Precisamente por su repetida demanda de limpieza electoral y exigencia de eficacia y eficiencia de las autoridades electorales, el Partido de la Revolución Democrática tiene que ser más riguroso y cuidadoso en sus procesos internos y, hasta hoy, demuestra exactamente lo contrario y recurre a las mismas prácticas viciadas que condena en las elecciones constitucionales.
Dos semanas después de que celebraron los comicios, el Comité Técnico Electoral no puede dar un dato duro y contundente que permita conocer al ganador de la contienda para renovar al Comité Ejecutivo Nacional, pues el resultado de los conteos rápidos dados a conocer el domingo 16 por la noche no pueden considerarse datos ciertos en estos momentos.
El CTE fracasó en su Programa de Resultados Electorales Preliminares, que nunca pudo llegar a un porcentaje aceptable de captura de resultados de casillas para permitir considerarlo como una tendencia definitiva y a esto se agrega que las entidades con los números más bajos son las más conflictivas, como es el caso de Distrito Federal, Zacatecas y Tabasco, entre otras entidades, en las que el más favorecido es Alejandro Encinas; y Oaxaca, Chiapas y Estado de México, entre las que Jesús Ortega es el más votado.
Pero su PREP no fue su único fracaso, pues también fracasaron en el proceso de cómputo, pues a pesar de que el mismo se inició desde el miércoles 19, todavía es fecha que no pueden concluirlo y básicamente en los mismos lugares ya señalados en el párrafo anterior, además de algunas otras entidades.
Sin embargo, éstos son únicamente los últimos eslabones de una larga cadena de errores en la organización de su proceso interno. Entre otros, hay que señalar tres que fueron indiscutidos: la intromisión irregular de Andrés Manuel López Obrador, con una misiva dirigida a todos los militantes perredistas en apoyo de su candidato Alejandro Encinas.
Otro hecho abiertamente reconocido fue el anormal crecimiento del padrón de militantes, es decir, zonas donde el crecimiento era extremadamente alto o, al menos, sin correspondencia con la participación electoral del partido del Sol Azteca, lo cual permite presuponer que los distintos grupos contendientes abultaron las inscripciones para también poder abultar las votaciones. Y, finalmente, la aparición de boletas electorales en manos no autorizadas, que denunció un día antes de la elección Alejandro Encinas.
Pero las acusaciones no se detienen en estas irregularidades, pues las planillas han vertido innumerables denuncias, entre las que destaca la manipulación de los paquetes electorales, incluso con lo que ellos denominan la aparición de paquetes de casillas que no fueron instaladas; el rebasar los más de mil votantes, que fue el límite establecido para cada casilla; el acarreo de votantes, la compra de votos y hasta la intromisión de gobernadores, de todos los partidos políticos en el proceso de elección interna.
Todos los actores involucrados en el proceso electoral rechazan el llamado de Cuauhtémoc Cárdenas para anularlo y, hoy no tienen en la dirección del CTE a José Barberán, que en marzo de 1999 no vaciló en anular el proceso electoral cuando se percató de las irregularidades cometidas por los dos principales contendientes de aquel entonces: Amalia García y Jesús Ortega; hoy, Arturo Núñez, piensa que su prestigio está en juego y prefiere aferrarse a un proceso evidentemente cargado de anormalidades.
Sin duda, la decisión de 1999 fue costosa para el PRD y, muy probablemente, la debacle en la participación electoral en la elección presidencial de 2000 resintió, al menos como una entre muchas otras razones, el desprestigio que acumuló el partido por evidenciar sus prácticas en los procesos internos.
Pero no parecen aprender la lección, pues su afán de poder los vence y recurren a las mismas prácticas viciadas que tanto condenan en elecciones constitucionales. Hoy los perredistas ya brindaron su espectáculo y difícilmente se librarán del costo político que ello implica.
Las irregularidades y prácticas viciadas en las elecciones internas tienen consecuencias muy distintas de las que se cometen en las elecciones constitucionales. En las internas los costos políticos normalmente son mayores, pues se manifiestan en dos vertientes: las heridas que nunca cicatrizan y, eventualmente, conducen a fracturas; y el impacto en la preferencia electoral del partido, que en ocasiones también se nutre de las divisiones internas. En cambio, en las constitucionales, hasta hoy –incluso cuando se anula la elección y se convoca a un nuevo proceso electoral, en casi todos los casos el mismo candidato logra refrendar el triunfo— normalmente las irregularidades finalmente se reflejan favorablemente en el resultado electoral.
El PRD y los dos candidatos con posibilidades de presidir el Comité Ejecutivo Nacional deben estar conscientes que su imagen ya sufrió un duro golpe en la opinión pública y lo único que les queda, en estos momentos, es mantener la cohesión interna. Los dos grupos recurrieron a prácticas viciadas y el daño que eso le causó al partido en el exterior ya no lo pueden remediar, así que lo único que resta es evitar que también tenga consecuencias irremediables al interior del mismo partido.
