Las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, publicadas por la Secretaría de Hacienda el viernes 28 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, dejan en las entidades federativas la mayor parte del control y de la responsabilidad de la aplicación de los recursos federales para proyectos urbanos regionales. En contraste, según lo establecido en el propio documento, la participación de los municipios en la toma de decisiones es limitada y su función, meramente propositiva.
A parte de que lo anterior no deja de causar extrañeza, toda vez que serán los municipios y no los estados los principales beneficiados por los proyectos que se autoricen, resulta sumamente interesante el reto que plantean las Reglas de Operación, tanto para las autoridades estatales cuanto para las locales: sencillamente, ambos niveles de gobierno están obligados a ponerse de acuerdo para sacar adelante planes y obras que, lejos de cualquier consideración partidista o territorial, impulsen “la competitividad económica y las capacidades productivas; la viabilidad y disminución de la vulnerabilidad o riesgos de fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica; la consolidación urbana; y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas”, tal y como se establece en el apartado sobre el objetivo del Fondo Metropolitano del documento referido.
Dos son los órganos fundamentales en el proceso de decisión de las obras a realizar con el dinero que la Federación ha puesto a disposición de los estados: el primero es el Consejo de Desarrollo Metropolitano, y el segundo, el Comité Técnico del fideicomiso. Respecto al primero, si bien las Reglas de Operación establecen en un párrafo que deberá ser constituido por las entidades federativas y los municipios en las que se delimita cada zona, más abajo especifica únicamente las dependencias estatales y federales que deben pertenecer a él; de los municipios sólo menciona que “participarán en las sesiones del Consejo (…) postulando estudios, planes, evaluaciones (…), presentando iniciativas y propuestas en el marco del objeto y fines del Fondo (…), cuando se traten asuntos de su jurisdicción, competencia e interés, así como para conocer de los avances (…) de los programas y proyectos ejecutados en el ámbito de su jurisdicción y competencia”.
En términos prácticos, la facultad de los municipios se agota en el párrafo anterior, es decir, en la posibilidad de proponer, lo cual ciertamente no es poca cosa, pero excluye a las autoridades locales de todo el proceso posterior de toma de decisiones. Una vez que los municipios postulan sus proyectos, el Consejo determina cuáles son viables y acordes a los objetivos del Fondo, para luego, a través de un secretario, presentarlos ante el Comité Técnico del fideicomiso, en donde se autorizarán los recursos para cada obra o programa. En las sesiones de dicho organismo, “participarán los municipios (…), por invitación del Comité Técnico, cuando los programas y proyectos que se presenten a la consideración del Comité (…), estén vinculados con su competencia y jurisdicción, quienes participarán con voz, pero sin voto”. Es decir, los ayuntamientos podrán opinar, sugerir y cuestionar, mas no aprobar o rechazar.
Más allá de las ambigüedades, el esquema establecido por la Secretaría de Hacienda plantea el gran reto de la coordinación, primero entre los municipios de la Zona Metropolitana, quienes deben presentar los proyectos debidamente estudiados y consensuados, y luego entre los distintos niveles de Gobierno, para que las propuestas puedan avanzar y ejecutarse debidamente en tiempo y forma.
En el caso de La Laguna, la Zona Metropolitana está conformada por Torreón y Matamoros, por el lado de Coahuila, y por Gómez Palacio y Lerdo, por el lado de Durango. Aunque los alcaldes de los cuatro municipios han mostrado interés en la consolidación del área conurbada, lo cierto es que todavía no hay acuerdo en cuanto a las obras a realizar con los 250 millones de pesos que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión autorizó para la región. Faltan estudios, opiniones de expertos y consenso ciudadano. Por otra parte, la relación de los municipios con sus respectivos gobiernos estatales, parece estar salvada en los casos de Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros, no así en el de Torreón, cuyo ayuntamiento ha sostenido serias disputas con el Poder Ejecutivo de Coahuila por diversos temas.
En este sentido, la Zona Metropolitana de La Laguna, representa un gran reto para las partes involucradas, pero también una enorme oportunidad para demostrar que, pese a las diferencias partidistas, límites territoriales y rivalidades de cualquier tipo, se pueden alcanzar acuerdos y superar visiones parciales para ver al fin por el beneficio de la región y de todos sus habitantes.
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