Finalmente, luego de cuatro meses, la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática tuvo que reconocer lo innegable: la única resolución, consecuente con sus demandas de limpieza electoral y exigencia de eficacia y eficiencia de las autoridades electorales, era la anulación de la elección de presidente y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional.
De acuerdo a los medios de comunicación, la CNG utilizó varias de las anomalías que enlistamos en este mismo espacio en la cuarta semana de marzo, como argumento para anular la elección. Lamentablemente para el PRD esta decisión no es el fin, sino el principio de un proceso cuyos impactos, tanto al interior como al exterior del partido, serán cruciales para el futuro del mismo.
En primera instancia la CNG todavía tiene decisiones importantes por tomar: primero calificar el resto de las elecciones, particularmente la elección de los delegados al Congreso Nacional y los consejeros del Consejo Político, que contrario a lo que muchos afirman no corren en automático la misma suerte que la del presidente y secretario del CEN, primero porque únicamente habrá que revisar las casillas impugnadas y, en este caso, su número es de apenas 600 y, segundo, porque su ámbito territorial es el estatal y, por lo mismo, hay que revisar las casillas afectadas en el ámbito de cada una de las entidades para resolver sobre cada una de las 32 elecciones.
Pero todavía más trascendente será la otra resolución que le queda pendiente a la CNG: establecer las sanciones “que haya lugar a los funcionarios de las casillas anuladas, cuando se compruebe dolo, así como de otros responsables si los hubiera y así haya quedado demostrado a juicio de ella”. Pues dado lo generalizado de las irregularidades, particularmente en ciertas entidades, es evidente que éstas obedecieron a operativos organizados y coordinados y no fueron hechos aislados y espontáneos, por lo tanto, las responsabilidades seguramente recaerán en miembros prominentes de los dos grupos contendientes: Nueva Izquierda e Izquierda Unida y el fincamiento de responsabilidades y sus respectivas sanciones todavía enrarecerán más el ambiente.
Peor sería que la CNG ignorara esta función y dejara sin sanción las irregularidades, pues la impunidad es el mayor aliciente para reincidir en ellas. Y el PRD ya lo vivió en marzo de 1999, cuando se anuló por primera ocasión una elección de presidente y secretario, en ese entonces sin consecuencias para los responsables. No pueden repetir ese error.
Las complicaciones todavía son mayores por los tiempos establecidos en los estatutos y el reglamento de elecciones, pues conforme a los mismos a más tardar a principios de octubre próximo tendrían que estar votando nuevamente, que no es precisamente la mejor fecha para ello, tomando en cuenta que en el Congreso de la Unión estarán discutiéndose entre otros asuntos importantes: el presupuesto del próximo año y la tan llevada y traída reforma energética; pero además coincide con el inicio del proceso electoral federal y será la víspera del inicio de los procesos de selección interna de los candidatos a gobernador en seis entidades federativas.
Además de estas cuestiones coyunturales, hay otros tiempos permanentes que evidencian que marzo (y octubre menos todavía) del año previo a la elección no es el mejor momento para renovar las dirigencias partidistas. En 1999 las dificultades para resolver el proceso en el que compitieron Jesús Ortega y Amalia García, afectaron de manera decisiva la participación electoral del PRD en las elecciones presidenciales de 2000. En agosto de 2003, la renuncia de Rosario Robles a la presidencia del CEN perredista, era consecuencia –entre otros factores— del mal resultado electoral que obtuvieron un mes antes en las elecciones intermedias.
Así el mejor momento para renovar las dirigencias partidistas es unos meses después de las elecciones, para asegurarse que el comportamiento electoral es premiado o sancionado en la renovación de la dirigencia y no se manifiesta en una renuncia.
Por otra parte, se aseguran que las dificultades en los procesos internos no impactan decisivamente en los procesos constitucionales, pues hay mucho tiempo para superarlas. Así la mejor fecha para la elección de los dirigentes es octubre o noviembre del año de la elección.
Y aunque los conflictos en el proceso de renovación de la dirigencia partidista son únicamente la manifestación de una división mayor al interior del PRD, el Consejo Nacional no puede ignorar todos estos elementos para decidir si dentro de 30 días convoca a elecciones o considera que no existen condiciones para garantizar al realización de la misma y, por lo toma, toma una ruta alternativa, en la que más temprano que tarde se tendría que convocar a un Congreso Nacional para reformar los estatutos y, eventualmente como lo han planteado algunos perredistas, refundar el partido.
Lo desaseado del proceso, tanto de la organización como de la calificación, ya tiene un alto costo para el partido, sin embargo, es probable que –contrario a lo que opinan los involucrados— el transcurso del tiempo y la reforma energética permitan construir un mejor ambiente para convertir la crisis en oportunidad, pues de lo contrario las consecuencias pueden ser funestas, no tanto por que exista el riesgo de desaparición del partido sino porque la debacle en su participación electoral, producto de una eventual división más la pérdida del voto de los no partidistas o independientes, puede conducir a la virtual configuración de un sistema bipartidista, obviamente, sin la presencia del PRD.
