En estos días, en un pulcro esfuerzo por tomar en cuenta el pensamiento de las grandes mayorías de mexicanos, se ha abierto un debate destinado a saber qué hacer ante los retos que se presentan en lo que concierne a la iniciativa presidencial de reforma petrolera. El Gobierno aceptó la discusión abierta para que varios sectores de la sociedad fueran escuchados. Gente de toda laya está haciendo uso de la palabra en las reuniones convocadas por el Congreso de la Unión. Unos a favor de que se apruebe la reforma energética y otros a que no. Esto le da un sabor democrático que sería inútil negar, para quien quisiera hacerlo. Es, desde luego, un asunto técnico, pero tratándose del destino del petróleo se vuelve un asunto que cuenta con más espinas que un nopal en plena floración. Aun recordamos la riada de gente del pueblo acudiendo a Palacio Nacional, a fines de los años treintas, para manifestar con su presencia su adhesión a la medida nacionalista tomada por el Gobierno de entonces, que encabezaba el prócer Lázaro Cárdenas.
Ya entrados en gastos, el gobernador de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubón, propuso ampliar el campo de la consulta llevándola a la entidades federativas para que a través de la apertura de urnas, en boletas conteniendo una o varias preguntas, se consulte al pueblo para medir su grado de aceptación o de rechazo a la medida. Esto hizo brincar a más de un gobernador estatal -tres para ser precisos- de extracción perredista que no están de acuerdo en que en sus entidades se vote en un sentido o en otro. Esto, altos mandos perredistas, consideran ni más ni menos una rebelión, por no decir una traición, considerando que al aceptar sus candidaturas se comprometieron a seguir los lineamientos del partido. En efecto, Javier González Garza, líder del PRD, dijo que la “consulta va” en todos los estados donde hay gobernadores de extracción perredista, “pésele a quien le pese”.
Esto de los mandatarios abre una gran duda: ¿los gobernadores gozan o no de libertad para decidir, con plenitud de facultades, lo que convenga o no a sus entidades? ¿Estaremos volviendo a mandos metaconstitucionales en donde, desde el centro de la República, se decía qué era bueno o qué era malo? ¿Se estará pretendiendo volver a los tiempos en que los gobernadores eran manipulados como marionetas por un poder central? En el mismo orden de cosas, es cierto que la consulta, llámese plebiscito o consulta popular, no está contemplada jurídicamente, por lo que carece de fuerza legal para darle obligatoriedad a su resultado. Eso no es lo que persiguen los dirigentes perredistas, bastará para lograr sus fines con que haya una numerosa asistencia de votantes. El asunto no se resuelve a base de “yo creo” si no que debería por fuerza estar sujeto a una opinión fundada en el conocimiento de la materia de la cual se está hablando.
Es muy fácil decir: me opongo a la reforma energética propuesta por el Ejecutivo Federal. Así nomás, llevados por un nacionalismo trasnochado. Es difícil que pudiéramos fundar nuestra afirmación o aun nuestra negativa. No es en base a una consulta popular como vamos a resolver los mexicanos nuestros desencuentros. De nada sirve que haya instituciones que para eso están, que para eso cobran. A menos que desaparezcan las cámaras legislativas y entremos en un periodo de anarquía, las consultas deben hacerse mediante mecanismos apropiados, sujetas al Estado de Derecho con las normas vigentes que nos rigen. Si lo que se pretende es desconocer a los poderes constituidos téngase en cuenta que eso nos puede conducir tarde o temprano al desquiciamiento de las instituciones públicas. Aún en los duelos los desafiantes deben ajustarse a reglas que regulen a cuantos pasos deben colocarse los rivales, si es con espada o arma de fuego, si el combate es a primera sangre o a muerte. Que se apruebe o no la reforma no debe ser pretexto para dar curso libre al nihilismo o dicho de manera que se entienda, al peor de los desbarajustes sociales.
