Instituciones rebasadas
El pasado día 12 presentamos, en las instalaciones de El Siglo de Torreón, la novela Partitura para Mujer Muerta. Agradezco y celebro que la presentación se haya realizado en ese espacio, así como agradezco la participación de Ramón Shade, Javier Garza y Saúl Rosales, tres maestros en sus respectivas áreas. Es una muestra más de que la sociedad le está ganando la partida a quienes reciben un jugoso sueldo por hacerse cargo de estos asuntos al frente de la Cultura Municipal.
No es ese el único renglón en el que las autoridades han sido rebasadas. La seguridad pública es, quizá, el área en donde los pendientes se acumulan más. Bastan un par de datos para darse cuenta en manos de quién está nuestra seguridad.
Hablar de policía en México es hablar de una complicada red de fuerzas federales, estatales y municipales. Es hablar de un tema cuya primera dificultad estriba en saber cuántas organizaciones policíacas hay en el país, pues ni siquiera este dato se conoce con certeza. Los cálculos van de 1,661 hasta 3,000. Y si bien es cierto que una parte importante de éstas no tiene atribuciones para combatir frontalmente el narcotráfico, todas pueden cooperar con éste. Así, cualquier policía es susceptible de corrupción.
En el libro blanco difundido por la PGR a fines de 2006 que se encarga de la rendición de cuentas del sexenio de Vicente Fox (2000-2006) se reconoce el desprestigio que caracteriza a los policías en México. Cito textualmente: “Sin herramientas reales para combatir el crimen, con una lógica operacional que aceptaba la corrupción como subsidio, el divorcio autoridad-sociedad fue la respuesta (…) Con una imagen deteriorada, bajos sueldos, nulas prestaciones y socialmente repudiada, en general, las diversas corporaciones se convirtieron en bolsas de trabajo para aquellas personas que no encontraban empleo. Estos agentes con poco compromiso, bajo perfil, escasa preparación y que en ocasiones se cambiaban de bando, no constituían un freno real para la delincuencia que fue ganando terreno”.
El documento admite que los bajos sueldos y la falta de prestaciones atractivas en las instituciones policiales propician la corrupción y el delito: “Las motivaciones de ingreso y continuidad en la institución tenían que ver más con aspectos delictivos para el beneficio personal y de las organizaciones criminales que buscaban el reclutamiento o infiltración de delincuentes en la corporación”.
El texto, que incluye además una evaluación de los primeros cinco años de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), presenta a este grupo como una alternativa a las instituciones donde se ha filtrado la corrupción. Así, se proyecta a la AFI como una agencia “integrada con un nuevo perfil de policías investigadores, profesionistas, especializados, con capacitación permanente, ubicados en todo el país a través de las 32 Jefaturas Regionales de la institución. Todo esto con un claro objetivo: contar con una policía científica investigadora, que le apuesta más al trabajo de inteligencia que a la fuerza reactiva”.
Sin embargo, hay razones para pensar que el escenario no ha cambiado tanto: el mismo libro blanco -que sirvió de marco de referencia para el inicio de la gestión de Felipe Calderón- establece que en el período 2000-2006 los órganos de control interno de la procuraduría iniciaron 2,409 averiguaciones previas en las que se encuentran involucrados 3,516 servidores públicos por la probable comisión de delitos. La mayor parte de éstos se refieren a actos contra la administración de la justicia, cohecho, abuso de autoridad, extorsión, privación ilegal de la libertad y falsedad en declaraciones. Con 710 averiguaciones previas, el personal de la AFI tiene el segundo lugar en ilícitos sólo después de los agentes del Ministerio Público Federal, con 1,147 procesos. Descanse usted tranquilo. La policía vigila.
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