No es la primera vez que se pone en tela de duda la nacionalidad de un político que asume un cargo de relevancia nacional. Los que tengan edad para eso recordarán el rubumbio que se armó cuando se decidió, por el entonces Gran Dedo, que Adolfo López Mateos fuera su sucesor o sea cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines terminaba su periodo de seis años. Se dijo del candidato que su tierra natal había sido la vecina república de Guatemala. Lo que no llevó a ninguna parte, pues en ese entonces los mexicanos nos encontrábamos en plena era priista en que los que detentaban el poder eran intocables y sus decisiones una verdad inapelable. Nos consta que López Mateos recibió el voto de los ciudadanos y duró hasta el último día de su mandato ocupando el más alto encargo a que puede aspirar un mexicano. Eso sucedió a fines de los años cincuenta. Mucho se dijo, mucho se habló, pero no pasó de ahí y no se diga que esa generación estaba integrada por gente escrupulosa, dado que lo que había y en gran cantidad eran políticos rastacueros que no les interesaba otra cosa que crear la incertidumbre en los medios políticos.
Hay quienes afirman que Mouriño, regresando al tiempo presente, el recién designado secretario de Gobernación es mexicano por nacimiento, en tanto que otros coinciden en que no cumple con el requisito constitucional para serlo legalmente. El Artículo 91 de la Constitución, a la letra ordena que para ser secretario del Despacho se requiere, además de tener treinta años y estar en ejercicio de sus derechos, ser mexicano por nacimiento. Un diverso precepto constitucional, el Artículo 30, dispone en su fracción III, que son mexicanos por nacimiento, los que nazcan en el extranjero, es el caso, hijos de padre o madre, los dos o uno y otro, mexicanos por naturalización, esto los equipara a los que nazcan en el extranjero cuyos padres, uno u otro, o ambos, sean mexicanos nacidos en territorio nacional. Este asunto, tal como se plantea está levantando una polvareda que amenaza con convertirse en tormenta de proporciones y consecuencias por ahora no imaginables. En caso de que resultara cierto que no es mexicano por nacimiento es lógico que no debe tener el encargo de dirigir la política interna del país, pues sus actos jurídicos como secretario, estarían viciados de origen.
¿Es o no mexicano por nacimiento? es lo que tiene a la nación en vilo. Si no lo fuera ¿querría decir que el afecto que le tiene el presidente a Juan Camilo es tan fuerte que no paró en mientes para extenderle el nombramiento? Uno supone que cuenta con un equipo de consejeros jurídicos que después de revisar concienzudamente el asunto dieron su visto bueno para que se siguiera adelante. No se entiende que las cosas se pudieran hacer a trompa y talega, es un asunto muy serio que le puede atraer al presidente carretadas de críticas además de las consecuencias políticas y legales. ¿O se trata simplemente de querer ver moros con tranchete? Las reacciones que hasta ahora ha habido quizá, al parecer, es posible que tengan su raíz en lo que está sucediendo en la península ibérica donde una joven mujer fue atacada por un hombre, sin motivo ni razón, en un furgón de ferrocarril y un hombre que deambulaba con su familia en la noche, por las calles de Madrid, fue agredido a golpes por un grupo de muchachos que utilizaron frases admonitorias, con una evidente carga de odio racial. Ambos, inmigrantes de países de América del Sur.
Quizá habría quienes se preocuparían por el aspecto legal de una selección. La idea de tener a un alienígena sentado en la silla presidencial, como que da rasquiña, si eso fuera cierto. Hay muchos mexicanos por nacimiento que legalmente pueden acceder a tan honrosa distinción, sin que eso sea chauvinismo, si no una aplicación estricta de lo ordenado en la Ley fundamental. No es el caso y sin embargo, el asunto es que, al parecer, se ha destapado la caja de Pandora, cuando hay quienes opinan que el actual secretario de Gobernación, nombrado hace unos días, no cumple con el requisito de ser mexicano por nacimiento, lo que algunos consideran como muy grave, pues los secretarios del despacho encargados del ramo a que el asunto llegue a corresponder, por Ley, deberán firmar, asumiendo la responsabilidad que de ello pueda derivarse, uniendo su firma a la de éste, al pie de cada documento. Agregando que sin el cumplimiento cabal de este requisito no serán obedecidos. A ese acto se le da el nombre de refrendo. Si resulta que un secretario de Estado no es mexicano por nacimiento y, no obstante estampa su rúbrica, los abogados que tramiten amparos, señalando como acto reclamado uno de tales Reglamentos, Decretos y Órdenes, se darán vuelo aduciendo la falta de competencia de origen. Sin embargo, dejemos a un lado las cábalas, de acuerdo con el propio dicho de él, el que su progenitora sea mexicana lo legitima en el cargo.
