Los alcaldes dan un respiro de alivio con las acciones que realiza el Ejército en contra del crimen organizado.
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El 63 por ciento de los municipios está infiltrado por el narco; la presencia de los soldados es un tanque de oxígeno para los alcaldes amenazados.
Durango. Debido a la fuerte presencia del crimen organizado en el 63 por ciento de los municipios a nivel nacional, el Ejército ha irrumpido en varios de ellos para enfrentar a esta delincuencia especializada, convirtiendo estos ataques en verdaderas bombas de oxígeno para los alcaldes que viven en un asfixiante ambiente de inseguridad, sin embargo, hay gobiernos municipales coludidos con la “maña” y para éstos la intervención de los soldados significa bombas letales que los vienen a poner entre la espada y la pared, por dicha relación con el narco.
Inicio de la corrupción. “Mediante ‘cañonazos’ de dólares, las células de narcotráfico mantienen cooptadas a las policias y a miembros de las Fuerzas Armadas; figuran como fuentes de financiamientos en las campañas de gobernadores, legisladores locales y federales, así como alcaldes. Además en algunas regiones han desplazado la presencia gubernamental porque ya actúan como benefactores sociales”, declara Edgardo Buscaglia, en la revista Proceso.
Buscaglia, quien es coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, catedrático de la Universidad de Columbia y asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la ONU, señala que el narcotráfico es la expresión más rentable y agresiva del crimen organizado y su presencia es una realidad en la esfera política a través de las presidencias municipales.
De acuerdo al estudio que realizó el catedrático, poco más de 63 por ciento de las dos mil 800 alcaldías del país está infiltrado por sus células operativas y 8 por ciento está totalmente bajo control del narcotráfico.
Un respiro para los ediles. En Durango los embates de la delincuencia especializada han evidenciado la presencia del crimen organizado en la mayoría de los municipios y no sólo de un grupo o cártel, sino de por lo menos dos de los más importantes, además de sus células operativas.
Pueblo Nuevo, Vicente Guerrero, El Oro, Ocampo, San Dimas Tamazula, Canatlán, Santiago Papasquiaro y los municipios de La Laguna, por mencionar algunos, han sido escenarios de ejecuciones, “levantones”, enfrentamientos y aseguramientos de droga, sin embargo, la lucha entre integrantes de la “maña” por apoderarse de la plaza y ahora los ataques del Ejército para evitar que tomen el control del estado han arrojado saldos cada vez más violentos.
Los alcaldes están amenazados, algunos coludidos, al momento en que un reportero pretende obtener una entrevista para que opinen sobre los actos delictivos en sus comunidades callan de inmediato y hasta le corren al periodista, después “fuera de libreta” piden al comunicador que no publiquen nada al respecto por que los sicarios los tienen prácticamente asfixiados con sus manifestaciones de violencia.
Invaden zonas rurales. En las últimas semanas las acciones de la Décima Zona Militar han logrado desarticular células del crimen organizado y con esto inhibido sólo un poco la presencia de estos delincuentes que tienen asoladas las comunidades.
La lucha no sólo por el territorio sino por el poder absoluto incluyendo el del Gobierno ha sido a muerte, los grupos delictivos han desafiado a la autoridad y constantemente se atacan entre ellos; desde el año pasado los embates han cobrado más de 36 vidas de agentes policiacos de las tres instancias de Gobierno y en cuanto a civiles, se estima que el número de ejecuciones pronto llegará a 200, sólo en el 2008.
La invasión del narcotráfico, según lo comenta Edgardo Buscaglia, fue detectada desde el 2001 por la Secretaría de Desarrollo Social en las zonas pobres del país; se advirtió que en distintas regiones había obstáculos para aterrizar los programas sociales debido a la fuerte presencia de grupos criminales.
En el estudio “Producción, tráfico de estupefacientes y microrregiones prioritarias” realizado por Sedesol en 2003 se identifican a municipios indígenas de Jalisco, Durango y Nayarit como lugares con fuerte presencia del narcotráfico tanto en el campo como en la actividad política.
Esta situación ligada a la corrupción de los cuerpos policiacos, donde no les quedaba de otra más que “jalar o jalar”, pues no era posible combatir a los delincuentes con pistolitas por parte de las policías municipales y aunque algunos no colaboraban con el narco, simplemente no hacían nada para detenerlos ni mucho menos para denunciarlos.
La lucha por la plaza es a muerte. En el momento en que un grupo ajeno al que estaba operando en complicidad con algunas autoridades pretende penetrar su mercado en la entidad se empieza a formar la ola de violencia, el ataque a policías fue un claro mensaje de corrupción en algunos casos y de desafío a la autoridad en otros, situación que no se ha sabido manejar ni solucionar, pues menos del 30 por ciento de las ejecuciones de agentes se ha logrado esclarecer, es decir, más de 20 uniformados han muerto a manos de la impunidad.
Los “levantones” y ejecuciones en contra de integrantes de cárteles antagonistas desató una serie de reacciones en las corporaciones, pues las locales con el pretexto de no ser de su competencia y las federales con la poca cantidad de elementos destacamentados, prácticamente decidieron no hacer nada para el esclarecimiento de estos delitos.
En este año, los ataques en contra de la Policía reflejaron un poderío inmenso por parte de la delincuencia, se atrevieron a lanzar granadas en contra de los elementos y de las mismas instalaciones de la Procuraduría estatal, además realizaron ejecuciones enfrente de la delegación de la PGR y ejecutaron a un agente federal también casi afuera de su corporación.
DATOS
QUIEREN TODO EL TERRITORIO
Guanaceví. Los primeros días de marzo en el municipio de Guanaceví fueron emboscados cuatro elementos de la DEI, donde perdieron la vida el comandante Nemesio Barraza Torres, de 46 años, y dos de sus agentes, José Cuéllar Nájera y César Alfonso Lara Pérez, de 35 y 40 años, respectivamente, a quienes además les quitaron las armas y les lanzaron una granada a la patrulla como una afrenta en contra de la Procuraduría.
Guadalupe Victoria. El 17 de mayo, fueron levantados los agentes de la DEI Jorge Serrano Acevedo y Jesús Cabada López, quienes hasta la fecha no han aparecido.
Poanas. El 4 de junio el crimen organizado dio muestras de su poderío y en un embate con armas de alto calibre y granadas irrumpió en el domicilio de los agentes y los acribilló, perdiendo la vida en ese momento la comandante Gisela de la O. y sus compañeros Felipe Martín Hernández Hernández, de 37 años de edad, y Filiberto Olivas Luna, de 22
Canatlán. El 17 de junio el agente de la DEI, Jesús Soto Duarte, de 49 años de edad, fue atacado y muerto al detonar un explosivo que le arrojaron cuando estaba en la puerta del domicilio donde vivía con sus compañeros.
Cuencamé. El 25 de agosto asesinaron al comandante de la DEI, Ramón Escamilla, en el interior de su vivienda en el municipio de Cuencamé; el homicida se brincó al patio de la vivienda y por la ventana le disparó hasta verlo que caía sin vida.
La capital. El 27 de agosto fueron acribillados el comandante Alfredo Ontiveros Pacheco y los agentes Guadalupe Gutiérrez Flores y José Ángel Torres Vázquez, quienes estaban cenando en una fonda en el fraccionamiento San Antonio.
DATOS
“TOPETEAN” LOS SOLDADOS A “LOS ZETAS”
Lerdo. La respuesta del Ejército se dio apenas hace unas semanas. A mediados de septiembre los soldados detuvieron a tres presuntos integrantes de “Los Zetas” en las inmediaciones del rancho El Cañón, ejido San Jacinto. Los detenidos, quienes aceptaron ser del Cártel del Golfo, responden a los nombres de Juan Miguel Romero Coronado, de 30 años; Jesús Alfonso Moreno Rodríguez, de 19; y Juan Pablo Moreno Rodríguez, de 29 años.
Se les aseguraron una camioneta Hummer y una Lobo en donde transportaban un fusil marca Barrete calibre 50, un “cuerno de chivo”, un rifle 30-06, dos .22, dos pistolas .308, una .45, una más .38 Especial, 16 cargadores, mil 847 cartuchos de diferentes calibres, además de un kilo con 300 gramos de marihuana y casi medio kilo de cocaína.
Las Nieves, Ocampo. Otro de los fuertes golpes que asestó el Ejército en contra del crimen organizado fue el pasado domingo cuando interceptaron a seis sujetos que viajaban en dos vehículos y que a la vista de los soldados salieron a toda velocidad rumbo a una casa donde había armas, droga y un cuarto de tortura.
Los detenidos fueron identificados como: José Ernesto Flores Carrasco, de 18 años de edad, originario de Culiacán, Sinaloa; Isaac Guadalupe Vargas González, de 21, originario de Culiacán, Sinaloa; Samuel González González, de 34, originario de San Bernardo, Durango; Luis Alonso Ibarra González, de 34, originario de Las Nieves, Durango; Francisco Hernández Gómez, de 35, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua; y Lamberto Gurrola Hernández, de 27, también de Las Nieves.
El Carrizo, Ocampo. El mismo domingo, de una manera fortuita, los soldados detectaron una camioneta Expedition en un puesto de control, ubicado en El Carrizo, justo después de haber asegurado a los presuntos delincuentes en Las Nieves.
Tras someter a los tripulantes, quienes llevaban tatuajes al por mayor y algunos dijeron ser de Sinaloa, Sonora y Chihuahua, les aseguraron seis armas de fuego y cocaína, siendo éstos Édgar José Guerrero Villalobos, Leo Antonio Camacho Mendoza, Marco Nel Camacho Mendoza, Antonio Espinoza Valenzuela y José Gutiérrez Navarro.
