía además de refrescos y otras no alcohólicas) a menores de edad. Los trabajadores del lugar han señalado que se pedía identificación antes de servir cerveza. La Procuraduría consiguió, sin embargo, los testimonios de seis menores (de unos 500 clientes) ante el Ministerio Público, sin presencia de abogados o de sus padres (lo cual haría las declaraciones inválidas), que dijeron que, efectivamente, en el New’s Divine se les habían servido bebidas alcohólicas.
Servirle una cerveza a un menor es usualmente una falta administrativa que se salda con una multa. Pero éste era un castigo demasiado suave contra alguien a quien se pretendió convertir en responsable de las muertes de 12 personas. Por eso se optó por un crimen mayor y se escogió una acusación de corrupción de menores.
El Artículo 184 del Código Penal del Distrito Federal establece, en una pésima redacción, lo siguiente: “Al que por cualquier medio, obligue, procure, induzca o facilite a una persona menor de dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, simulados o no, con fin lascivo o sexual, prostitución, ebriedad, consumo de drogas o enervantes, prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos, se le impondrán de siete a doce años de prisión y de mil a dos mil quinientos días de multa”.
“Ebriedad” es una palabra que usualmente describe el resultado de beber en exceso. Pero suponiendo que tomar una cerveza produjera un estado de embriaguez, hay una gran diferencia entre servir una cerveza a un adolescente y prostituir o filmar una película pornográfica con un niño o una niña. Muchos padres mexicanos, por no hablar de virtualmente todos los de los países mediterráneos de Europa, donde es normal servir vino en las comidas a los chicos, serían considerados corruptores de menores con esta definición.
Como corromper a menores es un delito grave, una vez dictado el auto de formal prisión el señor Maya Ortiz será mantenido en la cárcel a todo lo largo del proceso (sí, señores legisladores, a pesar de todos sus anuncios de radio y televisión, en México se sigue castigando primero y juzgando después). Independientemente de cuál sea la decisión final del juez, aun si en un año o año y medio se ofrece el consabido “usted disculpe”, la Procuraduría capitalina podrá argumentar que esto fue una decisión del juez pero que ella cumplió con su deber al presentar sus pruebas ante el juez. Pero aun eso no ha sido suficiente. La PGJDF ahora está buscando una consignación por homicidio culposo en contra de Maya Ortiz.
Hay algo particularmente perverso en buscar chivos expiatorios en una tragedia humana. Pero nosotros no debemos dejarnos engañar. Las muertes del 20 de junio fueron consecuencia de la práctica de llevar a cabo operativos en los antros para detener a jóvenes sin orden de aprehensión y extorsionarlos. El homicida en este caso es quien ordenó que se llevara a cabo el operativo.
¿DOLOSO?
Fue un argumento jurídico, pero también tuvo algo de político. Guillermo Zayas, el ex comandante de la Unipol en Gustavo A. Madero, le pidió ayer al juez Rafael Guerra que se le juzgue por homicidio imprudencial y no doloso. Hasta ahí lo jurídico. Pero ya con un giro político, Zayas citó un texto del propio procurador capitalino Rodolfo Félix Cárdenas, quien participó en la redacción de un libro sobre responsabilidad penal en acciones policiales al respecto del caso de los linchamientos de Tláhuac, en el que defendió a Marcelo Ebrard, para demostrar que si alguna responsabilidad tuvo fue imprudencial y no dolosa.
