Hace exactamente una semana los líderes senatoriales de los tres partidos con mayor representación emitieron una mala señal respecto de su obligación de trabajar en una nueva legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Manlio Fabio Beltrones. Santiago Creel y Carlos Navarrete rehusaron encarar al público asistente al seminario Democracia y medios electrónicos. Tensiones y alternativas.
Los tres habían aceptado participar en la mesa redonda vespertina de esa reunión, a que convocó el Colegio de México por conducto de su presidente Javier Garciadiego y en que actuaron como eficaces anfitriones sus muy conocidos miembros Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo. Se anunció profusamente su presencia, con que culminarían los debates sostenidos en la mañana del jueves 7 por expertos e interesados en el tema, ante un numerosísimo público.
Acaso al tener noticia de la multitudinaria asistencia los legisladores, cada uno por su lado aunque con previsible acuerdo, avisaron que no acudirían, y el seminario quedó a la mitad, desairado su auditorio por los dirigentes del Senado a quienes importaba escuchar en un tema crucial cuyo abordamiento legislativo está en sus manos.
En Xicoténcatl, en efecto, está abierto el proceso del que resulten nuevas normas para regular los medios electrónicos y las telecomunicaciones. El 7 de junio del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad sobre las leyes de esas materias, y al dejar sin vigencia algunos de sus principales preceptos (precisamente por hallarlos contrarios a la Constitución) generó la necesidad de rehacer la legislación respectiva. En esa coyuntura, algunos miembros del Senado estimaron posible ir más allá, y retomar la muy enriquecida discusión pública acerca de esos temas a fin de emitir todo un conjunto de nuevas normas al respecto, que considere la naturaleza, funciones y ubicación del órgano regulador, estipule el alcance de las autorizaciones gubernamentales en el ámbito de la radiodifusión y las telecomunicaciones y que también establezca el estatuto de los medios no lucrativos (públicos, comunitarios, de los pueblos originarios, de la sociedad civil en general).
Con ese propósito, y para evitar el riesgo de la rutina en el trabajo de comisiones, en julio de 2007 se creó un Grupo plural para preparar esa nueva normatividad. A pesar de que los temas involucrados se han discutido con amplitud, se juzgó necesario abrir una nueva consulta para escuchar todos los pareceres, ejercicio indispensable en asuntos en que las posiciones se han polarizado. Esa consulta debe concluir al final de este mes, y a partir de entonces los presidentes de las tres comisiones más directamente involucradas están comprometidos a presentar una iniciativa que recoja, sintetice y ensamble los criterios expresados en la consulta así como todos los insumos de que puedan echar mano para que su proyecto responda a las expectativas de un vasto sector de la sociedad. Ellos son Ángel Heladio Aguirre, el priista guerrerense que encabeza la comisión de Comunicaciones y Transportes, Carlos Sotelo, perredista colimense que preside la de Radio y Televisión, y el panista potosino Alejandro Zapata Perogordo, cabeza de la de Estudios Legislativos.
Después del enfrentamiento entre el Senado y los concesionarios de radio y de televisión, que no impidió aprobar una reforma constitucional sobre elecciones con un trascendental capítulo sobre medios electrónicos, los trabajos del Grupo plural se han caracterizado por su ambigüedad, como si chocaran en su interior la tendencia a hacer que culmine el acotamiento de los poderes fácticos y la que, con ánimo timorato prefiere dejar la nueva legislación para después, para no alebrestar más a los intereses creados. Así, en un sentido positivo se nombró secretario técnico del grupo a Julio di Bella, que en el canal Once no sólo llevó adelante un eficaz trabajo de dirección sino que lo gestionó como un medio público no obstante su adscripción burocrática. Y en sentido negativo se percibe una abulia preocupante en los miembros del grupo plural. Tómese como ejemplo de esa flojera lo ocurrido en noviembre pasado cuando la Amedi (Asociación Mexicana por el Derecho a la Información) acudió a esa instancia a presentar su propuesta.
Fue una reunión desangelada y desairada, no obstante que los miembros del Grupo plural reconocerían que el trabajo formulado por la Amedi constituye la propuesta más completa y hacedera de cuantas han conocido o podrían formularse. Los legisladores priistas de plano desdeñaron a los ponentes y no estuvieron presentes. Los panistas se cansaron pronto de oír lo que la Amedi tenía que decir –no obstante que es correligionario suyo el presidente de esa asociación, Javier Corral. Y de los dos perredistas presentes, únicos que atendieron a sus visitantes todo el tiempo, uno de ellos, Pablo Gómez, pareció desalentarlos esbozando las dificultades de este nuevo capítulo de las tensiones entre institucionalidad legislativa y factores de poder renuentes a ser ceñidos.
Los miembros de la Amedi –representativos de una amplia pluralidad— están conscientes de que su propuesta, si bien surgida de la vasta experiencia de sus integrantes, es sólo uno de los ingredientes con que debe amasarse la nueva legislación. Pero están alerta para estimular los trabajos senatoriales, y también para señalar los obstáculos que los estorben y pretendan impedir la reforma.
