Para el Gobierno capitalino la lógica es muy sencilla. Alguien tiene que pagar el costo político de la tragedia del New’s Divine. Qué importa si es alguien que no tiene nada qué ver con el asunto: una simple familia que alquilaba un local a un tercero para que llevara a cabo una actividad económica legal y que contaba, además, con todas las autorizaciones legales necesarias.
Quizá para demostrar que es un verdadero hombre de izquierda, y por lo tanto enemigo de la propiedad privada, Ebrard se ha dedicado a expropiar predios privados desde el principio de su Administración. En Tepito, en Ixtapalapa, en el Centro Histórico y ahora en la Gustavo A. Madero, el jefe de Gobierno ha utilizado la expropiación como una forma de castigo para quienes considera criminales –sin tomarse la molestia de esperar a que los jueces determinen su culpabilidad- o simplemente porque le conviene hacerlo políticamente.
Este ha sido el caso de la expropiación del predio del New’s Divine. De poco sirvió que se demostrara que los dueños no eran los operadores de la discoteca. O que se haya hecho claro que los delitos y abusos que llevaron a la muerte de 12 personas el 20 de junio no los cometieron los dueños del centro de diversión sino los subordinados de Ebrard en el Gobierno del Distrito Federal. O que se haya comprobado que el centro de diversión operaba con todos los permisos que requiere la Ley. O que no se haya encontrado droga en el inmueble. O que el Artículo 14 de la Constitución señale que “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”. O que el Artículo 22 de la Constitución prohíba la pena de “confiscación de bienes”.
Que se cuide el que alquila, nos dice Ebrard, porque será responsable de cualquier delito que se cometa en su predio. No importa que ninguna Ley prohíba alquilar una propiedad ni haga responsable al arrendador por las faltas que pudiera cometer un arrendatario. La posición del jefe de Gobierno es de una injusticia enorme. Equivale a castigar a un inocente no sólo por error, como con tanta frecuencia se hace en nuestro país, sino por sistema. Implica establecer un régimen por medio del cual se castiga a las personas por delitos que no cometieron y que nadie piensa hayan cometido.
En la mentalidad de Ebrard, una empresa que arrienda automóviles sería responsable del uso que hiciera del vehículo el arrendatario. Esta política haría imposible, por otra parte, el arrendamiento de viviendas o locales comerciales. Piense usted en una empresa que le alquile apartamentos a miles de personas. ¿Cómo podría asegurarse que ninguna de ella cometiera un delito?
La discoteca New’s Divine tenía todos los permisos necesarios para operar. Éstos habían sido otorgados por la delegación Gustavo A. Madero, la cual, por mandato de Ley, tiene todas las facultades para verificar que las condiciones de operación del lugar sean las adecuadas.
¿Eran ilegales los permisos? Hasta ahora nadie lo ha demostrado. Pero si así hubiera sido, ¿por qué debe ser responsable el arrendador del local y no la autoridad que no cumplió con su deber? Si Ebrard quiere seguir castigando a presuntos delincuentes a través de expropiaciones, entonces tendría que despojar de su casa al ex delegado Francisco Chíguil.
Ya los jueces han empezado a echar para atrás esta política de Ebrard. El dueño de un predio en Regina 97, en el centro de la ciudad, un edificio con importancia histórica, ha ganado un amparo contra el Gobierno capitalino en primera y segunda instancia por la expropiación que sufrió. Los tribunales han ordenado la restitución del predio, aunque el problema es que el Gobierno del Distrito Federal ya lo demolió. El dueño de otro inmueble expropiado, éste en Santa María La Ribera, le ganó también un juicio a Ebrard por abuso de autoridad. Pero la expropiación del local del New’s Divine demuestra que el jefe de Gobierno quiere seguir por el mismo camino y ampliar los castigos a los arrendadores.
La nueva definición de responsabilidad legal que está impulsado Ebrard es aterradora. Sería solamente aceptable en un régimen dictatorial. El jefe de Gobierno está rechazando el principio jurídico de que la responsabilidad penal es personal. Pero si un Gobierno puede castigar a un arrendador por un delito que cometió un arrendatario, cualquier persona podrá ser acusada de delitos cometidos por sus parientes, conocidos o clientes. Si lo permitimos, estaremos abriendo las puertas al surgimiento de un régimen abiertamente autoritario.
LEY MORDAZA
Los políticos nos dicen que la nueva Ley electoral que aprobaron no viola la libertad de expresión. Los consejeros del IFE dicen otra cosa. Escribe el consejero electoral Marco Antonio Gómez Alcántar, presidente del Comité de Radio y Televisión del IFE: “La compra de promocionales o programas televisivos o radiofónicos con contenido político o electoral está prohibida a los partidos políticos y a cualquier otra persona física o moral.” Esto es, la censura no sólo se aplica a los partidos o a lo electoral: se ejerce contra cualquier persona física o moral por cualquier promocional o programa con contenido político. ¿No que no había censura?
