Los últimos asesinatos del crimen organizado son únicamente la confirmación de lo que sucede en México y que las autoridades reiteradamente se esfuerzan en negar: cuerpos policiacos infiltrados; amplias zonas del territorio nacional controladas por la delincuencia organizada; la ausencia de estados o zonas seguras; y la creciente impunidad de la que gozan los delincuentes en el país.
Los trágicos sucesos fueron un rotundo desmentido a las declaraciones presidenciales, que reiteradamente afirman que se le está ganando la guerra al crimen organizado. En lo que sí tiene razón el presidente Felipe Calderón, es en que la responsabilidad de combatirlo es compartida entre las tres instancias de autoridad (federal, estatal y municipal), con obvia preponderancia de las dos primeras, y que la ciudadanía también tiene que participar.
Pero su iniciativa para castigar con cadena perpetua o prisión vitalicia a los secuestradores (que sean o hayan sido integrantes de las instituciones de seguridad pública, que plagien a menores de edad o personas incapaces, que lesionen, mutilen, torturen, lastimen gravemente o priven de la vida a las víctimas y los que pretendan llevar al menor a otro país con fines de lucro) responde más a la indignación del momento, que a una estrategia general de combate a la inseguridad y la impunidad.
María Elena Morera, presidenta de México Unido contra la Delincuencia, fue contundente: “…la cadena perpetua no modifica la conducta de los secuestradores ni de ningún delincuente. Está comprobado que los delincuentes no tienen una visión de vida a largo plazo, a ellos no les importa si los vas a encarcelar 2, 10, 30 o 200 años, ellos lo único que alcanzan a mirar a corto plazo es si hay una posibilidad grande de que los detengan o hay una posibilidad pequeña de que los detengan”.
Y en México la posibilidad de que los detengan es muy baja. José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala que el índice de impunidad alcanza al 99% de los delitos que se cometen.
Y al revisar la evolución de las penas y el número de secuestros, la evidencia de su inoperancia es contundente. El Código penal federal contemplaba, desde 1955 y hasta 1984, para quien prive de la libertad para pedir rescate una pena mínima de 5 años de cárcel y máxima de 40; entre 1984 y 1996 se reformó en tres ocasiones, para modificar las penas mínimas, pero las penas máximas se dejaron en 40 años, salvo en el caso del secuestro con homicidio que se elevó a 50 años; a partir de 1999, las dos reformas modificaron ambas penas (mínima y máxima) la primera queda en 15 y la segunda, en 70 años de cárcel en el caso del secuestro con homicidio, lo cual equivale en los hechos a la prisión vitalicia.
Pero en el mismo lapso los secuestros y la impunidad crecieron. El pasado jueves 14 de agosto, la organización de la sociedad civil holandesa, Pax Christi, divulgó un informe en el que señala que México ocupa el primer lugar mundial en secuestros y de acuerdo a sus cifras se cometen entre tres y cuatro diarios. Por su parte, el jefe de la Policía Judicial del Distrito federal, Jesús Jiménez, reveló una semana antes, que en los últimos 8 años, únicamente en el DF, 1,348 personas han sido víctimas de secuestro y de éstas, 60 han sido asesinadas. Las cifras muestran que el año con mayor incidencia fue en 2004, con 191 secuestros, sin embargo, los 103 cometidos en los primeros siete meses de este año indican un nuevo repunte del delito.
A su vez, la Fiscalía para la Seguridad de las Personas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, registra que en el presente año las detenciones bajaron 26% con respecto al 2007 y éste, a su vez, había sido el que menor número de capturas registraba en los últimos ocho años. 2004, fue también el año con mayor número de detenciones, con 265; en 2007, hubo 105 y en lo que va de 2008 van únicamente 45 plagiarios detenidos.
El Consejo Coordinador Empresarial señaló en un desplegado publicado, el lunes 11, en diversos diarios nacionales: “Las sanciones y penas aplicables, por más altas que sean no tendrán un impacto real en el nivel de inseguridad que padecemos, mientras no sean acompañadas de acciones efectivas”.
El CCE propone algunas acciones, entre las que destaca, el mejorar la capacitación y el sueldo de policías y custodios; y dotar al Ministerio Público de autonomía constitucional y transformar sus oficinas en centros de atención a víctimas, como una forma de fomentar la presentación de denuncias.
Sin duda todavía hay reformas legales pendientes, pero no son prioritarias ni pueden enfocarse exclusivamente en el alza en las penas. El combate al crimen organizado requiere políticas públicas que están en el ámbito de los ejecutivos, estatales y federal, y que requieren una estrategia integral y coordinada, que debe complementar el combate frontal con acciones de Inteligencia policiaca, la incorporación de la ciudadanía en el mismo y la transformación de las dependencias responsables.
Y, hasta hoy, lamentablemente la respuesta vuelve a ser simplemente mediática, propuestas de reformas legislativas que no resuelven los problemas de fondo, convocatorias a Consejos nacionales en las que no se concreta una estrategia integral y menos se establecen acciones precisas, compromisos concretos y fechas perentorias. Así el crimen organizado seguirá ganando la batalla y la inseguridad continuará creciendo.
