El Distribuidor Vial Revolución será recordado no sólo como una obra mal hecha, sino como un monumento a la impunidad, tras el perdón otorgado por el Gobierno de Coahuila al ex secretario de Urbanismo y Obras Públicas, Jorge Viesca.
La semana pasada el secretario de la Función Pública, Ismael Ramos, afirmó que Viesca no es responsable de las fallas de construcción que tuvo el complejo vial debido que no tuvo a su cargo la supervisión del proyecto y el desarrollo de la obra.
De esta forma para el Gobierno del Estado el único responsable es Manuel Gómez Parra, quien se desempeñara como subsecretario de Caminos, bajo el argumento de que él sí tuvo contacto directo con la construcción del DVR.
La resolución resulta inverosímil, ¿cómo es posible que Viesca como secretario de Estado no conociera los errores de construcción?, ¿Acaso Gómez Parra se mandaba solo? De ser así, los coahuilenses le pagamos durante seis años su sueldo a un señor que no estaba al pendiente de su chamba y todos sus subalternos hacían lo que querían sin rendirle cuentas.
¿Es posible que una situación similar ocurra en una empresa?, por supuesto que no. Un directivo es responsable de todos los errores que se cometan en su área, está obligado a dar resultados positivos ya que por eso obtiene un sueldo alto.
Por desgracia está lógica no opera en la política, donde quienes llegan a ocupar cargos públicos muchas veces no son personas preparadas y únicamente están ahí gracias a los beneficios del compadrazgo.
El DVR cuya inversión inicial fue de 140 millones de pesos, era una obra proyectada para cien años. Sin embargo, sólo tuvo una vida útil de tres años y en enero de este 2008 inició su proceso de demolición ante el inminente riesgo de un colapso.
El perdón a Viesca provocó indignación entre la Iniciativa Privada de Torreón. Incluso los empresarios afirmaron que la resolución carece de lógica, por lo que exigirán al Estado un informe detallado de la investigación para conocer cómo se llegó a esta conclusión.
Para Fernando Royo, presidente de la Coparmex Laguna, Viesca siempre actuó como defensor del puente, además de que fue quien “se colgó la medalla de la obra”.
“Cuando comenzaron a surgir las dudas, Jorge Viesca fue quien aseveró que el puente estaba bien construido, igual el ex gobernador, Enrique Martínez. Llama la atención que hayan declarado tan a la ligera si ahora nos dicen que en realidad desconocían el asunto, fue con pleno conocimiento de la situación”, dijo.
Por su parte, Víctor Tumoine Villarreal, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, cuestionó: “¿Quién va a pagar? La Ley debe proteger los intereses de los ciudadanos, no los de particulares, Manuel Gómez Parra no se mandaba solo. Es la labor del Estado recuperar ese recurso, no puede ser que la ciudadanía tenga que correr con el pago a la negligencia porque ya no saben quién es el responsable”.
A los empresarios les preocupa que no se recuperen los 200 millones de pesos del erario, pues el Estado ya cuenta con una deuda para la creación del Sistema Vial Revolución, que generará intereses y que se pagará con dinero de los ciudadanos. Dicha obra sustituirá el Distribuidor Vial Revolución.
La preocupación de los empresarios está justificada, ya que además de la exoneración de Viesca, el secretario de la Función Pública afirmó que Gómez Parra junto a las empresas constructoras participantes en la edificación del DVR, repararán el daño causado al erario público al exigirles el pago de una suma estimada en 200 millones de pesos (entre 140 y 158 millones de construcción, más 30 millones de pesos que costará su demolición).
Sin embargo, la declaración parece ser sólo eso, ya que el mismo Armando Luna Canales, subsecretario de Asuntos Jurídicos del Estado, reconoció que será difícil que las empresas que realizaron la supervisión y construcción del Distribuidor Vial Revolución repongan el daño económico.
“Es complicado porque el monto es elevado, pero nosotros tenemos que hacer el juicio necesario para recuperarlo y en su momento ver cómo se asegura el pago”, declaró Luna Canales al periódico Palabra de Saltillo.
Obviamente Luna Canales dijo que la estrategia jurídica adoptada por el Estado es la correcta, sin embargo, no existe la seguridad de recuperar el dinero. De esta forma la población absorbería los gastos de una obra mal hecha, defendida a capa y espada por Jorge Viesca y que hoy se erige como un monumento a la impunidad.
lharanda@
elsiglodetorreon.com.mx
