Las modificaciones a la Constitución que nuestros legisladores acaban de operar en materia del Informe Presidencial dejaron como saldo neto el que el presidente de la República ya no tendrá contacto directo con el Congreso. Los representantes populares le han dado un sonoro portazo. La draconiana decisión respondió a una lamentable falta de visión política y un serio retroceso para nuestros procesos democráticos.
Los argumentos que se esgrimen hablan de instaurar una nueva relación de equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que resuelve el deterioro en que ésta había caído.
En efecto, después de la instalación de la Cámara de Diputados en 1997 cuando por primera vez el PRI perdió su habitual mayoría, la relación con el presidente y el Congreso se transformó no siempre hacia la cordialidad. Había habido antecedentes como cuando Porfirio Muñoz Ledo increpó al Primer Mandatario, interrumpiéndolo en uno de los Informes. Pero en la LVII Legislatura en la que predominaban los partidos de Oposición, el duro discurso crítico del presidente de la Cámara, Carlos Medina Plascencia, al recibir el Informe del presidente Ernesto Zedillo, provocó una ruidosa y violenta reacción de los priistas que invadieron la tribuna en tono de linchamiento. El inusitado hecho conmocionó al país. En ese momento, el Informe a la Nación había dejado de ser momento apoteótico, de felicitaciones y halagos, para el hasta entonces supremo poder político de México.
De ahora en adelante habría de cuestionarse la celebración del primero de septiembre, como el “Día del presidente”, fiesta nacional, con su tradicional boato que en algún año se engalanó con arcos triunfales por la avenida Cinco de Mayo, la “vía imperial”, para enmarcar la llegada por el pasillo central al presidium frente a las dos Cámaras reunidas en Sesión Solemne. El Informe mismo, extenso y detallado en cifras triunfalistas, las explosiones de aplausos marcaban las innumerables interrupciones, seguidas por las pleitesías de ansiosos funcionarios y líderes sindicales y empresariales, de jueces y militares, del cuerpo diplomático y los invitados especiales, rematándolo todo con un besamanos en Palacio Nacional para dar los parabienes al prócer del día.
Ciertamente tenía que terminarse con el viejo ritual que confirmaba la figura presidencial en turno en la cumbre de un omnímodo poder. Los partidos de Oposición, ahora en mayoría, se empeñaron en hacerlo. El PAN, en Los Pinos desde 2000, y ahora por un segundo sexenio, no evadió el compromiso.
Tocó a la actual LX Legislatura reunir el consenso absoluto, que por cierto no se alcanza para temas más urgentes, para destruir el símbolo del septuagenario régimen priista hasta sus últimos elementos.
Un momento de reflexión revela, sin embargo, que el formato aprobado la semana pasada rompe un vital hilo de comunicación entre el titular del Ejecutivo y el Congreso y deja al Informe Presidencial, que ha de ser entregado por escrito más nunca leído por su autor ante ambas Cámaras, reducido a un mero trámite administrativo, ayuno de la significación que merece. Un contacto queda, a nivel de los secretarios de Estado, que los legisladores quieran citar para desarrollar los temas específicos de su competencia mencionados en el Informe y Anexos.
La división de Poderes, ahora sí va tan en serio que se traduce en incomunicación. Impedida la presentación personal del Informe por el responsable de la orientación y coordinación de los esfuerzos de los sectores nacionales, el Poder Legislativo se receta la tarea de examinar la minucia de los asuntos reseñados con los altos funcionarios que, ”bajo protesta de decir verdad” (sic) absolverán las dudas específicas que pudieran inquietar a los señores senadores y diputados.
¿Y qué sucede con la evaluación que año con año el país espera que personalmente haga el presidente de la República del estado que guardan los asuntos nacionales, su perspectiva y prospectiva, su visión del futuro, su concepto integrador de la acción del pueblo y Gobierno?
Esta parte, el mensaje político, la medular del Informe, queda como un capítulo más dentro del texto para la lectura de los interesados, sin que el jefe del Ejecutivo lo pueda compartir de viva voz con sus compatriotas, condición indispensable para relacionarse con la ciudadanía. La muerte drástica del “Día del presidente” eliminó de un ciego golpe ese necesario ingrediente personal.
En todos los regímenes democráticos, republicanos o monárquicos, el jefe de Gobierno tiene acceso, por derecho propio o por invitación, al Congreso, al Parlamento, a las Cortes o a la Asamblea Nacional.
Nosotros trazamos una vez más nuestra singularidad, la de echar abajo fórmulas que creamos, pervertimos para luego recrearlas en otras nuevas que sólo regresan al punto inicial. Hemos creado multitud de instituciones que respondían a una necesidad para luego echarlas a perder con abusos y corruptelas. Entonces las desaparecemos para sustituirlas con otras que vuelven al punto de partida.
Somos buenos para destruir. No tan buenos para retener lo válido. La reforma que se excedió será un día corregida. Más pronto de que lo que uno se imagina.
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